El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, reveló el lunes 21 de octubre de 2019 que emitió una directiva para “afrontar la insurgencia en el país”, que este mes vivió 11 días de protestas sociales de una violencia nunca antes vista.
“Ya se emitió la semana pasada una nueva directiva. Objetivo concreto: afrontar la insurgencia en el país“, dijo sin más detalles en un discurso en el que habló sobre la crisis que atravesó el país entre el 3 y 13 de octubre.
El gobierno y los líderes del movimiento indígena atribuyeron los altos niveles de violencia a grupos infiltrados en las protestas, y el Ejecutivo incluso apuntó su dedo acusador a la oposición que encabeza el expresidente Rafael Correa (2007-2017) con el supuesto apoyo de Venezuela.
En la ola de protestas, en la que miles de indígenas tomaron Quito, se produjeron ataques a zonas petroleras, encapuchados incendiaron el edificio de la Contraloría, quemaron vehículos en las vías y hubo una larga serie de saqueos a empresas privadas y públicas, además de una paralización del país por las manifestaciones tanto de indígenas como de opositores políticos.
“No puede existir justificación alguna para que se ataque a la población, a las áreas estratégicas y que se quiera destruir el Estado. No es factible ni permitido que exista un pensamiento, o una geopolítica internacional, que se quiera implementar en un Estado libre, independiente, que ama a su pueblo”, argumentó Jarrín sobre esos ataques.
Sobre el comportamiento del estamento militar, el ministro aseguró que en las jornadas de protestas hubo disciplina, coraje y cohesión en las Fuerzas Armadas, que actuaron en apoyo a la Policía, si bien insistió en que las leyes no están lo suficientemente adecuadas para este tipo de acciones y merecen ser enmendadas.
Para el ministro, tras el acuerdo alcanzado por el gobierno y los indígenas, “Ecuador ganó porque no se quebrantó el orden constitucional, porque tienen unas Fuerzas Armadas profesionales, que respetan el orden constituido y la democracia”.
Insistió en la necesidad de reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas a través de nuevas leyes para superar “10 años de destrozos de la institución”, en alusión a la década de gobierno de Correa en los que reestructuró las filas militares.
La gravedad de la ola de protestas condujo al gobierno a declarar el 12 de octubre el toque de queda y a militarizar el distrito metropolitano de Quito, si bien las Fuerzas Armadas no arrestaron a civiles cuando al población desoyó la ordenanza.
En el acto público, Jarrín estuvo acompañado por el nuevo jefe del Comando Conjunto, general Luis Lara, y del flamante comandante del Ejército, Luis Altamirano, ambos nombrados la semana pasada, dos días después de que terminaran las protestas.
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