La CIDH evalúa el caso conocido como 'diputados de los manteles'

El caso de los 53 diputados destituidos por el entonces Tribunal Supremo Electoral en 2007 fue tratado en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 7 de marzo de 2007 el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por Jorge Acosta, destituyó a 57 diputados del Congreso Nacional, que el día anterior lo habían destituido a él por aprobar la consulta popular convocada por el recién posesionado presidente Rafael Correa, para instalar una Asamblea Constituyente.

13 años después, el viernes 6 de marzo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en audiencia a los representantes de 53 de esos diputados que demandaron al Estado por la supuesta violación de sus derechos políticos y del debido proceso.

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Esto sucedió como parte del 175 periodo de sesiones de la CIDH en Haití. La CIDH escuchó los argumentos de los abogados y también de Sylka Sánchez, una de las diputadas del entonces PRIAN, también destituida.

El Estado también presentó sus argumentos de defensa. Y quedará en manos de la Comisión la decisión de si el caso debe o no pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

¿Qué fue lo que sucedió ese marzo de 2007?

Los diputados destituidos consideraban que el trámite de la consulta popular debía pasar primero por el Congreso. Pero Acosta argumentó que no, que el proceso electoral ya había iniciado y que por tanto el TSE era la máxima autoridad del país y así podía destituir a cualquiera que interfiera con las elecciones.

Después de esto el gobierno de Correa no logró consensos en la Legislatura hasta que se reunió con varios de los alternos de quienes habían sido destituidos, en una hostería en las afueras de Quito, el 20 de marzo.

Al día siguiente, 21 de ellos llegaron al Congreso para ser titularizados.

Sin embargo, 50 de los diputados destituidos lograron que el entonces Tribunal Constitucional les devuelva sus puestos. Pero la nueva mayoría en el Congreso decidió frenar de una vez por todas este proceso y destituyó a los jueces constitucionales, quienes también interpusieron una queja ante la CIDH.