De madrugada, Lasso cesó a la Asamblea y se jugó la última carta

El decreto de muerte cruzada, con el que presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, tomó por sorpresa a los legisladores e incluso los colaboradores cercanos del Gobierno, que confiaban en que Lasso lograra salir victorioso del juicio político.

Tras presentar sus alegatos ante la Asamblea por el caso de un presunto peculado en la empresa pública Flopec, Lasso salió escoltado por su seguridad y algunos secretarios de Estado, para regresar a Carondelet. Eran cerca de las 14:20 del 16 de mayo.

Una vez en su despacho, Lasso se reunió a puerta cerrada con los ministros de Gobierno, Henry Cucalón; del Interior, Juan Zapata; de Defensa, Luis Lara; y de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique.

También convocó al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral.

Analizaron el debate en la Asamblea, que había iniciado a las 10:55 del martes con las intervenciones de los legisladores interpelantes, la correísta Viviana Veloz y el socialcristiano Esteban Torres.

Ambos defendieron con beligerancia sus posturas sobre el juicio político y calificaron a la muerte cruzada de ser solo amenazas presidenciales que Lasso no podría cumplir.

Cerca de las 16:30, el Pleno de la Asamblea se instaló de nuevo para escuchar a los 39 asambleístas que habían pedido la palabra.

El fuego cruzado continuó en la Asamblea y el presidente Lasso perdía la esperanza de conseguir votos suficientes para impedir que lo destituyeran.

Mientras tanto, los asambleístas terminaron la sesión del pleno a las 22:00, confiados en continuar el miércoles 17 con las réplicas de 30 legisladores más.

Al finalizar la noche del 16 de mayo, Lasso se les adelantó y puso sobre su escritorio el Decreto Ejecutivo 741, cuya firma disolvía la Asamblea Nacional por primera vez en la historia de Ecuador.

El mandatario estaba seguro de que la confrontación política con el Legislativo estaba lejos de terminar, aún si el juicio político no prosperaba, lo que iba a impedir la aprobación de leyes como la reforma tributaria, que había llegado a la Asamblea el 11 de mayo.

De inmediato, Lasso convocó a su equipo de comunicación al Salón Amarillo de la Presidencia para grabar una cadena nacional para anunciar la muerte cruzada.

El reloj marcaba las 01:30 del 17 de mayo y el decreto se puso en marcha para que la Policía bloqueara el ingreso de funcionarios a la Asamblea a primera hora del día, con el fin de evitar que los legisladores se atrincheraran en sus oficinas.

A las 05:30, los primeros empleados de limpieza que llegaron al Parlamento lo encontraron cerrado y militarizado: La orden era que nadie podía ingresar.

Una hora y media después, la cadena nacional salió al aire y el país amanecía sin Asamblea Nacional.

En el Legislativo

La muerte cruzada era la última carta presidencial en el pulso con la Asamblea. Hasta el martes 16, el equipo de Lasso sostenía un proceso de negociación para conseguir el respaldo de varios legisladores en contra de la destitución.

De hecho, Lasso insinuó en su discurso que tenía los votos necesarios para evitar el colapso.

Pero 11 votos de Pachakutik a favor de Lasso no fueron suficientes. Además, el Gobierno desconfió de legisladores que aparentemente comprometían su respaldo, pero podían votar finalmente por la destitución del Presidente.

La oposición necesitaba 92 votos. El entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había conseguido 96 al ser reelegido el fin de semana en las elecciones internas de nuevas autoridades del Legislativo.

El exasambleísta independiente, Fernando Villavicencio, aseguró que se enteró a las 23:00 del cambio de decisión de Lasso.

El Gobierno carecía de un bloque parlamentario fuerte y se encontraba en medio de un clima de "conspiración constante", dijo Villavicencio.

"Once legisladores de Pachakutik firmaron contra la destitución, además de la posición de legisladores de la Izquierda Democrática", señaló Villavicencio.

"Hasta ayer (16 de mayo), a las 22:00, había más de 50 votos en contra de la destitución".

Fernando Villavicencio.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, fue lacónico en la rueda de prensa del miércoles respecto a cómo se decidió decretar la muerte cruzada.

"Los votos siempre se cuentan al final", repitió y agregó que "la decisión obedece a una razón de Estado y la base es el sentido de oportunidad y conveniencia".

Cucalón coincidió en que una "oposición irracional e intereses inconfesables" ganaron peso al momento de valorar la aplicación de la muerte cruzada como un "acto de gobierno", amparado por la Constitución.

Así, la pugna de poderes se zanjó con un inesperado desenlace, que obligará a los ecuatorianos a volver a las urnas en 90 días para elegir al nuevo Presidente de la República y a 137 nuevos asambleístas.

Quienes resulten electos en estos comicios anticipados se quedarán en el cargo solo hasta mayo de 2025, luego tendrán que asumir las nuevas autoridades que resulten escogidas en las elecciones generales.