La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Doris Soliz, refutó la versión del secretario Anticorrupción que la señala como una de las autoridades responsables de la falta de control que derivó en el cierre de la Cooperativa Coopera.
La asambleísta Doris Soliz, negó cualquier responsabilidad en el llamado caso Coopera.
Esto luego de que en horas de la mañana del 13 de agosto el secretario Anticorrupción Iván Granda y la superintendente de Economía Popular, Margarita Hernández, mencionaran a Solíz como una de las responsables de la falta de control que permitió que se cometieran delitos a través de Coopera.
Soliz argumenta que cuando asumió como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 23 de abril de 2012, ya regía la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
La Ley entró en vigencia el 10 de mayo de 2011 y creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), "que entre otras disposiciones establece la supervisión de cooperativas", agrega Solíz.
La asambleísta asegura que "mal puedo responder de supuestas negligencias o irregularidades de periodos anteriores bajo el principio constitucional de legalidad establecido en el artículo 226 de la Carta Magna".
Y agrega que lo que sucedió en el caso Coopera "son hechos ajenos a la realidad en cuanto a mi responsabilidad cuando ejercí funciones de ministra de Estado en el MIES".
Soliz argumenta que llegó al MIES cuando éste ya no ejercía control sobre la Dirección de Cooperativas.
"Bajo mi conducción, el MIES entregó la Dirección de Cooperativas a la naciente Superintendencia”, institución que empezó a funcionar el 5 de junio de 2012, dice Soliz.
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