Daniel Mendoza continuará preso por supuesta corrupción

Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho son los jueces que tomaron la decisión.

Ellos integraron el Tribunal que revisó la decisión inicial del juez Marco Rodríguez, con la que se dictó la prisión preventiva contra el legislador y en la que se detallan elementos de convicción sobre la existencia del delito de delincuencia organizada.

Al final, el Tribunal determinó que la prisión preventiva es necesaria e idónea y, de forma unánime, declaró improcedentes las alegaciones de los solicitantes y negó la apelación.

De esta manera, el legislador Daniel Mendoza continuará detenido mientras se realizan las investigaciones por un supuesto delito de delincuencia organizada relacionado con la fallida construcción del Hospital de Pedernales.

Según Gabriela Moreira, abogada de Mendoza, el pedido de revocatoria de la prisión preventiva se justificaba porque no hay un peligro de fuga. Mendoza, argumentó la abogada, es padre de familia.

Además, solicitó al Tribunal que valore que, al momento, "no hay los elementos suficientes para presumir una responsabilidad directa de Mendoza" en los hechos investigados.

Por estas razones, pidió se revoque la prisión preventiva, que se ordene una reparación integral y se dicten medidas sustitutivas como prohibición de salida del país, el uso del grillete electrónico y presentación periódica ante un juez.

La fiscal Diana Salazar, como parte acusadora del proceso, solicitó que se declare improcedente el recurso de apelación y se ratifique el auto de prisión.

Además de Mendoza, también pidieron que se suspenda su prisión preventiva dos procesadas:

• Jennifer Cobeña, exfuncionaria del Servicio de Contratación de Obras (Secob) en Manabí, integrante de la Comisión que adjudicó el contrato del Hospital y administradora del proceso.
• Tania Santos, esposa de José Véliz, también procesado en el caso y procurador del Consorcio Pedernales Manabí, que estuvo a cargo de la obra hospitalaria.

Además de Mendoza, Santos y Cobeña, por el mismo caso, están detenidos José Véliz, Edmundo Tamayo, exdirector de Servicio de Construcción de Obras (Secob); y Ángel Andrade, exfuncionario del Secob.

Mientras que Olga Macías, quien era la la encargada de efectivizar los documentos financieros de la supuesta organización delictiva, tiene arresto domiciliario.

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