Crisis en la Judicatura, que enfrenta un complejo escenario judicial y administrativo

El fallo del juez Walter Macías, en su parte principal, dispone el enjuiciamiento de Juan José Morillo, Ruth Barreno y el juez Vladimir Jhayya. Esa decisión no es apelable. Tampoco los efectos de esta, como la inhabilitación de los dos vocales. Pero, además, el magistrado cambió las medidas cautelares sobre Barreno. La abogada tenía prohibición de salida del país. Pero, ahora tiene orden de ser capturada de manera preventiva. Esa decisión sí puede ser apelada.

Una vez dictado el llamado a juicio, la Corte Nacional de Justicia debe sortear a tres de jueces de su Sala Penal para que conformen el Tribunal de Juicio. Estos magistrados deben convocar a la audiencia de juicio. En esta diligencia, la Fiscalía convocará a sus testigos y expondrá sus pruebas periciales y testimoniales. Las defensas harán lo mismo. Con base en esos elementos, el Tribunal impondrá una sentencia.

Pero, aun con una eventual sentencia condenatoria o que ratifique la inocencia de los procesados, el caso no queda resuelto. Según el Código Orgánico Integral Penal, tras la emisión de una sentencia de primera instancia, los procesados pueden interponer recursos de apelación y casación antes de que ese fallo quedé en firme. Solo ahí se sabrá si Morillo y Barreno quedan fuera de la Judicatura definitivamente.

Además del caso por tráfico de influencias por el que han sido llamados a juicio e inhabilitados Morillo y Barreno, los vocales de la Judicatura tiene otra investigación previa a su haber. La Fiscalía pidió fecha y hora para procesar por obstrucción a la justicia a Wilman Terán, Xavier Muñoz y Barreno. En ese caso, tras la formulación de cargos, se abrirá la instrucción fiscal. Luego vendrá la audiencia preparatoria de juicio. Si son llamados a juicio, Terán y Muñoz también serán inhabilitados de seguir en la Judicatura.

Según la designación de 2019, Yolanda Yupangui es la única suplente que está lista para principalizarse. Ella es representante de la Fiscalía, por lo que tomaría el lugar de Ruth Barreno. Mientras que para reemplazar a Morillo, en la designación inicial estaba Jaime de Veintimilla. Pero este abogado renunció en 2019. Por lo que no hay nadie para que tome ese lugar.

Juan José Morillo es el representante de la Defensoría Pública en la Judicatura. Por lo que ante la renuncia de De Veintimilla, el CPCCS debió solicitarle una nueva terna para elegir al nuevo suplente. Pese a que la renuncia fue en 2019, este pedido se hizo recién el 23 de agosto de 2023. El Consejo de Participación le dio cuatro días a la Defensoría para que envíe la terna. PRIMICIAS consultó a la Defensoría Pública si esa terna ya ha sido enviada y cuáles son los candidatos. Pero no hubo respuesta.

Con la actual conformación de la Judicatura, solo la vocalía de la Defensoría Pública quedaría pendiente de llenarse. Sin embargo, si el otro proceso en contra de Muñoz y de Terán avanza y son llamados a juicio, solo Muñoz tiene una suplente que lo reemplace. Se trata de Solanda Goyes. Mientras que Terán, si bien su suplente es Álvaro Román, este no puede principalizarse y presidir la Judicatura, ya que su postulación original no provino de la Corte Nacional. Además, tras la principalización de Yupangui en lugar de Barreno, también la Fiscalía se queda sin vocal suplente.