CIDH recomienda la reparación integral para las víctimas del paro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó sus conclusiones y recomendaciones finales sobre el paro nacional de octubre. El mayor énfasis del organismo está en que las autoridades brinden reparación integral a las víctimas y que investiguen los actos de violencia y el uso progresivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

La CIDH visitó Ecuador entre los días 28 y 30 de octubre de 2019. Y sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de los organismos de control, así como con activistas y organizaciones de diversos sectores sociales, en Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga.

La Comisión entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios de quienes reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.

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Su publicación final se divide en tres partes: antecedentes y contexto; violaciones de derechos humanos; y conclusiones y recomendaciones.

En tanto que la segunda parte se divide en cinco tipos de violaciones:

• Agresiones y ataques a la prensa durante protestas tanto por parte de fuerzas de seguridad pública, como de manifestantes.
• Violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación.
• Afectaciones a la integridad personal.
• Afectaciones a la vida en el marco de las protestas.
• Detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes.

La CIDH resume los ataques a la prensa como: amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimento de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueo de sitios web y redes sociales.

Sobre la libertad de expresión y asociación el organismo resalta que se registraron bloqueos o restricciones de internet y redes sociales así como de señal de radio y televisión, las cuales "no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional", y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población.

En cuanto a las afectaciones a la integridad, la CIDH da cuenta principalmente de una serie de violaciones que habrían sido consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales en contra de manifestantes y personas que no participaban en las protestas.

"Dichas afectaciones habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la policía montada, patadas, golpes, agresiones verbales e, inclusive, mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón o bombas lacrimógenas directamente hacia los manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas", señala el documento.

Y, en el caso de las personas que perdieron sus ojos a causa del impacto de bombas lacrimógenas, "la Comisión condena el empleo de tales dispositivos como proyectiles tendientes a neutralizar a quienes se manifestaban, así como las graves consecuencias permanentes que fueron ocasionadas a la integridad de las personas lesionadas".

"La reacción violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas".

Informe CIDH

Como consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana.

Sobre las afectaciones a la vida, la Comisión condena la violación al ese derecho, "mismas que habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes no representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado o en el marco de las protestas".

"El Estado ecuatoriano posee el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, apegada a los estándares internacionales con el fin de establecer las responsabilidades penales y administrativas correspondientes", señala el informe de la CIDH

La Comisión también recoge información sobre casos de detenciones y criminalización en los que se habrían producido irregularidades en:

• La presentación de denuncias.
• Detenciones colectivas por delitos de flagrancia sin debida individualización de los imputados.
• Obtención ilegal de firmas.
• Partes policiales con información contradictoria sobre las circunstancias de la detención.
• Traslados a lugares no autorizados y sin notificación a los abogados
• Casos en los que no se habrían registrado las lesiones de las personas detenidas.

La CIDH observa que en varias ocasiones los procesos de criminalización vinieron "precedidos y acompañados de campañas de estigmatización", bajo "el constante uso de medios de comunicación y redes sociales" por parte de autoridades estatales y no estatales.

Conclusiones y recomendaciones de la CIDH

La Comisión muestra su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad, "que no tomarán en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno".

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El documento insta a las autoridades a que "investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes", tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de las fuerzas de seguridad, como por parte de la población.

En este aspecto pide que se fortalezcan las medidas adoptadas ya para investigar los hechos y, específicamente, avanzar con las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas.

Y recomienda al Estado que establezca un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. Incluso habla de reparaciones individuales y colectivas, a comunidades y nacionalidades indígenas.

Así como, pide que las autoridades garanticen que los periodistas y comunicadores que realizan su trabajo no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión y que se aseguren las condiciones necesarias para que realicen las coberturas. Y hace énfasis en que el material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados.

Finalmente, la Comisión también pone énfasis en la necesidad de mantener procesos de diálogo y deliberación pública y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación, información, protesta y participación política de la población.