La conexión entre el caso Isspol y la corrupción en la Contraloría

Son dos de los casos de corrupción más sonados en los últimos meses. Se trata del caso Isspol y del caso Las Torres.

La Fiscalía indaga irregularidades en las administraciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía (Isspol), en la red que involucra a la Contraloría y a Petroecuador.

Aparentemente, los dos casos no están relacionados. Pero en ambos salta un nombre en común: Álvaro Jorge De Guzmán Pérez, quien es investigado en las dos tramas.

Incluso, por el segundo proceso, en contra de De Guzmán se giró una orden de detención con fines investigativos. Sin embargo, no ha sido capturado y es uno de los cinco investigados contra los que no se formularon cargos.

En el caso Las Torres, la Fiscalía había solicitado la captura de 14 personas, de los cuales se detuvo a nueve y se los procesó. En esa lista figuran Pablo Celi, contralor General del Estado y José Agusto, exsecretario de la Presidencia. Así como los hermanos de ambos.

Los otros cinco, que no fueron apresados ni procesados, todavía son buscados. Además de De Guzmán, en esa lista está Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.

Según la teoría de la Fiscalía, la red de corrupción exigió y cobró sobornos a contratistas de Petroecuador. A cambio se agilizaron pagos de planillas atrasadas y se desvanecieron glosas determinadas por la Contraloría.

Nexo con los Celi

En la lista de los procesados e investigados del caso Las Torres hay funcionarios, exfuncionarios públicos, empresarios, contratistas del Estado y familiares de los funcionarios.

Pero, el nombre de Álvaro De Guzmán no está relacionado con ninguna de esas actividades. Y la Fiscalía tampoco ha informado aún cuál es su vínculo con esa trama de corrupción.

Los registros de la Superintendencia de Compañías dan las primeras pistas de la relación. De Guzmán figura con cargos directivos en dos empresas. La una es Portafolio Casa de Valores.

Esta empresa se dedica a las operaciones en los mercados financieros.  El 9 de febrero de 2021, la Bolsa de Valores de Quito la reconoció por obtener el primer lugar con mayor monto de acciones negociado en el segundo semestre de 2020.

En esa compañía, además de ser su presidente, De Guzmán es uno de sus fundadores y actuales accionistas.

La otra empresa en la que figura De Guzmán es Latextil S.A. En esa compañía, el empresario aparece como presidente. Mientras que el gerente general es Esteban Celi, hermano del contralor Pablo Celi, otro de los procesados y detenidos por el caso Las Torres.

Según la Fiscalía, con autorización de su hermano, Esteban Celi se encargó de negociar el desvanecimiento de cinco glosas por USD 13 millones a la empresa Nolimit, contratista de Petroecuador.

Latextil tiene como objeto social la importación y exportación de productos agroquímicos y farmacéuticos de toda clase. Además, como su actividad secundaria se registró el comercio al por mayor.

Esa empresa fue constituida el 1 de diciembre del 2000. De Guzmán fue nombrado presidente el 10 de enero de 2001. Y Celi asumió como gerente, el 14 de febrero de 2003.

En octubre de 2002, esa empresa fue declarada inactiva por la Intendencia de Compañías de Guayaquil. Y en 2006 fue declarada disuelta y se ordenó su liquidación. Finalmente, el 24 de marzo de 2021, luego de concluida la liquidación, la inscripción de Latextil fue cancelada.

El vínculo con el Isspol

En agosto de 2020, el exdirector del Isspol Jorge Villarroel denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la compra de bienes inmuebles por parte de esa entidad, con fondos de los pensionistas.

El Isspol compró tres terrenos por USD 35 millones bajo la figura de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, esos proyectos nunca se concretaron.

El 12 de junio de 2015, el Isspol compró la Hacienda Anchamaza por USD 14,8 millones. El predio está ubicado en Uyumbicho, en el cantón Mejía, al sur de Quito.

El bien se compró para construir 1.293 casas. La propiedad tiene 671 lotes, en una superficie de 257.522 metros cuadrados.

Según la denuncia, entre las supuestas irregularidades está un sobreprecio. El avalúo catastral del terreno, al momento de la compra, era de USD 500.375,43 y el avalúo comercial era de USD 3,5 millones. El incremento fue del 322%.

El contrato de compra - venta se suscribió entre Enrique Espinosa de los Monteros, entonces director del Isspol, y Álvaro De Guzmán y su esposa Paulina Ferro.

Ellos eran los apoderados legales de los entonces dueños del predio. Álvaro, Juana y Rafaella De Guzmán Ferro, sus hijos.

La denuncia de Villarroel apunta a De Guzmán (padre), Espinosa de los Monteros, John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, David Proaño, exdirector del Isspol, y Breston Ramírez, representante de la empresa Ambiensa, que vendió otro de los lotes.

En octubre de 2020, la Fiscalía empezó una investigación por este caso. Todavía está en reserva.

Falta de acción de la Contraloría

Juan Carlos Rueda, quien estuvo al frente del Isspol cuando empezaron las investigaciones, aseguró en reiteradas ocasiones que si no fuera por la justicia de Estados Unidos, el caso Isspol no hubiera avanzado.

Según el exfuncionario, las instituciones ecuatorianas no dieron respuesta a tiempo a las supuestas irregularidades.

En marzo de 20221, antes de que estallará el caso Las Torres, Rueda dijo a PRIMICIAS que había insistido varias veces a la Contraloría para que audite la gestión del Isspol. Pero el control no llegó

La entidad de control, comandada por Pablo Celi, respondió que los dineros del Isspol pertenecían a los pensionistas, es decir, son fondos privados y no estaban bajo el control de la Contraloría.

Por esta razón, nunca se realizó una auditoría al escándalo sobre los USD 800 millones invertidos de manera irregular por administraciones del Isspol.

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