En los primeros 23 años de paz para Ecuador, luego del conflicto bélico de 1995, el gasto militar tuvo altos y bajos. Ahora, las prioridades y las tareas de las Fuerzas Armadas han cambiado.
Este domingo 26 de enero de 2020 se recuerdan 25 años del inicio de la Guerra del Cenepa, entre Ecuador y Perú. Luego de un cuarto de siglo del conflicto, Ecuador ha incrementado su gasto militar.
El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés) documenta, año a año desde 1988, el gasto militar de cerca de 200 países del mundo. Hay datos disponibles hasta 2018.
El conteo de este organismo se presenta de tres maneras:
- Gasto en moneda local.
- Gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
- Gasto en precios referenciales de 2017.
En el caso del gasto en moneda local, Sipri advierte que Ecuador cambió su moneda en 2000 del sucre al dólar estadounidense, a una tasa de un dólar por 25.000 por lo que la conversión se hizo también con ese valor.
Como porcentaje del PIB, el organismo internacional muestra que, entre 1995 y 2018, en promedio Ecuador ha gastado el 2,37% de su Producto Interno Bruto (PIB) en asuntos militares.
En estos 24 años hubo picos hacia arriba y hacia abajo en el gasto.
- En 16 años el valor se mantuvo en el 2%.
- Solo en cinco años el valor bajó, siendo el año 2000, con 1,5%, el más bajo, teniendo en cuenta que en ese año el país se dolarizó luego de una crisis económica grave.
- En tres años, en cambio, el gasto militar subió más del 3%: 2009, 2010 y 2011. En estos años, durante el Gobierno de Rafael Correa, la economía ecuatoriana creció, debido al boom del precio internacional del petróleo que, en promedio, bordeaba los USD 100 por barril.
Es decir, en cuanto a la inversión de acuerdo al PIB, el gasto militar se ha mantenido estable, con ciertos picos, dependiendo de la coyuntura económica.
Pero, en número absolutos sí se observa un incremento, según el Instituto de Estocolmo. La organización comparó el gasto de cada año y lo adecuó a los precios referenciales de 2017.
En otras palabras, si Ecuador en 1995 compró un helicóptero, el Sipri consultó el precio de una aeronave de las mismas características en 2017 y adecuó los gastos a esos valores referenciales para que haya una comparación real.
En esta comparación se evidencia que desde 2007, con la llegada de Correa y el boom petrolero, la inversión crece exponencialmente hasta 2014, cuando empieza a descender nuevamente.
La variación entre 1995 y 2018 es del 37,31% de crecimiento.
Para contrastar esta información con las cifras oficiales, PRIMICIAS hizo pedidos de entrevistas con el ministro de defensa, Oswaldo Jarrín; y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara; desde el 13 de enero. En ninguno de los dos casos hubo respuesta.
Cambios normativos
Desde que estalló la Guerra del Cenepa, la defensa nacional ecuatoriana ha vivido varios cambios.
Con el retorno a la democracia en 1979 y con las normas expedidas por los gobiernos civiles hasta 1992, los militares habían ganado una independencia total basada en tres puntos:
- Mitigar la intervención política civil en las instituciones castrenses.
- Minimizar el rol del Ejecutivo y del Legislativo en los asuntos de seguridad y militares.
- Mantener en secreto el presupuesto militar.
Incluso, durante los años 80, 90 y los inicios del nuevo siglo, era el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la institución que emitía la política de defensa sin ningún control civil.
Pero luego de finalizado el conflicto armado con el Perú, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se quedaron sin una misión específica.
Es así que en 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa, se dio paso a la creación del Libro Blanco de la Defensa para delinear las funciones de la milicia.
Este documento se construyó con base en tres ejes de acción de las FF.AA., siendo la primera vez que se habla de la labor urbana:
- Militarización de las zonas afectadas por el conflicto en Colombia.
- Criminalización de los grupos desplazados por ese conflicto.
- Cooperación de la seguridad.
El Libro se actualizó en 2006, durante la administración de Alfredo Palacio. En esa ocasión se delimitaron cinco ejes de trabajo:
- Ejercer control efectivo del territorio nacional.
- Proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional.
- Prevenir y defender al país ante cualquier tipo de agresión.
- Asistir en situaciones emergentes, desastres naturales y situaciones de crisis.
- Contribuir con la comunidad internacional al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, en el marco de la ONU.
Bajo estos lineamientos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tomaron el control de Manabí y Esmeraldas y encabezaron las labores durante la emergencia por el terremoto de abril de 2016.
Finalmente, en 2019, bajo el actual Gobierno, se realizó la última actualización de la política de defensa nacional. Al igual que en la edición de 2006, Oswaldo Jarrín estuvo a cargo del documento como Ministro de Defensa.
Los puntos en los que ahora se enfocan las FF.AA. son:
- Ejercer el control efectivo del territorio nacional.
- Apoyar a las instituciones en la protección de la población.
- Fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.
- Contribuir a la cooperación internacional.
- Contribuir al desarrollo nacional.
Contra la insurgencia
Pese a que la política de defensa fue actualizada recientemente, luego del paro de octubre de 2019, la labor de las Fuerzas Armadas empezó una nueva reingeniería.
El Ministerio de Defensa emitió una directiva que complementa el Manual de Derecho redactado en 2014, en el que se detalla el uso progresivo de la fuerza para las operaciones militares en las calles.
El objetivo de la nueva directiva, según el ministro Oswaldo Jarrín, es controlar los grupos insurgentes que se evidenciaron en las protestas.
Bajo ese paraguas legal, el 12 de diciembre de 2019, el Ministerio de Defensa firmó tres contratos con empresas norteamericanas. El valor bordea los USD 3,6 millones.
El objetivo es adquirir material no letal para operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia. El material existente es insuficiente o está caducado, dice la versión oficial.
Entre otras cosas, se adquirieron proyectiles tipo perdigón, gas lacrimógeno, escopetas, máscaras antigás. También está pendiente la compra de trajes antimotines.
Esto se suma a los USD 101,9 millones que Defensa gastó en 19 meses para equipamiento militar.
Además, para completar la actualización de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo ha presentado dos proyectos de ley que están en diferentes etapas en la Asamblea:
- Proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas (Revisión en Comisión para Primer Debate). Presentada en agosto de 2019.
- Proyecto de Ley del Código Orgánico de Seguridad del Estado (Revisión en Comisión para Primer Debate). Presentada en octubre de 2018.
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