Fiscalía informó que el tío político de Esteban Celi fue extraditado de República Dominicana, luego de su arresto en mayo de 2022. El detenido cumplirá prisión preventiva en la cárcel de El Inca, en Quito.
Tras cuatro meses de gestiones, Pedro Saona, tío político de Esteban Celi, y procesado por los casos Las Torres y China CAMC, arribó a Quito la madrugada del 30 de septiembre de 2022, tras ser extraditado de República Dominicana.
Según informó Fiscalía, luego de cumplir con el examen médico-legal y el registro, Saona fue trasladado a la cárcel de El Inca, para cumplir la prisión preventiva que pesa en su contra.
Saona es procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres y por cohecho en el caso China CAMC.
El juez del primer caso dictó prisión preventiva para Saona, mientras que por el caso China CAMC, el magistrado le sustituyó dicha medida por prohibición de ausentarse del país, arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
"Este proceso de extradición se cumplió con base en los mecanismos estipulados en la Ley, gracias a la cooperación internacional con República Dominicana y Panamá, y a la articulación entre la Corte Nacional de Justicia, Cancillería, Policía y Fiscalía", señaló esta última.
El procesado fue arrestado en mayo de 2022, en República Dominicana. Es uno de los 13 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres.
Su juzgamiento no se había iniciado, ya que permanecía prófugo desde que se emitió la orden de prisión preventiva en su contra.
El rol de Saona
Las investigaciones de la Fiscalía identifican a Saona como tío político de Esteban Celi.
Celi le ofreció ser el representante y gerente de la empresa Legalcont Consultores Legalcomec, constituida en enero de 2019.
En febrero de ese año, Esteban Celi le pidió a Saona que constituyera la misma empresa en Estados Unidos: Legalcont LLC y que abriera una cuenta en Wells Fargo Bank, en ese mismo país.
Legalcont de Estados Unidos firmó un contrato con la empresa China CAMC Engineering, el 22 de febrero. El objetivo de ese contrato era brindar asesoría y estrategias legales para que la empresa asiática se defendiera ante la Contraloría, para disminuir una glosa de USD 22,6 millones.
Dos meses después, Contraloría desvaneció la glosa y China CAMC pagó USD 1,3 millones a Legalcont a través de la cuenta del Wells Fargo.
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