Las Fuerzas Armadas coordinarán con el SNAI la implementación de cárceles diferenciadas para policías y militares que sean procesados por la lucha contra el terrorismo.
Cinco días después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo como amenaza contra el Estado, el 3 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 703 con los lineamientos para combatir este fenómeno.
Este corto documento tiene cinco artículos, que van desde la disposición a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que comanden la lucha contra el terrorismo hasta la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas.
Sin embargo, el documento está redactado en términos generales y deja dudas sobre cómo serán los procedimientos de lucha antiterrorista.
PRIMICIAS envió un cuestionario al respecto al ministro de Defensa, Luis Lara, quien respondió que este tipo de operaciones, por su naturaleza, no se pueden anunciar.
Por esta razón, el Ministerio de Defensa "expidió una directriz militar de carácter secreto" para detallar las operaciones antiterroristas.
Este documento "marca las pautas para la actuación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsable de las operaciones militares y de los grupos especiales que combatirán al terrorismo".
Lara explicó que al tratarse de operaciones militares de defensa a la soberanía, estas son reguladas por normativas internacionales que establecen protocolos distintos a los que se usan contra delincuentes comunes.
"Frente a la amenaza de grupos de delincuentes fuertemente armados, que han cometido masacres o colocado bombas, con el propósito de aterrorizar a la población y atentar contra la democracia, la respuesta debe ser de contundente", dice el ministro Lara.
Esta respuesta provendrá de equipos especializados en la lucha antiterrorista y contraterrorista. De lado de las Fuerzas Armadas, esta labor recaerá sobre el Grupo Especial de Operaciones (GEO).
"Frente a la amenaza de grupos que han cometido masacres o colocado bombas, con el propósito de aterrorizar a la población (...) la respuesta debe ser de contundente".
Luis Lara, ministro de Defensa
Todas las armas contra el terrorismo
Tras la reunión del Cosepe del 27 de abril de 2023, Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, dijo que además de la declaratoria del terrorismo como amenaza, se resolvió recomendar a Lasso que en el decreto faculte a las FF.AA. a usar armas letales contra los terroristas.
Sin embargo, en el decreto ejecutivo 703 no se hizo ninguna referencia al uso de armas letales.
En el artículo 2 del documento, el Presidente únicamente ordenó al Comando Conjunto que "inicie de inmediato las acciones para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición".
Lara explica que "esto se refiere a todo el poder militar". Para esta disposición, explica, se tomó en cuenta que los grupos terroristas poseen armas de alto poder, explosivos y sofisticados equipos tecnológicos.
Por esta razón, los equipos contraterroristas de Fuerzas Armadas utilizarán todo el armamento disponible, para dar respuesta a esa amenaza.
Además, las autoridades militares coordinarán con el Ministerio de Finanzas para la adquisición de "equipos, tecnologías y medios adicionales para enfrentar y neutralizar la amenaza".
Cárceles para policías y militares
Dentro del decreto ejecutivo, es el artículo 3 el que mayores dudas ha generado, al interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Este apartado dispone al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que tome previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones antiterroristas, sean procesados penalmente y encarcelados.
PRIMICIAS conversó -de manera extraoficial- con dos oficiales de la Policía y dos de las Fuerzas Armadas. Los oficiales coinciden en que esta disposición genera dudas, pues se podría entender que no hay claridad ni garantías de las implicaciones legales para los uniformados.
André Benavides, abogado constitucionalista, considera que este artículo es innecesario. Ya que, tanto el Código Integral Penal (COIP) como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, establecen los protocolos bajo los que los uniformados deben actuar.
Sin embargo, Lara explica que si bien las normas ya consideran estos protocolos y garantizan la seguridad de personal uniformado en eventuales procesos legales, estas no se están aplicando.
Por lo que, con el decreto lo que se hace es disponer a las Fuerzas Armadas que coordinen con el SNAI la organización e implementación de cárceles diferenciadas para militares y policías.
Estos centros de detención se utilizarán cuando, en cumplimiento de operaciones militares, se produzca algún hecho que derive en procesos penales. Además de los uniformados que reciban órdenes de prisión preventiva o sean detenidos.
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