La estrategia de seguridad del Ejecutivo, en manos de la Corte

Abogados y organizaciones sociales cuestionan los decretos sobre porte de armas y sobre terrorismo. Cuatro demandas se han presentado sobre el primero.

Entre abril y mayo de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso publicó dos decretos ejecutivos para contrarrestar los efectos de la crisis de seguridad y violencia que atraviesa Ecuador.

El Primer Mandatario ha planteado, como componentes principales de la estrategia de seguridad, el porte de armas para civiles y facultar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que combatan las acciones terroristas.

El 30 de abril inician arreglos en la avenida León Febres Cordero, en La Aurora

La primera medida, todavía no se está aplicando porque se están ajustando procesos para que los civiles puedan acceder a las armas de fuego. Mientras que la lucha contra el terrorismo, según las FF. AA. ya está en ejecución y ha dejado buenos resultados.

Solo en Guayas, entre abril y mayo, las Fuerzas Armadas han realizado:

1.383 operaciones que han permitido la aprehensión de 70 personas, la mayoría perteneciente a grupos criminales.

Además, en esta provincia, que es una de las más violentas del país, los militares han decomisado 49 tacos de dinamita, 10 cápsulas detonantes y 13 metros de mecha detonante, elementos que se usan para los atentados terroristas.

Decretos cuestionados

Pese a estos resultados y la proyección del Ejecutivo sobre la eficacia de estas medidas, hay sectores del país que se oponen a los decretos.

La vía elegida por abogados y organizaciones sociales es la Corte Constitucional (CC), con el objetivo de que los decretos sean declarados inconstitucionales y, por lo tanto, no tengan validez.

El porte de armas

Hasta el 10 de mayo de 2023, en el registro de la Corte Constitucional (CC) aparecen cuatro acciones públicas de inconstitucionalidad contra el decreto sobre el porte de armas para civiles.

Las dos primeras demandas fueron presentadas, por dos grupos de abogados. Los juristas, entre los que resalta Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, plantean la inconstitucionalidad del artículo 1, que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal.

Pero -además- apuntan al Acuerdo 145 del Ministerio de Defensa, con el que se instrumentalizó lo decretado por Lasso.

Otra acción es impulsada por Andrés Campaña, Elsa Guerra y Rodrigo Vallejo. Piden que se declare la inconstitucionalidad de los artículos primero y tercero (numeral 7), así como las disposiciones reformatorias primera y segunda.

Además de la declaratoria de inconstitucionalidad, los demandantes piden que, mientras dure el trámite del caso, el decreto ejecutivo sea suspendido de manera provisional.

La última demanda se presentó el 27 de abril de 2023. El demandante es el abogado Gabriel Pereira, quien también cuestiona el artículo 1 y la disposición reformatoria primera, que se refiere a los requisitos para el porte de armas para civiles.

Pereira pide que se dejen sin efecto estos apartados y que la Asamblea tramite una ley para regular el porte de armas para defensa personal.

Terrorismo

Hasta el 10 de mayo de 2023, no se han presentado demandas de inconstitucionalidad al decreto que viabiliza la intervención de las FF. AA. en la lucha contra el terrorismo.

No obstante, al menos dos organizaciones sociales han mostrado públicamente su descontento por esta iniciativa gubernamental y han adelantado que acudirán a la Corte Constitucional.

La noche del 8 de mayo de 2023, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), aseguró que el decreto es muy general y que existe el riesgo de que la protesta social sea asumida como terrorismo, de manera que las Fuerzas Armadas estén facultadas a la represión.

Esa visión la comparte la Unión Nacional de Educadores (UNE). En un comunicado, la organización expuso que "quieren convertir en un recurso fácil para justificar la represión y la criminalización de la lucha social contra quienes se oponen a su política".

Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, explicó que eso no es posible porque, tanto en el decreto ejecutivo como en la declaratoria previa del Consejo de Seguridad (Cosepe) se aclara que la lucha contra el terrorismo está anclada, únicamente, al crimen organizado.