Empresa de caso Sobornos logra concesión de vía Santo Domingo-Buena Fe

El pasado 12 de agosto de 2020, con la presencia del presidente Lenín Moreno, se firmó el contrato para la concesión de la vía Santo Domingo – Buena Fe. A cargo de administrar esa vía estará por 30 años la empresa Técnica General de Construcciones (TGC), vinculada al caso Sobornos 2012 - 2016.

En un evento realizado en la provincia de Los Ríos, TGC se comprometió a ampliar la carretera de dos a cuatro carriles.

Son 113 kilómetros de vía que forman parte del corredor Quito – Guayaquil, el más importante del país. Durante 30 años la concesionaria Santo Domingo CSRD S.A. -de la cual TGC es la principal accionista- se compromete a invertir USD 559,47 millones.

Se calcula que por la carretera circulan diariamente 16.000 vehículos, y casi toda la cadena logística y comercial de Ecuador.

El contrato establece que durante los primeros tres años de concesión se deben hacer dos obras. La primera: bacheo, señalización y limpieza de la vía, lo que actualmente ya se ejecuta.

Lo segundo: la ampliación a cuatro carriles que también empezó. Luego de ello se colocarán dos estaciones de peaje: se cobrará USD 1 a los vehículos livianos, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Si se toma en cuenta la circulación diaria y los peajes que se instalarán en un año, CSRD obtendrá millonarios ingresos promedios que, sin embargo, no se definen. Está previsto que el peaje se cobre durante 27 de los 30 años de concesión.

Aunque la firma del contrato se hizo en agosto de 2020, el proceso de adjudicación se inició en octubre de 2018.

El 11 de septiembre de 2019 el entonces viceministro de Gestión del Transporte, Jorge Loor, expidió la resolución en la que se declaró al ganador de la concesión.

Aunque se presentaron cinco interesados, luego de lanzar la convocatoria internacional, solo una empresa concursó: Técnica General de Construcciones (TGC), que finalmente ganó el proceso.

Para la ejecución de la concesión, TGC creó el Consorcio Santo Domingo CSRD. Y TGC es la principal accionista.

Vínculos en caso Sobornos

TGC es una de las compañías involucradas en el caso Sobornos 2012 – 2016, en el cual fueron sentenciadas 20 personas.

En 2018, TGC reportó utilidades por USD 16.553, según el registro de la Superintendencia de Compañías. Pero su patrimonio neto es de USD 40 millones.

El caso Sobornos descubrió una red de sobornos que operó en el gobierno de Rafael Correa. Constructoras privadas, a cambio de contratos con el Estado, financiaron campañas de Alianza PAIS.

Uno de los sentenciados por cohecho a 8 años de prisión, en calidad de autor directo, fue Teodoro Calle Enríquez, quien fue presidente ejecutivo y gerente de TGC.

Según Calle Enríquez, en su declaración, TGC recibió exigencias para contribuir a las campañas de Alianza PAIS y financiar inauguraciones de obras.

En su testimonio, Calle aseguró que si no se accedía a los chantajes, los entonces ministros de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, también sentenciados, no permitirían el pago de planillas.

Calle indicó que Duarte lo llamó para presionarlo con la inauguración de la vía Y de Tababuela – San Lorenzo – Esmeraldas – Pedernales.

La exministra contestó que no hubo tal chantaje, sino que a través de la Contraloría se detectaron excesos de pagos a TGC y que esta debía enviar sus planillas para una reliquidación, pero demoró en entregarlas y por eso los desembolsos se postergaron.

Duarte, actualmente refugiada en la embajada de Argentina en Quito, dijo que en esta obra nunca hubo una inauguración.

Según la Fiscalía, entre 2011 y 2015 la empresa TGC registró 14 contratos con el Estado. Laura Terán, otra de las sentenciadas y que colaboró con la justicia, indicó que esta firma aportó con USD 300.000 al movimiento Alianza País.

Paúl Ocaña, abogado de Calle, explicó que su cliente está dispuesto a pagar la reparación integral que establece la sentencia. El monto que le corresponde a cada sentenciado es de USD 735.000.

Sobre la condena de prisión, el abogado anunció que presentarán una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

"Presentamos hace dos meses medidas cautelares ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Además solicitaremos un recurso de revisión contra la sentencia", dijo.

Ocaña cree que la sentencia podrá revocarse y aclaró que su cliente se encuentra en el país.

PRIMICIAS intentó contactarse con TGC para conocer su versión, pero no hubo respuesta.

MTOP: No hay erogación de recursos

Desde el MTOP se defiende la legalidad y transparencia del proceso. En declaraciones a PRIMICIAS, Marcelo Loor, viceministro de Gestión de Transporte, dijo que TGC no tiene responsabilidad en el caso Sobornos 2012 – 2016.

“Quien tiene imputación es un exdirectivo de la empresa, Teodoro Calle. Eso fue un tema analizado en el proceso”, aseguró el viceministro. Añadió que cuando ocurrió el trámite de la adjudicación Calle ya no tenía relación con TGC.

Esta es la segunda empresa vinculada al caso Sobornos que salta a la polémica porque tiene contratos con el Estado.

Así ocurrió con Consermin, que tiene a su cargo la vía Manta – Colisa, considerada la más cara del país y que obtuvo el contrato en el gobierno anterior. En este caso Consermin enfrenta un proceso de declaración unilateral del contrato de USD 100 millones.

Pero Loor dice que son dos casos diferentes. “Este es un proceso de delegación en que temporalmente se extienden permiso a un privado y no existe erogación de recursos fiscales”.

“El MTOP transformó procesos anteriores que solo eran erogación de recursos fiscales. Cambiamos esa matriz y reforzamos ese modelo de delegación a un gestor privado (…) Ya no es viable esa política de la gratuidad. Eso no es sostenible en el tiempo”, insistió Loor.

El funcionario aclaró que la ley no establece un mínimo de participantes en un proceso de delegación. Por eso TGC ganó el concurso, pese a que fue la única oferente.

Será el MTOP la entidad que supervise el cumplimiento del contrato durante los 30 años de concesión de la vía.