Cuatro puntos de la ley Humanitaria, sin consenso en la Asamblea

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea comenzó el 20 de abril de 2020 el análisis del proyecto de Ley Humanitaria para combatir la crisis del Covid-19. Y los primeros temas polémicos que lideran el debate dentro de la mesa legislativa comienzan a aparecer.

Durante la jornada, los asambleístas escucharon a los ministros de Inclusión, de Finanzas, de la Producción y a la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI). Los funcionarios expusieron la propuesta y las expectativas del Gobierno en materia de recaudación.

Las objeciones de los legisladores se concentraron en el tema tributario: especialmente en la contribución 'voluntaria' que las personas naturales y las empresas deberán hacer. En la comisión hay consenso de que la contribución es un impuesto y que debería tratarse como tal.

Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el Gobierno espera conseguir más de USD 901 millones para enfrentar la crisis solo con la contribución de las personas naturales.

Y USD 516 millones es el cálculo de lo que se recaudaría con los aportes de las empresas.

Los legisladores apuntan ya a hacer cambios en la propuesta de la ley. De momento, hay cuatro temas relacionados al ámbito tributario que les producen inquietud y que podrían ser cambiados durante el debate en la comisión y, luego, en el Pleno de la Asamblea.

¿Un golpe a la clase media?

La contribución humanitaria progresiva que el Ejecutivo plantea descontar a los trabajadores privados de sus salarios es el primer tema que no gusta a los legisladores.

Alegan que la mayor parte de la recaudación saldrá de la clase media, de los trabajadores que reciben un sueldo neto de entre USD 1.000 y 2.500.

Según los datos entregados por el propio SRI, esos dos rangos de salarios aportarán más de USD 300 millones.

Esto se debe a que la mayoría de trabajadores que aportará está en esos rangos salariales. La cantidad de personas que reciben sueldos de más de USD 2.500 es menor, y el número de contribuyentes se reduce mientras el salario aumenta.

Elizabeth Cabezas (AP), Guillermo Celi (SUMA) y Fernando Burbano (BADI) señalaron que la clase media ha sido golpeada durante la crisis y rechazaron los aportes por incluir a los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que no han podido operar durante la cuarentena.

En este sentido, la comisión analizará si es necesario cambiar las bases y porcentajes progresivos fijados por el Gobierno para la contribución voluntaria.

¿Una contribución retroactiva?

El proyecto del Ejecutivo plantea que las empresas que reportaron ganancias de más de USD 1 millón en 2018 paguen una contribución de 5% sobre su utilidad.

También dice que los profesionales independientes (que tienen RUC) deben pagar la contribución progresiva con base en su facturación de 2019.

La preocupación de los asambleístas es justamente el año de base para el cálculo. La ganancia de las empresas en 2018 puede haber sido mucho mejor que la esperada para 2020. Lo mismo se puede aplicar a los profesionales, cuya situación en 2019 puede haber sido mejor que en 2020, cuando se espera un fuerte golpe para la economía por cuenta del coronavirus.

También está el tema de la irretroactividad. La Constitución dice que los impuestos no pueden ser retroactivos, por lo que aplicar la contribución sobre la base de ganancias anteriores podría ser inconstitucional.

Mariano Zambrano (AP), María Mercedes Cuesta (BADI) y Fernando Callejas (Creo) expresaron la necesidad de analizar la base sobre la que se calculará la contribución en estos dos casos, dicen que la idea es no afectar a las empresas más golpeadas durante la crisis sanitaria.

También hay críticas a que esta contribución no sea progresiva, y que el 5% de aporte sea para todas las empresas con ganancias de más de USD 1 millón.

¿Y los funcionarios públicos?

El proyecto establece que los funcionarios públicos que ganan más de USD 1.000 al mes deberán hacer una contribución del 10% de su salario.

El problema para los asambleístas es que este aporte resulta desproporcionado en comparación con lo la tabla estipula para los trabajadores privados. Por ejemplo, un funcionario público que gane USD 1.000 deberá aportar USD 100, mientras que el privado contribuiría con USD 19.

Ximena Peña, coordinadora del bloque oficialista, sostuvo que este es otro golpe a la clase media, en este caso que trabaja en el sector público. Dijo que los tributos deben ser aplicados por igual a todas las personas.

El asambleísta Fernando Callejas (Creo) propone que policías y miembros de las Fuerzas Armadas también sean incluidos en la tabla de aportes, por tener sueldos altos.

Todos los vacíos, al reglamento

El proyecto de ley deja varios temas sueltos para que se definan en un reglamento que el Ejecutivo deberá emitir tras la aprobación de la ley. Entre estos está la definición de "salario neto", que es la base con la que se calculará el aporte de los trabajadores en dependencia.

Mauricio Zambrano (RC) señaló que es peligroso dejar tanta amplitud para que el Ejecutivo defina conceptos como ese, pues puede ampliar o reducir la recaudación prevista por el Gobierno.

De acuerdo con el proyecto remitido por el Ejecutivo, hay otros temas que también pretenden solucionarse mediante reglamento:

• Las exoneraciones o rebajas para el pago de la contribución de las empresas.
• Las compensaciones a las instituciones educativas que reduzcan el valor de sus pensiones en al menos 20%.
• Las condiciones para que las empresas accedan a ayudas públicas cuando pertenezcan a sectores afectados por la crisis sanitaria y no despidan empleados.
• Todo lo relacionado a la administración y control de la "Cuenta especial de asistencia humanitaria", en la que se depositarán las contribuciones de los trabajadores.
• Los detalles sobre el "supervisor del concordato" en el caso del "concordato preventivo".
• Los detalles sobre los debates con los que el Ejecutivo propone reemplazar la promoción electoral en medios de comunicación para los comicios presidenciales y legislativos de 2021.

Donde sí hay acuerdos

De momento, durante el primer día de análisis, las medidas 'sociales' no recibieron críticas de los legisladores, aunque tampoco las analizaron.

Estas medidas se refieren a las rebajas en las pensiones escolares, la prohibición del desahucio de los arrendatarios. También están la prohibición de suspender los servicios básicos por falta de pago y las pólizas de salud privadas.

El tema laboral tampoco ha sido analizado todavía. Pero se anticipan disensos con la pospuesta del Ejecutivo. Para este 21 de abril está prevista la comparecencia del ministro de Trabajo, Luis Poveda, quien analizará el tema.

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