El presidente del Legislativo, César Litardo, no da paso a las propuestas de juicios políticos en contra de los dos ministros más importantes del Régimen: Richard Martínez y María Paula Romo.
Si los procesos logran pasar a la Comisión de Fiscalización, los ministros podrían tener problemas porque el oficialismo ya no controla esa mesa.
La Asamblea Nacional es en este momento un terreno hostil para el Ejecutivo. Con un bloque oficialista roto y que acumula pérdidas, al Gobierno tendrá muy poco espacio de maniobra en los 10 meses que le quedan.
Pero aún así, lo que queda del oficialismo ha logrado al menos que la oposición no logre dañar a sus dos principales ministros.
Richard Martínez, ministro de Finanzas, acumula al menos cinco pedidos de juicio político, de iniciativa de múltiples bancadas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, tiene una solicitud, impulsada por los independientes y el correísmo.
Pero aunque llevan meses en trámite, no logran dar ni siquiera el primer paso. El presidente de la Asamblea, César Litardo, tiene que ponerlos en la agenda del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Allí, la revisión es solo de los requisitos, para derivar los procesos a la Comisión de Fiscalización. Pero Litardo no lo hace.
Por esa razón el legislador Juan Cristóbal Lloret (RC) incluso ha propuesto en tres ocasiones cambios del orden del día para que la Asamblea inste a Litardo a dar trámite a los pedidos contra Martínez.
En las tres ocasiones, la mayoría de asambleístas ha aprobado hacer esa resolución, pero el tema nunca llega a toparse en la agenda del Pleno.
“Es evidente que hay un manejo discrecional del Presidente de la Asamblea, seducido o sometido por el poder. No hay intención de fiscalizar”, asegura Lloret.
El problema de que pasen los juicios a la Comisión de Fiscalización es que el Gobierno perdió su mayoría ahí. En ese escenario, es difícil garantizar que Martínez y Romo no sean llevados ante el Pleno.
Fiscalización: una comisión sin mayorías
La Comisión de Fiscalización, que se encarga de tramitar los juicios políticos, era el terreno de acción de Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Ambos eran parte de esta mesa, y ahora son investigados por su presunta vinculación en la corrupción en el Hospital de Pedernales.
Con esto, sus alternas fueron principalizadas. Pinuccia Colamarco reemplazó a Mendoza, y sus votos están alineados más bien a la oposición. Flérida Mendoza entró en vez de Azuero; ella actúa como independiente.
A esto se suma la renuncia de Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión, Karina Arteaga y Fausto Terán a Alianza PAIS.
Arteaga es una de las legisladoras investigadas por el caso diezmos, y también está señalada en el supuesto “reparto” de los hospitales en Manabí.
Todo esto dejó a Alianza PAIS con apenas dos puestos en la Comisión, de 13 miembros.
Deslice la barra hacia los lados para ver todos los miembros.
Una reestructuración pendiente
Los asambleístas Fernando Flores (Creo) y Fabricio Villamar han solicitado también ante el Pleno de la Asamblea la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, por los escándalos que rodean a sus miembros.
Al igual que con la propuesta de Lloret, los temas se aprobaron por la mayoría en la Asamblea, pero no llegan a tratarse. La sesión del 4 de agosto de 2020 fue suspendida sin llegar al tema, y ahora está de nuevo en agenda para el 6 de agosto.
La propuesta de Flores es que la Comisión esté integrada equitativamente por las bancadas de la Asamblea:
- Dos legisladores de Alianza PAIS.
- Dos de Creo.
- Dos de Revolución Ciudadana.
- Dos del Partido Social Cristiano.
- Uno del BADI
- Uno del BIN
- Un representante de los independientes.
Otro pendiente: el informe sobre Mendoza
Litardo tampoco ha puesto en agenda del Pleno de la Asamblea el informe de la comisión multipartidista que investigó a Daniel Mendoza y que recomienda su destitución más allá de que presentó su renuncia.
Esa comisión fue presidida por el oficialista Xavier Casanova, y emitió un informe en el que recomienda a la Asamblea colocar una placa que recuerde la destitución de Mendoza.
Esa mesa legislativa tenía apenas 10 días para su investigación. Pero entregó el informe el 2 de julio y, más de un mes después, Litardo aún no pone el tema para debate en el Pleno.
El CAL aprobó este 3 de agosto una comisión similar que investigará la actuaciones de Eliseo Azuero, para también evaluar su destitución. El Pleno deberá conformarla en los próximos días.
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