Los exmagistrados de la Corte Nacional de Justicia solicitaron a la Corte Constitucional revisar su destitución. Luego acudirán al Sistema Interamericano.
Los 26 jueces y conjueces nacionales, quienes fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura en octubre de 2019, empezaron el camino legal para demandar al Estado.
Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son el antecedente. El organismo internacional ya castigó al Ecuador por cesar jueces antes.
Los casos son Camba Campos y otros y Quintana Coello y otros. El primero se refiere a la destitución de los vocales del Tribunal Constitucional. Y, el segundo, al cese de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Ambos ocurrieron durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Fueron ejecutados por el Congreso Nacional de la época.
La Corte IDH resolvió que el Estado afectó los derechos de los exmagistrados y también la independencia judicial del país. Esto por revisar las decisiones jurisdiccionales de los cesados.
“Cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial”, se lee en la sentencia del caso Quintana Coello.
El caso actual
El 15 de octubre de 2019, El Consejo de la Judicatura confirmó la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los cesados no aprobaron una evaluación.
La evaluación fue realizada por un Comité Evaluador, conformado por 18 académicos y juristas.
Ese es el primer reparo de los magistrados que fueron destituidos.
Según las sentencias de la Corte IDH, los jueces pueden ser evaluados por un órgano administrativo o político, en función de las leyes locales. Pero en las normas ecuatorianas no se considera ningún Comité Evaluador.
El segundo punto del reclamo es sobre la evaluación de las sentencias. Según los destituidos, el Comité Evaluador puso una calificación a los fallos, lo cual viola lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Ecuador es firmante.
PRIMICIAS solicitó al Consejo de la Judicatura una entrevista para hablar del proceso de evaluación. Pero no se asignó a un vocero.
Sin embargo, previamente las autoridades de este organismo han dicho que no se evaluaron las sentencias. Ya que para que esto ocurra, se tuvieron que alterar los fallos lo cual no pasó, lo que se hizo fue una valoración cualitativa sin valor judicial.
Una Corte transitoria
Luego del cese de los 26 magistrados, y con el afán de normalizar el trabajo de la Corte Nacional de Justicia, la Judicatura nombró 26 conjueces temporales.
Ellos fueron escogidos de la nómina de jueces provinciales y distritales. Estarán en ese encargo hasta que se nombre a los titulares. El concurso se iniciará en enero de 2020 y podría durar un año.
El constitucionalista Salim Zaidan considera que este nombramiento es otra irregularidad. Esto porque la figura de conjueces temporales no consta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Ismael Quintana, abogado de los jueces destituidos, advierte que esto podría dar espacio a que los juicios tratados por esta Corte transitoria se anulen.
“Por ejemplo, tenemos el caso Sobornos. Con los conjueces temporales estamos dando espacio para que Rafael Correa, en caso de ser declarado culpable, vaya a instancias internacionales y argumente que el Tribunal fue nombrado para condenarlo. Finalmente, Ecuador tendría que indemnizarlo”, dice Quintana.
El camino hacia la Corte IDH
Quintana, junto a Rafael Oyarte y Sergio Garnica, auspician la causa de los exjueces. Presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Hace dos semanas presentaron sus argumentos a Carmen Corral, jueza constitucional, que está a cargo de la causa. Y ahora están esperando el proyecto de dictamen. El plazo para que lo presente se cumple esta semana.
Con un dictamen de la Corte, los exmagistrados habrán agotado todas las instancias internas y tendrán vía libre para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Quintana advierte que un caso de este tipo puede tomar hasta más de 10 años para que la Corte IDH falle. El caso Quintana Coello, por ejemplo, recibió sentencia en 2013, pese a que la destitución de los jueces ocurrió en 2004.
Y, aunque la sentencia se emitió en 2013, Ecuador terminó de cumplir las reparaciones en febrero de 2019. Las medidas ordenadas fueron:
- Pagar a las víctimas indemnizaciones como compensación por la imposibilidad de reintegrarlas a sus funciones como magistrados de la Corte Suprema.
- Pagar a las víctimas las indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales generados por las violaciones.
- Reintegrar las costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas.
- La publicación y difusión de la sentencia y de su resumen oficial.
Quintana añade que en este caso también se podría buscar una reparación de este tipo.
Esto porque no solo se analizaron sentencias para cesar a los magistrados, sino que se lo hizo sin una segunda evaluación luego de tres meses, como ordena el Código Orgánico de la Función Judicial.
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