Las claves del caso Fernando Villavicencio, cuya audiencia preparatoria es el 19 de diciembre
La dilgencia está programada para el martes 19 de diciembre a las 09:30, en Quito. Fernando Villavicencio fue asesinado en agosto de 2023, cuando participaba de un mitin de campaña.
Fernando Villavicencio, en un encuentro con jóvenes, en Quito, el 21 de junio de 2023.
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El martes 19 de diciembre de 2023 se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue diferida en noviembre pasado.
Esta diligencia se aplazó el 29 de noviembre de 2023, tras el pedido de los procesados Laura C. y Carlos A., quienes justificaron su solicitud por el cambio de abogado. Marcos Carrillo y Marcelo Toro serán los juristas que representen a los antes mencionados.
Además de ellos, la lista de procesados la completan Alexandra Ch., Víctor F., Érick R. y Óscar F. Ellos están acusados de ejecutar el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023, cuando este salía de un mitin político, en Quito.
Los otros siete imputados fueron asesinados entre el 6 y 7 de octubre de 2023, mientras cumplían con prisión en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y la cárcel de El Inca, en Quito.
Cuando fue asesinado, Villavicencio corría por la Presidencia de la República -en el proceso que finalmente ganó Daniel Noboa- luego de ejercer su cargo como asambleísta. Era conocido por sus recurrentes denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción.
La audiencia debería instalarse a las 09:30 del martes 19 de diciembre de 2023, en Quito. Aquí hay algunas claves del proceso:
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Así fue el crimen
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El político fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un evento de su campaña electoral. Villavicencio recibió tres disparos, pese a que contaba con protección policial a causa de las constantes amenazas en su contra. Fue trasladado a un hospital cercano, pero solo se pudo confirmar su deceso. Tras el ataque, otras nueve personas resultaron heridas y uno de los sospechosos murió a causa de la respuesta policial.
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Pedido de apoyo a Estados Unidos
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El gobierno del expresidente Guillermo Lasso anunció que solicitó ayuda a Estados Unidos para realizar las investigaciones en este caso.
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Recompensa por información
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El 28 de septiembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 5 millones a quienes den información por el asesinato de Fernando Villavicencio, lo que tomó por sorpresa a varios actores políticos. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, quien cuestionó el respaldo estadounidense.
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Detención de los sospechosos
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Un día después del crimen se detuvo a seis personas, sospechosas por el asesinato de Fernando Villavicencio, todas de nacionalidad colombiana. Pocos días después se detuvo a más implicados y fueron enviados a la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de El Inca.
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La mitad de los procesados fueron asesinados
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Entre la tarde del 6 de octubre y la mañana del 7 del mismo mes, se informó que siete de los 13 involucrados fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de El Inca, donde estaban recluidos. El Servicio de Atención Integral (SNAI), anunció que tomaría medidas para garantizar la integridad de los sobrevivientes y poder continuar con las investigaciones.
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Un testigo adicional
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La Fiscalía General del Estado dijo contar con un testigo clave, quien habría revelado el nombre de los autores intelectuales del asesinato del político. “El valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue de USD 200.000”, dijo Cristhian Zurita, amigo de Villavicencio, tras conocer las declaraciones del testigo.
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Audiencia aplazada
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La jueza Irene Pérez convocó a la audiencia preparatoria de juicio para el 29 de noviembre de 2023, sin embargo, esta quedó aplazada por un pedido expreso de la los acusados, justificando que cambiarían de abogado defensor. La diligencia quedó programada para el martes 19 de diciembre.
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Celular en manos del FBI
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El 14 de noviembre de 2023, la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, confirmó que entregó el celular que perteneció al político al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Según la mujer, la Fiscalía General del Estado nunca le pidió el teléfono.
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