Dos expertos cuestionan el alcance y los efectos del estado de excepción

A un mes de vigencia de la declaratoria de estado de excepción (ver adjunto) para los centros de rehabilitación penitenciaria, los últimos hechos violentos -con un total de tres muertos- sucedidos a semana seguida en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil generan reparos sobre la aplicación de la medida.

Lautaro Ojeda, experto en seguridad ciudadana y Beatriz Villareal, directora administrativa de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) exponen sus puntos de vista en torno a los problemas más sensibles que sufre el sistema de rehabilitación social ecuatoriano:

“La cárcel es vista como un depósito de desechos humanos”

Lautaro Ojeda
Experto en seguridad ciudadana

El Estado de Excepción, reforzado con el Decreto 754 que fijó los parámetros de intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas, no resuelve la conflictividad carcelaria.

Decreto 754

Esta salida del gobierno de Lenín Moreno no pasa de ser una acción desesperada ante una olla de presión destapada, lo que lleva a pensar que la situación se mantendrá. Puede ser que de momento los violentos dejen de matarse con pistolas, pero sí lo harán con cuchillos y luego con palos.

Las dificultades vienen de antes. El fenómeno actual surge de un acumulado de problemas que ningún gobierno pasado se atrevió a enfrentar, porque las cárceles han sido vistas como un asunto marginal, como depósitos de desechos humanos y no como verdaderos centros de rehabilitación y reinserción social.

En ello mucho tiene que ver la percepción ciudadana que exige castigos -cada vez más fuertes- para sancionar los distintos delitos, lo cual derivó en una suerte de populismo penal, es decir la creencia de que mientras mayor es la pena que se aplica a un delincuente la sociedad estará más protegida.

Como resultado, al poco tiempo de estar vigente el Código Integral Penal (10 de agosto de 2014) se ha duplicado la población carcelaria.

Actualmente existen 40.006 personas privadas de libertad en las distintas prisiones, según cifras del Viceministerio del Interior.

El país se encuentra en medio de un problema estructural de ahí que el enfoque debe ser integral. En ese marco, el estado de excepción apenas es el primer eslabón de lo que debiera ser una respuesta global.

Se debería crear un fondo de inversión que permita realizar un diagnóstico profundo de la problemática desde el ámbito conceptual, como punto de partida de las posibles soluciones.

Aquello supone asumir plenamente que los privados de libertad son seres humanos, que el Estado debe tratarlos como tales y que tienen derecho a rehabilitarse. Esto pasa por generar oportunidades de trabajo, recreación, lectura, educación.

El Estado de Excepción apenas es el primer eslabón de lo que debiera ser una respuesta global.

Entre los orígenes del fenómeno están la pobreza, el desempleo, la drogadicción, entre otras. Una vez ubicadas las causas, el Estado sabrá cómo planificar para atacarlas.

“El estado de excepción no resuelve la conflictividad en las cárceles”

Beatriz Villarreal
Directora administrativa de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)

El estado de excepción no resuelve la conflictividad en las cárceles, porque se enfoca en una sola arista del problema: seguridad, cuando este debe ser atendido de manera integral.

Los malos tratos en las cárceles, la tortura, la pésima comida, el ultraje a las visitas son hechos execrables que siempre han pasado, pero con el actual modelo no solo que los líos se agudizaron sino que ahora gobiernan las mafias.

Hemos realizado un acompañamiento de 10 años dentro de las cárceles, cuando estaba vigente el modelo anterior (hoy rige el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Antes los reos tenían la posibilidad de plantear alternativas de solución a los problemas, incluso sobre aspectos que debería incluir una política de rehabilitación, a través de los comités de presos.

Con el nuevo modelo se cerraron todas las puertas al ingreso de las organizaciones de derechos humanos, con el argumento de que esa cuestión entraba en el campo de acción del Ministerio de Justicia, hoy Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Con la actual justicia penal se incrementaron los recursos y se construyeron grandes centros penitenciarios. Al mismo tiempo aumentaron los delitos y las penas.

En lo esencial se criminalizó la pobreza. ¿Consecuencia? Hoy por hoy la rehabilitación es un objetivo inalcanzable.

En un comparativo entre “antes” y “después”, se puede decir que los presos ocupaban su tiempo en varias actividades, por ejemplo, la cocina. Así ganaban algunos centavos y más importante aún: tenían alguna ocupación.

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