La Corte Nacional de Justicia emitió una resolución para que todos los casos de corrupción y crimen organizado sean enviados a Quito. Los encargados serán los jueces anticorrupción.
Desde diciembre de 2022, en Ecuador funcionan las Unidades Judiciales Especializadas en Corrupción y Crimen Organizado.
Estas dependencias se crearon a través de una reforma al Código de la Función Judicial. Según el texto de esa ley, los jueces anticorrupción trabajan únicamente en Quito y atenderán los casos de todo el país.
Sin embargo, en la práctica, esto no se estaba aplicando, por lo que los casos de corrupción y de crimen organizado, como el narcotráfico y la minería ilegal, se seguían tramitando ante jueces de las ciudades en la que se cometían los presuntos delitos.
Esto, a decir de Juan Zapata, ministro del Interior, estaba entorpeciendo el trabajo investigativo de la Policía y de la Fiscalía porque los jueces de las provincias, por temor o corrupción, no concedían los pedidos para labores investigativas como allanamientos y seguimientos.
Por esta razón, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con base en la facultad que le otorga Constitución, emitió una resolución de carácter general que es de obligatorio cumplimiento en todo el país, ya que tiene fuerza de ley.
La tarde del 13 de junio de 2023, en el edificio de la Corte, se reunieron las autoridades policiales, militares, del Ejecutivo, del Consejo de la Judicatura y los jueces anticorrupción. Iván Saquicela, presidente de la CNJ, expuso el contenido de la resolución.
Resolución con fuerza de ley
En el arranque de la cita, Saquicela explicó que esta reunión y la resolución es parte de los compromisos de la Mesa Interinstitucional, que conforman todas las entidades que integran el sistema penal ecuatoriano.
El funcionario explicó que la resolución aclara que los procesos iniciados con anterioridad al 9 de diciembre de 2022, siguen en trámite con los jueces que avocaron conocimiento inicialmente, sin importar su jurisdicción.
Pero todos los casos posteriores a esa fecha, en cambio, les corresponde a los jueces anticorrupción.
Incluso si alguno de esos procesos está tramitándose en otro territorio, el juez de ese territorio tiene la obligación de inhibirse y pasar el expediente a los magistrados especializados.
Además, explicó Saquicela, si la Fiscalía tiene elementos respecto de una investigación de delitos de corrupción o crimen organizado, al pedir detenciones, allanamientos, autos urgentes u otras diligencias, ya no va deben hacerlos ante los jueces de cualquier ciudad, sino que tendrán que hacerlo a los nuevos jueves radicados en Quito
En el caso de delitos flagrantes cometidos en cualquier parte del país, también, la competencia es de los jueces anticorrupción. Por ejemplo, dijo Saquicela, si hay un delito de corrupción en Guayaquil, Cuenca o Manta, la Policía y la Fiscalía deben llevar el proceso a Quito.
Por esta razón, en su resolución, la Corte plantea a la Judicatura que los jueces anticorrupción tengan que hacer turnos en fines de semana y festivos, al igual que el resto de los jueces penales del país. Para esto -además, se sugiere que se nombren más jueces anticorrupción de primer nivel, del banco de elegibles que quedó del concurso.
Zapata calificó esta resolución como una noticia alentadora, ya que el objetivo de los jueces anticorrupción es dar un soporte a la Policía Nacional. Ofreció capacitar a los equipos investigativos de la entidad uniformada respecto a esta decisión, de inmediato.
Seguridad para los jueces
Solo el inicio de la reunión fue pública. Posteriormente, el debate que iban a tener los participantes se declaró reservado.
Además de Zapata y Saquicela, asistieron Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública; Paco Moncayo, consejero Presidencial en temas de seguridad; Juan Pablo Ortiz, secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Así como los jueces anticorrupción y los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional. Y los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, Fausto Salinas y Nelson Proaño.
Una vez agotado el debate sobre los jueces anticorrupción, la Mesa Interinstitucional también abordará un pedido de los jueces sobre su seguridad personal. Esta parte de la reunión tampoco será pública.
Zapata adelantó que ya han mantenido varias reuniones respecto a esta temática, que ya han arrojado resultados. Por lo que en esta cita se definirían los detalles.
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