El desprestigio que arrastra la Asamblea Nacional desde hace varios años se refleja también en la calificación que reciben las bancadas legislativas.
La Asamblea Nacional acaba de cumplir ocho meses en funciones y apenas el 25% de la ciudadanía califica como positiva su gestión. Y, como era previsible, esa percepción se extiende a sus integrantes.
Como PRIMICIAS contó en diciembre, desde mayo de 2021, el día a día del Legislativo estuvo marcado por las polémicas en el interior de las bancadas, que han tenido pérdidas y adiciones a lo largo de estos meses. A eso se suma una pobre producción en el trámite y la redacción de leyes.
En enero, la firma Click Research hizo 760 encuestas en Quito y Guayaquil para medir la percepción ciudadana sobre diferentes temas. Las entrevistas fueron ‘cara a cara’ con personas mayores de 18 años. El margen de error fue de +/- 3%.
En esa encuesta, las bancadas legislativas así como el grupo de asambleístas independientes alcanzaron una calificación por debajo del 30%.
El mejor evaluado es el bloque oficialista Creo: el 26,39% de los encuestados dijo que su gestión es buena. Y, le va mejor en Guayaquil y entre las personas que tienen más de 51 años.
En la Asamblea Creo encabeza la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y fue la única que, en los primeros siete meses, no perdió a ninguno de sus integrantes. Por el contrario, este grupo acogió a los disidentes de otras bancadas.
En cambio, el grupo de los independientes -que no actúan como un bloque- fue el peor evaluado. Solo el 17,64% considera su gestión como buena.
Entre las bancadas reconocidas oficialmente, el correísmo es el peor evaluado.
Aunque tienen el bloque más numeroso, apenas el 17,78% califica su gestión como positiva. Los legisladores correístas fueron fuertemente criticados en 2021, incluso por sus propios militantes, cuando se abstuvieron en la votación para el archivo de la reforma tributaria promovida por el Ejecutivo.
A cuatro entidades tampoco les va bien
La Asamblea no es la única con una mala calificación ciudadana. Entre los encuestados por la firma Click, tampoco obtuvieron una buena evaluación el Consejo de Participación, cuya existencia misma es cuestionada.
El COE Nacional, que tiene en sus manos la gestión de las medidas de restricción por la pandemia de Covid-19, y la Policía Nacional, sacudida en los últimos meses por los escándalos de los ascensos así como la presunta existencia de ‘narco generales’ en sus filas.
En el otro extremo están el presidente de la República, Guillermo Lasso, y las Fuerzas Armadas. Entre los encuestados, más del 50% coinciden en calificar como “buena” su gestión.
Los ecuatorianos destacan como positiva la ejecución del Plan de Vacunación contra el Covid-19. Hasta el 20 de enero de 2022, un poco más de 13,1 millones de personas ya cuentan con el esquema completo de vacunas, lo que representa el 81,87% de la población.
Otras decisiones del Ejecutivo que han sido bien recibidas fueron el alza de USD 25 en el salario básico unificado; la eliminación de aranceles, y la reducción de las tasas de interés así como del impuesto a la salida de divisas (ISD).
Pero, no todo es positivo en la gestión de Lasso. Una buena parte de los encuestados cuestiona que el Gobierno no ha generado empleo, no ha logrado controlar la inseguridad ni la violencia en las cárceles. También sigue generando rechazo el incremento de los precios de los combustibles.
Y, después de ocho meses en el poder, solo el 50% de los encuestados cree que Lasso podrá cumplir sus propuestas de campaña. Las ofertas que más expectativa generan son:
- Atraer inversión extranjera al país.
- Lograr acuerdos comerciales con otros países.
- Salud gratuita y de calidad.
- Mejorar el acceso a las universidades.
- Bajar las tasas de interés.
Poca confianza en el sector justicia
La percepción es casi la misma entre los encuestados de Quito y Guayaquil. La población tiene una mala imagen de las entidades del sector justicia, de la Fiscalía, así como de la Contraloría General, como entidad de control.
Este no es el mejor momento para estas instituciones. Además de la baja calificación que obtienen por la percepción ciudadana, el presidente Lasso puso en debate la posibilidad de llamar a una consulta popular para “reestructurar el sistema de justicia en el país”.
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