A mediados de noviembre de 2022 entrarán en funciones los jueces especializados en corrupción y crimen organizado, la Judicatura prepara un protocolo para protegerlos.
Los nuevos magistrados y sus equipos llegarán en medio de la peor crisis de seguridad en la historia de Ecuador, que ha cobrado la vida de tres fiscales, mientras que los jueces son víctimas de amenazas.
Por el momento, los 36 finalistas dentro del proceso de designación para escoger a los jueces especializados en crimen organizado y corrupción empezarán su curso de formación el 26 de septiembre de 2022.
Se trata de la última fase antes de que las nuevas unidades empiecen a trabajar.
La capacitación de estos jueces especializados durará 52 días, hasta el 17 de noviembre de 2022. Solo los 14 mejores puntuados serán posesionados, trabajarán en Quito, pero con competencia nacional.
Las nuevas unidades judiciales se desprenden de las últimas reformas al Código de la Función Judicial (COFJ).
En estas unidades se juzgarán 44 tipos penales, como corrupción, peculado, cohecho y concusión; así como los delitos del crimen organizado: narcotráfico, testaferrismo y lavado de activos.
El objetivo de esta reforma es garantizar la seguridad de los magistrados a cargo de casos graves, pues podrían ser objeto de amenazas y atentados.
"Escucharemos cada vez menos historias escalofriantes con amenazas de muerte", dijo Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura (CJ) trabajó conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos en el protocolo de seguridad para los nuevos jueces y para los cerca de 40 servidores judiciales que formarán parte de sus equipos de trabajo.
Además, Estados Unidos aportó USD 500.000.
Inicialmente, el CJ había proyectado un edificio independiente para estas unidades. Incluso, en marzo de 2022, las autoridades judiciales recorrieron lo que serían las nuevas oficinas.
Sin embargo, uno de los asesores de la Embajada de Estados Unidos recomendó que los jueces trabajen en el Complejo Judicial del Norte de Quito, en el sector de Iñaquito.
Esto porque en el predio ya se adelantaban trabajos de infraestructura e instalación de equipos tecnológicos para mejorar la seguridad.
Autoridades del Consejo de la Judicatura recorrieron las que serían las nuevas instalaciones de las unidades anticorrupción, el 4 de marzo de 2022. Twitter / @CJudicaturaEc
La seguridad de los jueces y sus equipos en el Complejo es la primera parte del plan. La segunda consiste en los protocolos y la protección de los servidores judiciales en sus actividades particulares.
Los detalles del plan de seguridad y sus protocolos, sin embargo, son confidenciales.
Un oficio peligroso
La instalación de las nuevas judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado coincide con un momento de crisis para Ecuador y para la seguridad de los servidores judiciales.
El 19 de septiembre de 2022, un fiscal fue asesinado en Guayaquil. Mientras que un juez fue víctima de un atentado del que salió ileso, en Sucumbíos.
En los primeros nueve meses de 2022 han sido asesinados tres fiscales, incluyendo el crimen del fiscal Édgar Escobar, el 19 de septiembre, en Guayaquil.
Fausto Murillo, presidente del CJ, enfatizó que si bien los nuevos jueces tendrán seguridad especial, no se descuidará al resto de magistrados.
Y recordó que está vigente un protocolo de seguridad que consiste en la valoración de los riesgos que corre cada juez. Y en función de los resultados, se les otorga seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior.
Desde 2019, 56 jueces han recibido protección. Y 2022 ha sido el año con más magistrados que han solicitado y recibido custodia policial.
Además, habrá cambios en el protocolo. El miércoles 21 de septiembre, a las 09:00, las autoridades de la Judicatura se reunirán con los encargados de la seguridad del Gobierno para plantear los cambios.
Cómo son los finalistas
En el concurso de selección de los nuevos jueces anticorrupción, la Judicatura recibió la postulación de más de 400 abogados.
A la fase final llegaron 36: son 25 hombres y 11 mujeres, quienes siguen luchando por lograr uno de los 14 puestos.
El 86% de los aspirantes ha formado parte de la Función Judicial, como parte de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o de la Defensoría Pública. Hay 15 fiscales y siete jueces en el proceso.
Todos los postulantes tienen títulos de cuarto nivel. Hay 15 de ellos con tres posgrados y 12 más con dos.
Uno de los aspirantes tiene nueve títulos de posgrado, seguido por otro postulante que tiene siete.
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