Un examen especial determinó irregularidades en el concurso de méritos y oposición que designó al Consejo de Participación que fue cesado mediante consulta popular. El proceso fue organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con Juan Pablo Pozo a la cabeza. Los vocales electos, por ejemplo, recibieron puntos por certificados no válidos.
Un examen especial de la Contraloría determinó que 10 de 14 postulantes que fueron posesionados como vocales del cesado Consejo de Participación (CPCCS) no cumplieron con los requisitos.
El proceso de selección se realizó en 2014 y estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La investigación de Contraloría encontró que se calificaron certificados caducados, sin firmas o no relacionados al tema del concurso. Estos documentos, sin embargo, se usaron para otorgar puntos a postulantes que, finalmente, fueron posesionados.
Los vocales del Consejo que fueron nombrados en ese concurso fueron: Raquel González, Edwin Jarrín, Doris Gallardo, Tito Astudillo, Tania Pauker, Xavier Burbano y Juan Antonio Peña.
En los expedientes de todos ellos hay irregularidades, según la Contraloría.
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Yolanda González
Fue escogida como presidenta del Consejo de Participación en 2015. Durante su postulación al concurso, fue señalada por su cercanía al movimiento oficialista Alianza PAIS, en el que había trabajado.
Según el examen especial, presentó un certificado del Sercop caducado. Este documento se solicita para verificar que el postulante no mantiene contratos con el Estado para ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. A pesar de esto, se admitió su postulación para el concurso.
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Edwin Jarrín
Fue escogido como vicepresidente del organismo en 2015. En los meses del concurso, Jarrín fue acusado de ser cercano al movimiento Alianza PAIS, por ser esposo de la asambleísta oficialista Soledad Buendía (actual Revolución Ciudadana).
El certificado del Sercop que presentó estaba caducado incluso para la fecha que fue presentado al CNE. Además, entregó un certificado de haber participado en el congreso “El gobierno de Guatemala, el Consejo IACC y Transparencia Internacional”, pero este no está legalizado y le falta una firma.
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Doris Gallardo
Gallardo fue directora general del Consejo de la Judicatura durante la administración de Gustavo Jalkh.
En el concurso, presentó un certificado del Sercop caducado, pero fue admitida para seguir en el concurso. También estaba caducado el certificado del Ministerio del Trabajo de no tener impedimento legal para ejercer el cargo público.
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Tito Astudillo
Este consejero del Consejo de Participación trabajó con Doris Soliz, como asesor político.
Los certificados de Sercop y del Ministerio del Trabajo que presentó también estaban caducados. Además, entregó un documento emitido por la Fundación Nuevo Mundo Centro de Artes Especiales, por el que se le otorgó 0,5 puntos. El certificado, sin embargo, no tiene lugar ni fecha de emisión, y las actividades que reporta no están relacionadas con la participación ciudadana y el control social, como exigen los reglamentos del concurso.
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Tania Pauker
Es esposa del asambleísta oficialista Carlos Viteri Gualinga (actualmente Revolución Ciudadana), y trabajó en Ecodesarrollo Regional Amazónica (Ecorae).
Su certificado de no tener contratos con el Estado de Sercop también estaba caducado.
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Juan Antonio Peña
Peña es abogado y no presentaba, a la fecha de su postulación, cargos públicos con mayores vinculaciones políticas. Sin embargo, su certificado de Sercop estaba caducado a la fecha del concurso.
Presentó un certificado del Ayuntamiento de Majadahonda, en España, que comprueba su asistencia a una jornada sobre la Ley de Protección de Datos. El tema de la conferencia, sin embargo, no está relacionada con temas de organización democracia, participación y control social. Aún así, se le otorgó 0,5 puntos por este documento.
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Xavier Burbano
Fue viceministro en la Secretaría de la Política, cuando Viviana Bonilla, actual asambleísta por Alianza PAIS, estaba a cargo de esa institución.
El certificado de Sercop que presentó también estaba caducado.
La Contraloría señala en su informe que las personas que se encargaron de la revisión de la documentación para otorgar las calificaciones por méritos no validaron los certificados de conformidad con el instructivo del concurso.
Por esto, el sistema otorgó calificaciones que no correspondían a las personas que finalmente fueron designadas como vocales del Consejo de Participación.
Sobre la fase de oposición, el examen especial señala que el equipo auditor no pudo verificar los datos y registros del sistema para esta fase. “No (se) establecieron procedimientos ni mecanismos que garanticen la disponibilidad de la información generada y registrada en el sistema”, dice.
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