La demanda fue presentada por el movimiento Fuerza Compromiso Social, en el que milita el expresidente Rafael Correa. Argumentan una violación de sus derechos de participación y una intromisión de la Contraloría en el proceso electoral.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) celebró el 14 de julio de 2020 la audiencia sobre la denuncia presentada por Fuerza Compromiso Social, ante la solicitud de la Contraloría de que ese movimiento y otros tres sean eliminados del registro electoral.
La audiencia es parte del trámite de la causa, que se debe resolver en los próximos días. Vanessa Freire, representante del movimiento, aseguró que piden la destitución del contralor Pablo Celi por su interferencia en el proceso electoral.
“Pretenden eliminar a la primera fuerza política del país y quitarnos nuestro derecho de participar, y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Celi está arrogándose funciones, lo que es inconstitucional”
Vanessa Freire, representante de Fuerza Compromiso Social
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, con las precauciones necesarias por la emergencia sanitaria. Durante la diligencia, ambas partes tenían previsto exponer sus argumentos.
Dentro de los próximos 15 días, el juez de la causa, Fernando Muñoz, deberá emitir el proyecto de sentencia para decisión del Pleno del TCE.
Según el Código de la Democracia, la interferencia en la Función Electoral es una “infracción muy grave”, que se puede sancionar con la destitución del funcionario. El TCE deberá analizar si el Contralor, a través del examen especial, cometió esta infracción y debe ser sancionado.
Seguidores de Fuerza Compromiso Social protestan en los exteriores del TCE contra el contralor Pablo Celi. API
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto analizar en los próximos días el informe jurídico sobre la recomendación de Contraloría de eliminar los movimientos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social.
El organismo tiene hasta el 22 de julio de 2020 para responder a la Contraloría, caso contrario los consejeros Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera podrían enfrentar su destitución.
Otras causas
El movimiento Juntos Podemos también demandó al contralor Celi ante el TCE, por infracción electoral muy grave. El organismo electoral aceptó la causa a trámite el 10 de julio, y deberá fijar fecha para una audiencia en los próximos días.
Más de 10 peticiones de medidas cautelares y acciones de protección fueron presentadas contra la Contraloría en la justicia ordinaria en distintas ciudades del país.
Todas ellas fueron desechadas. El argumento de los magistrados es que la Contraloría tiene potestad de emitir recomendaciones, y que no hay una vulneración de derechos cuando el CNE no las ha aplicado.
La última fue presentada por el exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco, del movimiento Juntos Podemos. Esta fue denegada el 10 de julio de 2020, por un juez de la Unidad de la Familia de Carcelén.
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