De los 137 procesos presentados a la Fiscalía en 2010, por graves violaciones a DDHH en Ecuador, solo se han judicializado 12 casos y apenas cuatro tienen sentencia: una de ellas, extrañamente, absuelve a los acusados.
Por casi dos años la Comisión de la Verdad investigó las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas de 1984 a 2008, es decir, desde el gobierno de León Febres Cordero hasta parte del de Rafael Correa.
El informe entregado en 2010 develó una estructura estatal para torturar y matar, sintetiza Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Sin embargo, una década después, el saldo es negativo: de los 137 procesos presentados a la Fiscalía General en septiembre de 2010 se han judicializado solamente 12.
Y de estos 12 casos, apenas cuatro tienen sentencias, que tampoco se cumplen a cabalidad: las víctimas o sus familiares no han sido indemnizadas, como lo establece la Ley de Reparación de las Víctimas, aprobada en 2013 por la Asamblea.
Es decir, el 97% de los casos entregados por la Comisión de la Verdad no tiene sentencia. Lo más grave es que solo se ha judicializado el 8%. En otras palabras, un 92% de las investigaciones no está, todavía, en manos de la justicia.
Sorprende que una de las sentencias es absolutoria, es decir, libera de culpa a los acusados. Se trata del proceso por la muerte del joven Benito Bonilla. Él tenía 26 años cuando recibió un impacto de bala en su espalda -disparado por un Policía-, la madrugada del 23 de septiembre de 2006. Ocurrió en la plaza central de la parroquia Daniel Córdova, del cantón Gualaceo, Azuay.
Allí se desarrollaba un concierto, al cual Benito Bonilla llegó con su familia. Los tres policías que custodiaban el área comenzaron a disparar al aire. La Fiscalía, además de las pruebas, presentó varios recursos para evitar la liberación de los acusados. Pero la casación ratificó la sentencia absolutoria.
Conseguir una Comisión de la Verdad -como lo han hecho varios países del continente- fue un desafío para Ecuador. Un proceso con altas expectativas, aunque de pobres concreciones (ver línea de tiempo). Una retahíla de promesas incumplidas, según los organismos de derechos humanos.
Tortura y muerte
Billy Navarrete explica que desde 1984 el Estado creó una estructura criminal, bajo el pretexto de controlar la subversión. Él destaca tres grupos de la fuerza pública que han actuado con una violenta crueldad: el Servicio de Investigación Criminal (SIC), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) -ambos de la Policía- y el Grupo de Inteligencia Naval.
Los agentes de este último, por ejemplo, señala la Comisión de la Verdad, torturaron y asesinaron a la profesora Consuelo Benavides en 1985. Los agentes del SIC (que luego mutó en la Policía Judicial) son los más salpicados en el informe, particularmente por un caso icónico: la desaparición y muerte de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, en 1988.
"La tortura fue sistemática", apunta Navarrete. "Hay familiares que llevan buscando justicia 36 años y no la obtienen".
459 víctimas del Estado
El informe de la Comisión de la Verdad precisa los casos de 459 víctimas, en seis tipos de delitos.
Los investigadores identificaron un total de 831 violaciones: contra una misma persona, por ejemplo, se cometieron varios delitos. El 68% de casos ocurrió en el régimen de Febres Cordero:
- 269 víctimas de privación ilegal de la libertad.
- 365 víctimas de torturas.
- 86 de violencia sexual.
- 17 desapariciones forzadas.
- 68 ejecuciones extrajudiciales.
- 26 atentados contra la vida.
Clara Merino, presidenta del Comité Nacional de Víctimas, lee el manifiesto "A 10 años de la Comisión de la Verdad" en la Plaza de la Memoria de Quito, el 8 de junio de 2020 Yuli Gaona
Dolores Briones (i), Dolores Vélez y Dolores Guerra. Sus esposos fueron asesinados en el operativo a la farmacia Fybeca de Guayaquil en noviembre de 2003. El caso ya tiene sentencia, pero el Estado aún no las indemniza. Archivo
"Fiscalía va lento"
¿Por qué la lentitud o desinterés de la justicia por estos casos, muchos de ellos emblemáticos? "No existe voluntad política para judicializar las violaciones de derechos humanos. Las estructuras de las fuerzas de seguridad investigadas mantienen el espíritu de cuerpo con los agentes señalados como perpetradores".
Esa es la respuesta de la Defensoría del Pueblo, que también culpa a la Fiscalía. "Desde su Dirección de Derechos Humanos no emite directrices para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; constantemente los fiscales son cambiados".
En la información enviada a PRIMICIAS, la Defensoría del Pueblo agrega:
- Los fiscales que llevan los casos no son especializados en la investigación de violaciones de derechos humanos.
- La amplia distancia entre la metodología de investigación de un delito común y un delito relacionado con derechos humanos, requiere un salto cuantitativo y cualitativo.
- Faltan directrices para que la investigación fiscal contenga protocolos internacionales de derechos humanos.
- Falta la identificación y reconstrucción de las cadenas de mando policiales y militares involucradas en las violaciones de derechos humanos.
"Trabajamos en una estrategia jurídica para presionar en la judicialización de estos casos y articular el patrocinio y la asesoría en los procesos penales. Pero la Fiscalía tiene el monopolio de la acusación fiscal".
Defensoría del Pueblo
Ni Museo ni Memoria
Con la vigencia de la Ley de Reparación de Víctimas en 2013 se crea un proceso bicéfalo para ayudar a las víctimas, a cargo de dos instancias estatales diferentes: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia (eliminado en el régimen de Lenín Moreno y reducido hoy a una Secretaría de Derechos Humanos).
Pero la Defensoría considera que la Ley no se ha cumplido de manera integral. "Aún quedan varios pendientes: la judicialización de los casos no ha avanzado, pese a la obligación del Estado de investigar y juzgar a los culpables".
"La reparación material se ha visto paralizada por la falta de voluntad política y por la precaria asignación de presupuesto; no se ha concretado la construcción del Museo de la Memoria".
Defensoría del Pueblo
En la Plaza de la Memoria de Quito, el 8 de junio de 2020, protestaron por la lentitud en los casos entregados por la Comisión de la Verdad. Yuli Gaona
Sin verdad, sin justicia
En mayo de 2017, los entonces ministros de Cultura y Patrimonio, Andrés Aráuz, y del Interior, Pedro Solines, suscribieron el convenio de uso de espacio de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáenz, antiguo Regimiento Quito N°2, para la implementación del Museo de la Memoria.
Eso lo exige la Ley de Reparación de Víctimas de 2013 para documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esta fue una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Pero el museo está pendiente. También las investigaciones judiciales. Las indemizaciones y, sobre todo, la reparación integral a cientos de víctimas o sus familiares.
Por ejemplo, del inicialmente llamado caso Fybeca (luego Las Dolores y luego González y otros), no se sabe, 17 años después, el paradero de tres desaparecidos. Uno de ellos es Darwin Cañar, oriundo de Machala. Tenía 30 años, dos hijos y un récord policial limpio.
No aparece desde la masacre en la farmacia Fybeca de 2003. Su madre, Olga Reyes, lo esperó hasta el final, asomada en la ventana de su casa al norte de Machala. Ella murió en 2019, esperando la verdad, esperando justicia.
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