El cálculo de plazos no es una fortaleza en la gestión del Ejecutivo

No es la primera vez que sucede. Los reajustes en los plazos y decisiones del Ejecutivo son la tónica de su gestión. El último se materializó con el decreto 1129 que reformó el decreto 1063 sobre la supresión del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

El 19 de mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno ordenó la supresión del Secob. En 90 días la entidad debía extinguirse y sus competencias y atribuciones tenían que pasar al Ministerio de Transporte (MTOP). Pero no sucedió.

El plazo venció el lunes 17 de agosto, por lo que Moreno se vio obligado a firmar el nuevo Decreto para extender el tiempo de supresión por otros 15 días (hasta el 1 de septiembre), en los que esperan que efectivamente se culmine el proceso.

El mismo MTOP debía también asumir las competencias del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).

Así lo decidió Moreno el mismo 19 de mayo, cuando ordenó también la extinción de siete empresas públicas. Pero tampoco sucedió.

Dos meses después, el 27 de julio, el Jefe de Estado cambió de decisión. Reformó el Decreto de creación de Inmobiliar y derogó el que ordenaba su supresión. Ahora la entidad ya no es un Servicio Nacional sino una Secretaría adscrita a la Presidencia.

Los plazos quedan cortos

En julio el Ejecutivo tuvo que duplicar el plazo de 60 a 120 días para la extinción de:

• Ferrocarriles del Ecuador.
• Siembra (antigua Yachay E.P.).
• Medios Públicos de Comunicación del Ecuador.
• Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR).
• Ecuador Estratégico.
• Correos del Ecuador.
• TAME EP.
• Unidad Nacional de Almacenamiento.

Y este mes, tuvo que reacomodar los plazos para la liquidación de cuatro de esas empresas públicas. Con el Decreto 1123 el presidente Moreno tuvo que reajustar los procesos de:

• Los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento.
• Ferrocarriles del Ecuador.
• Ecuador Estratégico.

Todas obtuvieron un mes extra para empezar a buscar liquidadores, así como para solucionar la continuidad de determinados programas a su cargo, como Juego Limpio 2030, que se detalló solo en ese último decreto.

Para Correos del Ecuador, la cuarta empresa en requerir más tiempo, el plazo se extendió mucho más, hasta el 6 de noviembre.

Los plazos para la supresión de la Agencia de Regulación y Control Postal y de las secretarías técnicas de Juventudes y de Límites Internos, y para la fusión de los institutos Oceanográfico y Antártico también fueron insuficientes.

En junio, Moreno se vio obligado a duplicarlos en los cuatro casos de 30 a 60 días.

Lo mismo sucedió con la transferencia de las competencias desde la Secretaría de Derechos Humanos al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Los 60 días decretados en noviembre de 2018 fueron insuficientes y en enero de 2019 se otorgaron 30 más.

Los cambios de opinión

Un caso particular es el de la fusión del Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua, no una sino dos veces. En octubre de 2018, el Ejecutivo ordenó su fusión y dio un plazo de 90 días para lograrlo.

En diciembre de ese año tuvo que extenderlo a 180 días. Sin embargo, en marzo de 2019 decidió que ya no seguía más la fusión y ordenó parar el proceso, con el Decreto 709.

Aunque un año después, en marzo de 2020, decidió volver a intentarlo y decretó menos días que la primera vez para lograrlo: 60. Por lo que en mayo tuvo que ampliar el plazo por 30 días más.

Estos cambios de parecer no solo pasaron con Inmobiliar y la Secretaría del Agua.

Otro ejemplo reciente es la reducción del salario de las máximas autoridades al 50% por un año. El 8 de mayo el Presidente ordenó la reducción con el Decreto 1041. Tres meses después con el decreto 1118, decidió restaurar el salario completo a los viceministros.

Y pasa con cosas simples también, como la suspensión de la jornada laboral por el Día del Trabajo en 2019. El 25 de abril, el Ejecutivo decretó media jornada libre y cuatro días después decidió que era mejor el día entero.