Cuatro proyectos legales concentran la atención de Carondelet

Política

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

11 Feb 2022 - 0:04

El secretario Jurídico, Fabián Pozo, el 28 de octubre de 2021. - Foto: Asamblea Nacional

Cuatro proyectos legales concentran la atención de Carondelet

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

11 Feb 2022 - 0:04

En este momento, las prioridades legislativas para el Ejecutivo son: inversiones, reforma laboral, gestión de pandemia y gestión de riesgos.

Fabián Pozo dirige la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Un despacho que cuenta con una veintena de personas y se encarga de elaborar proyectos de leyes, vetos, reglamentos y los distintos decretos que firma el presidente Guillermo Lasso.

También se encargan de llevar los litigios en contra de la entidad (que no sean administrativos), y uno de los principales es la defensa de las decisiones del gobierno ante la Corte Constitucional. Pero, a la vez, el despacho también lleva adelante un proceso de mejora regulatoria y diseño institucional del Ejecutivo.

Pozo, cuencano de 31 años conversó, con PRIMICIAS sobre los procesos que lleva adelante la Secretaría y sobre los proyectos de leyes y reglamento en los que trabaja el gobierno.

¿Cuál es el proceso de elaboración de las normativas que emite el Ejecutivo?

Construir una norma requiere elaborar un anteproyecto de ley, recibir aportes de las otras áreas del Estado, recibir críticas de los actores a los que ese proyecto puede afectar y un proceso, relativamente extenso, de armonización.

Tenemos un equipo que se dedica a la elaboración de leyes, vetos, reglamentos. Y conformamos equipos con los diferentes ministerios del área. Generalmente, son muchos los involucrados.

Luego de todo eso, llegamos a un producto final, que siempre es perfectible. Y todo proyecto normativo generará gustos o disgustos en los distintos grupos. Pero lo responsable es tomar una decisión, lo más acorde a la visión del gobierno.

Cuando se trata de un proyecto de ley, ¿en qué momento se lo socializa políticamente para que vaya a la Asamblea?

Cuando hablamos de las leyes el trabajo es más extenso porque ya no es un tema de un ministerio, sino, incluso, de diversas agencias, organizaciones, superintendencias, entidades. Entonces trabajamos en conjunto y convocamos a todos los que puedan tener interés en la ejecución del proyecto para armonizarlo.

Y después le corresponde al área política (Ministerio de Gobierno) conversarlo o socializarlo con los actores políticos. Y, cuando han venido los bloques legislativos, ha sido un buen ejercicio de diálogo.

Hay ocasiones en las que el texto del proyecto puede malentenderse y, entonces, lo explicamos o tenemos que modificarlo. Y así se solucionan muchas cosas. Pero también hay puntos en los que siempre habrá divergencia en la visión de política pública. Y eso ya corresponde a otra conversación.

En temas más coyunturales ¿qué pasa con el esperado proyecto de ley de inversiones?

Este proyecto está próximo a salir cuando el Presidente lo disponga. Ha sido un proceso extenso de construcción y de perfeccionamiento, tomando algunos puntos de lo que se llamó la ‘megaley’ y que no fueron discutidos en su momento.

Pero es un proyecto diferente, hemos hecho ajustes escuchando a diversos actores. E incorporando cosas nuevas, para plantear en el Legislativo otros temas de discusión, como el de asociaciones público privadas, que ahora será un pilar fundamental.

¿Cuáles son ahora los ejes de este proyecto?

Vamos a fomentar la producción y la obra pública. Y, para eso necesitamos reformar el régimen de asociatividad público privada, el de zonas francas, asuntos relativos a transformación digital y eliminar trabas que impiden que diversos sectores despeguen. Hay que modernizar mucho la normativa de diversos campos.

La legislación de asociaciones público privadas de 2015 no ha tenido resultados óptimos. Hay apenas tres proyectos aprobados en siete años.

¿Cuál sería el cambio ahí?

Se trata de un proceso extenso, que requiere entre 20 y 21 pasos y una serie de informes que van y vuelven entre las instituciones. Y esto puede ser optimizado.

Además, que puedes clasificar temas que requieran procesos extensos de análisis y otros que sean más sencillos. Y analizar también si es que al Estado le conviene o no.

El proyecto está listo para salir, entonces.

El proyecto sigue puliéndose y trabajándose. Estará listo en los próximos días.

¿Qué pasa con el proyecto de reformas laborales?

Ese proyecto requiere una amplia discusión, no solo a nivel político, sino social, en el que tenemos que tener muchísima apertura, para ir construyendo los lineamientos de por dónde irán las reformas.

Este proyecto también tendrá cambios, será diferente al que se presentó dentro de la ‘megaley’.

Eso es correcto.

¿Qué pasa con las quejas de las centrales sindicales tradicionales? ¿Sus propuestas se están tomando en cuenta para esta discusión?

La relación con ellos no depende de la Secretaría Jurídica. Quien lidera el tema laboral es el Ministerio del Trabajo.

¿Trabaja el Ejecutivo en un proyecto de seguridad social? ¿O en qué proyectos se concentra?

El tema de seguridad social también requiere un análisis mayor de política pública. Estamos trabajando en la ley de inversiones, la ley laboral, la ley de gestión de la pandemia y la ley de gestión de riesgos.

