Según la directora de la entidad, María Sara Jijón, la mayoría de las denuncias tiene relación con falsificación de documentos. Le siguen cohecho, fraude, peculado y tres específicas sobre manipulación del sistema.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha presentado 29 denuncias, en lo que va de 2022, por irregularidades en los procesos de contrataciones públicas, según informó su directora general María Sara Jijón.
"La mayoría tiene relación con falsificación de documentos y uso de documentos falsos, cohecho, fraude, peculado y tres específicas con manipulación de sistema", detalló en entrevista con Teleamazonas.
La funcionaria recordó que el Sercop recibe alertas ciudadanas, incluso de proveedores del Estado que se sienten afectados por eventuales malas prácticas en las contrataciones públicas.
No obstante, aclaró que no siempre son por actos de corrupción, también por acuerdos entre varios proveedores "para dividirse el pastel entre ellos", y que otros actores no participen en los procesos. "Esto no sucede siempre", enfatizó.
Señaló que la irregularidad que más comenten algunos proveedores en las compras públicas es la falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Esto, "para justificar experiencia que no tienen y participar en los procedimientos".
En 2021, las compras públicas representaron USD 5.320 millones en más de 3.600 entidades contratantes, entre Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), entidades de las distintas funciones del Estado y empresas públicas.
Jijón dijo que son miles de procedimientos al año y es difícil determinar un porcentaje de procesos con irregularidades.
Descartó que "empresas fantasmas" accedan actualmente a estos procedimientos, como ocurrió en años anteriores. "Constituyéndose un mes antes o con un RUC que no tienen que ver con el ámbito médico", insistió.
Según explicó, la subasta inversa corporativa de medicamentos tiene exigencias en sus pliegos. Una de ellas es que las empresas deben tener tres años de vida jurídica y todas las certificaciones de la autoridad sanitaria, para participar, firmar el convenio marco y estar en el catálogo.
A finales de agosto, la Comisión Anticorrupción entregó al ministro de Salud, José Ruales, una investigación sobre presuntas irregularidades que cometen proveedores de medicamentos e insumos, que estarían perjudicando al Estado.
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