Las organizaciones políticas han planteado demandas judiciales y electorales para frenar su eliminación tras el informe de Contraloría. El CNE trabaja en el informe para decidir qué pasará con los cuatro movimientos.
La posible resolución de la pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría no está, de momento, en las manos de estas dos instituciones.
Las organizaciones políticas afectadas por el informe de auditoría buscan mantener su personería jurídica por la vía judicial y de justicia electoral, y alejarse de la pugna entre ambas instituciones.
Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social deberían, de acuerdo a Contraloría, ser eliminadas del registro electoral. Con esto, no podrían participar en las elecciones de 2021.
Pero su futuro aún no está definido. Aunque la Contraloría pide su eliminación, el CNE aún no ha decidido si seguirá la recomendación de cancelarlas o no. El organismo pidió a las áreas técnicas que hagan los análisis al respecto.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, anunció que analizarían también la posibilidad de pedir la destitución del contralor Pablo Celi por interferencia en la Función Electoral. Pero el tema también sigue en análisis.
El CNE tiene un mes para responder a la Contraloría desde la notificación, que se realizó el 22 de junio pasado. Los consejeros de mayoría, Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera enfrentan su posible destitución si la recomendación no se cumple.
Acciones ante la justicia
En el sistema judicial, aparecen más de 10 peticiones de medidas cautelares o demandas de acciones de protección interpuestas contra la Contraloría por el informe de los movimientos políticos.
La mayoría de ellas han sido presentadas por ciudadanos que no son representantes de las organizaciones políticas. Las solicitudes se resolvieron en Quevedo, Quinindé, Esmeraldas, Babahoyo, La Troncal, Portoviejo y Ambato.
El argumento en todas las peticiones se repite: el informe de Contraloría sería un peligro contra el derecho y elección democrática tanto para los electores como para las organizaciones políticas, y vulneración al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Todas estas solicitudes de medidas cautelares han sido ya denegadas. El argumento de los magistrados es que la Contraloría tiene potestad de emitir recomendaciones, y que no hay una vulneración de derechos cuando el CNE no las ha aplicado.
Una petición de medidas cautelares, sin embargo, sigue en trámite: la presentada por Paúl Carrasco, dirigente de Juntos Podemos. En ese caso, la audiencia se realizará el 6 de junio de 2020 a las 11:40 en la Unidad Judicial de Carcelén.
Acciones ante la justicia electoral
Dos demandas ingresaron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del contralor Pablo Celi. La primera fue presentada por el movimiento Fuerza Compromiso Social (ya fue admitida a trámite), y la segunda por Edmundo Sánchez, miembro de Juntos Podemos (en proceso de admisión).
El TCE fijó para el próximo 8 de julio la audiencia sobre la denuncia de Fuerza Compromiso Social.
El movimiento correísta acusa a Celi de haber incurrido en una infracción electoral “muy grave”, por “interferencia” en la Función Electoral. La sanción podría llegar incluso a la destitución del Contralor.
Otros caminos
Paúl Carrasco también presentó una denuncia contra Celi en el Tribunal Contencioso Adminsitrativo, por vulneración al debido proceso y haberles dejado “en indefensión”.
El exprefecto de Azuay argumentó que su movimiento Juntos Podemos pidió presentar sus descargos a la Contraloría, pero no se los aceptaron. Por esa razón, solicita la nulidad de lo actuado por Contraloría, por la vía administrativa.
Además Carrasco señaló que ha enviado oficios a la Defensoría del Pueblo, frente a una posible vulneración de derechos. Esa institución no se ha pronunciado al respecto.
Libertad es Pueblo y Justicia Social no han anunciado públicamente acciones contra el informe de Contraloría. El activista político Fernando Balda, precandidato presidencial por Libertad es Pueblo, señaló por sus redes sociales que se trata de una persecución política en su contra.
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