Los juicios de los casos Sobornos, Singue y Sabatinas serán dirigidos por un conjuez temporal. Esa condición hace que los procesados piensen en solicitar, después, la nulidad de los procesos ante cortes internacionales.
La Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en la que recaen los casos de corrupción, tiene dos jueces temporales.
Esta instancia tiene siete magistrados:
- Marco Rodríguez
- Iván Saquicela
- Daniella Camacho
- David Jacho
- Wilman Terán
- Iván León
- Dilza Muñoz
De esta lista, solo los tres primeros fueron nombrados como jueces a través de un concurso de selección, llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura, conforme lo ordena el Código Orgánico de la Función Judicial.
Jacho y Terán, en cambio, fueron nombrados como conjueces y luego ascendieron a la titularidad en reemplazo de los 23 exjueces y conjueces que fueron destituidos tras no alcanzar el puntaje mínimo en el proceso de evaluación que concluyó en octubre.
Los otros dos, así mismo, fueron nombrados por el Consejo de la Judicatura con la calidad de conjueces temporales y fueron ‘extraídos’ de las Cortes Provinciales y de los Tribunales Distritales, en el caso de las salas contencioso administrativa y tributaria.
Los temporales en casos clave
La cantidad de casos de corrupción que están llegando a la Sala Penal y la presencia de una mayoría de conjueces temporales, hace inevitable que estos magistrados asuman como parte de los tribunales de juzgamiento.
1. Sobornos
En el caso “Sobornos 2012-2016”, que juzga los aportes de campaña para Alianza PAIS, fue asignado Iván León, uno de los cuatro magistrados temporales. También participarán los jueces Marco Rodríguez e Iván Saquicela.
Además, León fue sorteado como el ponente de la causa. Con esa autoridad, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tendrá a su cargo la toma de juramento a los testigos y peritos, la dirección de los interrogatorios y el establecimiento del tiempo de las intervenciones en el juicio.
También tendrá la atribución de recibir pruebas nuevas, que no hayan sido incluidas en la fase de investigación del caso.
En el caso “Sobornos”, entre otros, son juzgados por cohecho Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado y Viviana Bonilla.
2. Campo petrolero Singue
Situación parecida es la del caso Singue, cuyo juicio empezará el jueves 30 de enero de 2020 a las 09:45. En este caso el Tribunal lo conforman Iván León, Dilza Muñoz y Wilman Terán.
En este proceso también León actuará como ponente. El caso juzga un presunto perjuicio para el Estado por irregularidades en la adjudicación y explotación del campo petrolero Singue, en la Amazonía.
3. Sabatinas
Finalmente, en el caso Sabatinas, cuyo juicio debió empezar el 22 de enero pero se difirió por pedido de la Fiscalía, el Tribunal lo conforman León, Saquicela y Camacho. También León en calidad de temporal y con la responsabilidad de la ponencia.
En este proceso, se juzga un posible cohecho y uno de los juzgados es el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, uno de los cuadros políticos fuertes del correísmo y quien actualmente está prófugo.
¿Riesgo de nulidad?
En los tres casos que están próximos a llegar juicio y que involucran a los jueces temporales, la mayoría de los acusados son dirigentes o exdirigentes correístas.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, dice que en el caso Sobornos no tiene ninguna confianza en la Corte Nacional: “los jueces fueron levantados del banco de la Corte Provincial, jueces que se han sometido a un proceso de evaluación inconstitucional”.
Incluso, adelantan fallos adversos. Harrison Salcedo, quien representa al exvicepresidente, Jorge Glas, dice que están convencidos que estos tribunales sentenciarán a los dirigentes correístas, porque sus fallos son políticos más que jurídicos.
“Todos los jueces de la Corte Nacional nos van a dar fallos adversos. Sus decisiones son políticas por conveniencia, al haber pasado el proceso de evaluación y también de quienes subieron como repuestos”.
Harrison Salcedo
El correísmo no planteará la nulidad ante las instancias judiciales internas, como lo permite el Código General de Procesos. Ellos están esperando que se terminen estas instancias para acudir a cortes internacionales.
El abogado Juan Pablo Albán, al momento, está preparando un caso sobre este tema, como asesor jurídico. Por la confidencialidad cliente-abogado, no reveló quién es su defendido ni a qué caso pertenece, pero advierte que va a ser juzgado por un tribunal con conjueces temporales.
Su argumento es que, para que un proceso penal tenga validez, debe garantizarse la independencia y la estabilidad de un juez.
Esto está considerado por la ONU en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. En el quinto punto de este documento se dice que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por tribunales ordinarios.
También hay jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Apitz, Reverón y Chocrón, sancionó “la violación de la garantía de ser juzgado por un juez independiente” al ser este provisorio o temporal.
Además, dice Albán, los jueces al ser temporales no tienen la certeza de cuánto tiempo estarán en el cargo y, al no gozar de estabilidad, pueden ser sometidos a presiones políticas.
Por otro lado, el cese de los magistrados titulares y el nombramiento de los temporales al momento está en observación de la justicia. Los destituidos presentaron una acción ante la Corte Constitucional y esta todavía no se ha pronunciado.
“¿Qué pasará con estos jueces y con sus fallos, si la Corte Constitucional dictamina que el cese de los anteriores y su nombramiento no fueron legales?”
Juan Pablo Albán
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