La Fiscalía informó que ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia la formulación de cargos contra la asambleísta de Alianza PAIS, Karina Arteaga; y contra la exlegisladora Nivea Vélez.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General indicó que “las dos ciudadanas habrían exigido y ordenado a sus subalternos -durante su gestión como asambleístas- el pago de contribuciones económicas de sus remuneraciones mensuales”.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena que para que los asambleístas sean procesados penalmente se requiere una autorización previa del Pleno.
Estos serían el tercero y cuarto casos de supuestos ‘diezmos’ en la Asamblea que llegan a la Corte. Antes fue sentenciada María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo espera por su juicio. Ambas son oficialistas.
Karina Arteaga
Karina Arteaga fue elegida asambleísta para el período 2017-2021, por Alianza PAIS – Unidad Primero.
Actualmente es la presidenta de la Comisión de los Trabajadores e integra la Comisión de Fiscalización. Dos excolaboradoras del despacho legislativo de Arteaga la denunciaron por supuesto cobro de ‘diezmos’.
Verónica Pinoargote asegura que cuenta con comprobantes de depósitos de USD 400 y grabaciones con supuestas amenazas exigiendo los pagos. Andrea Utreras también la acusa de cobrarle USD 400 para financiar a AP.
En la Asamblea, luego del receso legislativo que concluye el miércoles 11 de marzo, se conformará una comisión multipartidista para investigar a Arteaga, que podría ser destituida.
Nivea Vélez
Nivea Vélez es una política lojana. Tiene un amplio recorrido en la función pública.
Según los registros de la Contraloría General del Estado fue concejala en el Municipio de Loja, asambleísta por su provincia (2009-2013), viceprefecta de Loja (2014-2019).
La acusación se refiere a su etapa como legisladora. Fue electa por el Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional e integró la Comisión de los Trabajadores.
En este caso, la denuncia proviene de Vicente Ogoño, quien fue asesor 1 en el despacho de Vélez entre 2012 y 2013.
Su salario era de USD 3.340 y Vélez supuestamente le exigía USD 1.668 mensualmente. Con este dinero se financiaba el movimiento político Convocatoria, que presidía la entonces asambleísta.
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