Las protestas se radicalizaron el jueves 26 de septiembre de 2019, durante el tercer día de paro de actividades en la provincia. Hay reportes de violencia de parte de los manifestantes y de represión policial.
En Tulcán las actividades comerciales están paralizadas, las clases suspendidas y en el centro de la ciudad reina el caos debido a los enfrentamientos entre policía y manifestantes.
El puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia, permanece cerrado. De igual forma, el sur de la provincia permanece bloqueado en la zona de Mascarilla, que une Carchi con Imbabura.
Allí, la vía E-35 se encuentra obstaculizada por maquinaria pesada del Consejo provincial y de los cantones de Mira, Espejo y Bolívar, cuyos alcaldes respaldan la medida de hecho.
El prefecto, Guillermo Herrera, es una de las autoridades que lidera las protestas, junto a los alcaldes de la mayoría de cantones de la provincia. Este jueves se sumaron a las protestas los estudiantes y también plegaron al paro los directivos de las tres principales cooperativas del taxismo formal.
Durante la mañana hubo fuertes enfrentamientos con piedras, palos, botellas plásticas y bombas lacrimógenas entre manifestantes que intentaban llegar hasta el edificio de la Gobernación de Carchi y las fuerzas del orden que trataban impedirlo.
La estructura resultó afectada como resultado de los incidentes.
Un total de 13 personas, incluido un menor de edad, fueron detenidas tras los incidentes del miércoles por la noche y los ocurridos el jueves.
El alcalde de Tulcán, Chistian Benavides, denunció la presencia de infiltrados en las protestas y dijo que responderían a supuestos intereses políticos. “No permitiremos que nuestros jóvenes sean maltratados”, advirtió.
En tanto, el prefecto, Guillermo Herrera, presidente de la Asamblea Provincial del Carchi, exigió la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, “una autoridad con poder de decisión”, dijo, a fin de presentarle los pedidos.
Además, instó a la ciudadanía a sumarse a las marchas hasta que el gobierno atienda los requerimientos. Que son los siguientes:
Demandas de la Asamblea Provincial:
- Entrega de un fondo de USD 250 millones para agua potable y saneamiento.
- USD 100 millones para mantenimiento y mejoramiento vial por cinco años.
- Ampliación de la Panamericana Norte entre Rumichaca y el cantón Bolívar.
- Declarar a Tulcán como zona franca.
- Reducción del IVA al 6% en esa provincia.
- Moratoria definitiva del uso de suero de leche.
- Renuncia del gobernador del Carchi, Edin Moreno.
- Eliminación definitiva del pago del Impuesto a la Renta en toda la provincia.
Romo: “Los pedidos no son reales ni realistas”
La ministra de gobierno, María Paula Romo, dijo que el mantenimiento de las vías es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados y señaló que el gobierno no tiene posibilidad de comprometer USD 100 millones para la provincia.
“Esto no es algo real ni realista, más aún cuando la concesión vial de la E-35 (Panamericana Norte) se renegoció en junio de este año”, precisó.
Sobre la reducción del IVA dijo que no es posible tener impuestos diferenciados porque el Ecuador es un estado unitario.
En cuanto al resto de pedidos, dijo que ya se encuentran resueltos.
Intercambio de “rehenes”
Durante la tercera jornada de paralización se registraron enfrentamientos en el centro de Tulcán. Twitter / @paolyandrade
El Comité Provincial designó a los asambleístas René Yandún y Javier Cadena para que tomen contacto con las autoridades nacionales, a fin de lograr que el vicepresidente viaje a Tulcán para escuchar los pedidos.
Yandún se reunió esta tarde en el ECU-911 de Tulcán con autoridades del Gobierno para negociar un “intercambio de rehenes”: la salida de los manifestantes retenidos en las protestas, a cambio de la liberación de un supuesto infiltrado del régimen en los disturbios de este jueves.
Fuentes cercanas a las autoridades provinciales dijeron a PRIMICIAS que hay conversaciones informales entre el Gobierno y los asambleístas designados para negociar.
No obstante, al momento las posiciones se mantienen distantes: el régimen se niega a enviar una comisión al Carchi mientras no se deponga la medida. En cambio, el Comité Provincial quiere que viajen las autoridades.
Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Carchi, cada día de paralización representa una pérdida de USD 1,5 millones.
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