El contralor Pablo Celi planteó una acción ante la Corte Constitucional para que dirima si el TCE tiene competencia para resolver sobre los informes de la Contraloría. El movimiento Fuerza Compromiso Social pide la destitución de Celi por supuesta interferencia en la Función Electoral.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió este 25 de julio de 2020 el trámite de la demanda interpuesta por el movimiento correísta Fuerza Compromiso Social (FCS), que pide la destitución del contralor general Pablo Celi. El Tribunal notificó que la acción se retomará después de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El movimiento correísta argumenta que la Contraloría incurrió en una infracción electoral “muy grave” al recomendar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los elimine del registro electoral. Esto, según la demanda, sería una interferencia en la Función Electoral, por la que Celi podría enfrentar una sanción de destitución.
Sin embargo, el Contralor planteó el 8 de julio una acción de dirimencia de competencias ante la Corte Constitucional. Pide a la Corte un pronunciamiento, pues el TCE “no es competente para conocer los actos administrativos derivados de las atribuciones” de la Contraloría.
La suspensión del trámite en el TCE se extenderá hasta que la Corte Constitucional determine si la admisión de la acción en esa institución suspende la competencia del Tribunal Contencioso para emitir una sentencia. El juez constitucional Alí Lozada está a cargo del proceso.
Los argumentos de ambos lados
Según el escrito presentado ante la Corte Constitucional, el TCE “intervino en las funciones y competencias” de la Contraloría al haber aceptado a trámite la demanda del movimiento correísta. La demanda, firmada por Celi, asegura que un examen especial no puede cometer una infracción electoral.
Además argumenta que las decisiones y actuaciones del Contralor General del Estado son “única y exclusivamente impugnables ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo” y no ante el TCE.
La respuesta del TCE fue enviada a la Corte Constitucional el 24 de julio pasado. El magistrado Fernando Muñoz, a cargo del trámite de la denuncia de FCS, aseguró en su escrito que el TCE sí tiene competencia para actuar en este caso.
El juez sostiene que el TCE tiene potestad de “administrar justicia como instancia final en materia electoral, emitir fallos, juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en el Código de la Democracia; siendo esta atribución la que se encuentra ejerciendo el TCE“.
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