¿Tiene el Ejecutivo un proyecto de ley de gestión de riesgos? Porque la Asamblea lleva ya adelante esa discusión con proyectos todos de iniciativa de los legisladores.

La Asamblea está trabajando en un proyecto, en el que estamos tratando de aportar.

Creemos que de la Asamblea salen cosas buenas también.

Y tendremos nuestro rol de colegislador con el veto, en su momento. Y si podemos aportar con visión e insumos al debate en la Asamblea, estamos encantados de hacerlo. Conjuntamente con Cristian Torres y su equipo, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, estamos tratando de aportar.

La Legislatura está trabajando en un proyecto muy interesante y creemos que son temas en los que no hay tiempo que perder. Está mal esa visión de pensar que en todo hay que plantear temas nuevos. Si ya hay un proyecto avanzado en el debate, se puede mejorar y optimizar.

¿Qué pasa con el proyecto de ley de gestión de la pandemia?

La administración anterior remitió un proyecto que tenía serios problemas de viabilidad constitucional y de competencias asignadas. Y creímos que lo responsable, para no hacer perder el tiempo a la Asamblea y al país, era retirar ese proyecto.

Hemos trabajado en otros borradores sobre ese tema, pero la pandemia va cambiando a lo largo del tiempo. La realidad de hoy no es la misma que la del año anterior, por la vacunación y por la evolución del entendimiento de la enfermedad.

Las pandemias son un riesgo. Entonces, a lo mejor, una legislación de gestión de riesgo puede abarcar la gestión de epidemias y pandemias que puedan venir.

Para el Ejecutivo es más pertinente contar, entonces, con una ley de riesgos general y no con una específica solo para la pandemia.

Es una opción. De momento estamos trabajando en un proyecto de ley de pandemia de Covid.19. Esto no ha terminado y requiere mecanismos de gestión, pero a la vez el país requiere una gestión integral de riesgos.

¿Cuál es el proceso en cuanto a los vetos ejecutivos?

Nosotros tomamos muy en serio el rol de colegislador. Y eso implica mejorar los textos de la Asamblea, cuando haya como, verificar que estén en armonía con las competencias de las distintas entidades y con otras leyes ya existentes.

Hacemos un seguimiento de los debates y tratamos de colaborar. Cuando llegan los textos, los ministerios y áreas hacen análisis de impacto y sugerencias. Nosotros pedimos datos, para validar lo que dice el texto. Entonces hacemos una propuesta de texto para el señor Presidente.

Hacemos un análisis de tres puntos: lo técnico, lo jurídico y lo político. Ese triángulo tiene que funcionar bien para cualquier tipo de decisión. Y a nosotros nos compete verificar los dos primeros.

Y ahí llega una parte que no nos corresponde a nosotros como Secretaría Jurídica: la decisión política. Hay vetos que no son muy políticos, otros en parte más políticos y en parte menos. Pero intentamos mantenernos en la parte técnica. Y al área política le corresponde demostrarnos la viabilidad de una u otra posición.

La última palabra ahí la tiene el presidente Lasso.

Eso es correcto.

¿Cómo verificar lo técnico en un país que, por ejemplo, no tiene un censo desde hace 12 años?

Ese es un inconveniente, sin duda. Pero depende del tipo de norma que se esté analizando, porque hay datos de distintas fuentes y con distintos grados de confiabilidad.

En cuanto a los decretos, ¿cuál es el origen y proceso de redacción?

Eso se divide en cuatro tipos. Uno, los que son de gerencia del Estado, como designaciones. Y lamentablemente heredamos un Estado en el que el Ejecutivo tiene que hacer más de 175 designaciones que no siempre son iguales o están ordenadas.

Dos, los de directrices de política pública con los que el Presidente establece lineamientos de acción, desde su visión.

Tres, los de tipo reglamentario. Por ejemplo, cuando llegamos encontramos más de 25 reglamentos pendientes, pese a los plazos de la Legislatura. Y hay normas que han pasado 20 años sin reglamento. Por eso priorizamos y trabajamos en los reglamentos.

Y, el último, es de las facultades especiales privativas del Presidente: indultos, nacionalizaciones.

¿En qué reglamentos trabaja ahora la Secretaría Jurídica?

Estamos trabajando en el reglamento a la Ley de Datos Personales, de Movilidad Humana, de Pesca, que son temas prioritarios.

El presidente Lasso sostiene que su tanque de pensamiento, Ecuador Libre, ha jugado un papel predominante en la elaboración de los proyectos de ley que tiene el Ejecutivo. ¿Sigue funcionando como generador de insumos?

Ecuador Libre, en la que yo he sido asesor por más de ocho años, ha generado una gran cantidad de insumos de distintas materias, que son un aporte fundamental, porque reflejan la visión del plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso.

De esos insumos tomamos muchísimo y lo seguimos haciendo, sin duda. Luego tenemos que incorporar también la visión desde la administración pública y tratar de llegar a armonizar un texto viable y razonable.

Sin duda el trabajo de Ecuador Libre nos ha permitido avanzar mucho más rápido, en tener diagnósticos de los problemas y un abanico de propuestas de soluciones.

En algunos temas se toman más insumos, en otros menos. Pero es importante que ese camino ya esté avanzado. Y, viendo las cosas desde adentro, algunas funcionarán y otras no las debemos tomar o tenemos que pulir.

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