La Contraloría pone en jaque el proceso electoral de 2021

El 22 de agosto de 2019, la Contraloría emitió un examen especial al sistema de verificación de firmas del CNE.

En él, determinó que el organismo electoral había cometido errores y había permitido que cuatro organizaciones políticas sean inscritas y participen en las elecciones a pesar de que no cumplían el requisito de tener las firmas del 1,5% del padrón electoral.

• Fuerza Compromiso Social presentó 665 cédulas incompletas, 12.427 cédulas no válidas, 3.146 repetidas, 33 personas fallecidas a la fecha de registro y 16 menores de 16 años. Con esto, el movimiento suma 158.413 adherentes.
• Juntos Podemos, de Paúl Carrasco, exprefecto del Azuay, suma 149.512 firmas válidas.
• Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, tiene 181.706 válidas.
• El movimiento Justicia Social, de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, consiguió 169.279 firmas válidas.

La Contraloría recomendó al CNE analizar la "situación jurídica" de estos cuatro movimientos.

Frente a esto, el CNE preparó un informe jurídico, que fue aprobado por la mayoría del Pleno (Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero) en enero de 2020. Allí, resolvieron que los movimientos políticos no podían ser eliminados, pues no entraban dentro de ninguna de las causales legales para su cancelación.

Además, señalaron que las cuatro organizaciones políticas gozaban de "legitimidad popular", pues participaron en elecciones e incluso obtuvieron cargos.

La Contraloría inició un proceso de control del cumplimiento de las recomendaciones del primer informe. En éste, hace seguimiento del examen especial que pedía al CNE analizar la situación jurídica de los cuatro movimientos.

El 19 de junio de 2020, la Contraloría emitió los resultados y encontró que los consejeros de mayoría incumplieron su recomendación, pues permitieron que estos cuatro movimientos siguieran existiendo a pesar de que nunca debieron ser inscritos.

En este segundo informe, la Contraloría recomienda directamente al CNE la eliminación de Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos.

Como los consejeros del CNE no cumplieron la primera recomendación de la Contraloría, se enfrentan a una sanción. La Ley de la Contraloría establece que, en el caso de que se determine responsabilidad administrativa de un funcionario, este puede ser sancionado hasta con su destitución.

La Contraloría notificó este 22 de junio de 2020 a los tres consejeros y a seis funcionarios del CNE con sus posibles sanciones. Atamaint, Cabrera y Acero enfrentan una multa de USD 7.880 y su posible destitución. Tienen 30 días para responder con sus descargos a la Contraloría.

Si, durante este mes, resolvieran efectivamente eliminar a los cuatro movimientos y cumplir lo determinado por la Contraloría, podrían salvarse de la multa y la destitución.

El problema es que el informe de la Contraloría llegó en plena época electoral. El CNE ya declaró el inicio del período electoral el 12 de marzo de 2020. Esto blinda, de cierta manera, a los vocales del organismo electoral.

En primer lugar, ya no pueden ser enjuiciados políticamente en la Asamblea.

Además, desde el inicio del período electoral, el CNE es la máxima autoridad en el país y su principal función es organizar las elecciones presidenciales y legislativas de 2021.

Por esto, los servidores públicos que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral pueden ser sancionados con la destitución de su cargo. Esta es una de las infracciones electorales muy graves establecidas en el artículo 217 Código de la Democracia.

Estas infracciones "muy graves" se pueden sancionar con multa económica, destitución y/o suspensión de derechos de participación.

Fuerza Compromiso Social denunció una afectación a sus derechos políticos por ser "la primera fuerza política del Ecuador".

En rueda de prensa,Vanessa Freire, presidenta del movimiento, anunció que interpuso una denuncia contra el contralor Pablo Celi por "intromisión" en la Función Electoral. Freire presentó su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Freire considera que la recomendación de la Contraloría de eliminar cuatro organizaciones políticas es una "interferencia" en el funcionamiento de la Función Electoral, por lo que Celi puede ser destituido por infracción electoral muy grave.

Virgilio Hernández, secretario del movimiento, sostuvo que hay una "persecución política" en su contra, que también se evidenciaría en el caso Sobornos, en el que está procesado el expresidente Rafael Correa.

Además, anunciaron la presentación de un juicio político en la Asamblea contra Celi. También preparan denuncias internacionales por la vulneración de sus derechos políticos.

Fuerza Compromiso Social camina hacia 2021 de la mano de la imagen del expresidente Correa, pero también con el discurso de la persecución política. 

Aunque la posibilidad de que Correa se pueda presentar a la presidencia es nula, le queda de momento la opción de asambleísta por el exterior. Eso, si el proceso judicial del caso Sobornos no llega a resolverse en última instancia.

Fuerza Compromiso Social va para su tercera elección. En 2017, su líder Iván Espinel -exministro del actual Gobierno y procesado por corrupción- participó como candidato presidencial, pero obtuvo apenas el 3,2%.

En 2019, ya en alianza con el correísmo, Fuerza Compromiso Social presentó 50 candidatos a alcalde sin alianzas. Aunque ninguno de ellos resultó elegido, obtuvo importantes segundos lugares, cuya alta votación los ubica como la segunda fuerza política en el país. 

Además obtuvo las prefecturas en dos de las provincias más grandes del país: Leonardo Orlando en Manabí y Paola Pabón en Pichincha.