Así quedan las nuevas penas para 12 delitos, como terrorismo o narcotráfico, aprobadas por la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este 8 de julio de 2024, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de dominio que se desprendieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.

La normativa —que incrementa las penas para delitos como el sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico y producción de drogas— fue aprobado por unanimidad, con 132 votos.

Incluso, la reforma contó con los votos de la bancada de los integrantes de la Revolución Ciudadana (RC) quienes habían criticado los textos porque consideraban que las penas no eran proporcionales y dosificadas.

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Durante el segundo debate, los legisladores hicieron una serie de observaciones al proyecto presentado. Por eso, el presidente de la Comisión Ocasional formada para tratar las reformas, Carlos Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), solicitó 48 horas para procesarlas.

Pese a ello, la comisión insistió en acoger la propuesta enviada por Daniel Noboa.

Lo único que modificó la comisión fue el artículo 7 del proyecto, sobre las penas que se aplicarán en el caso de delitos relacionados con la minería ilegal, ya sea a nivel artesanal o a gran escala, y su vinculación con actividades del crimen organizado.

Estos delitos tendrían penas privativas de libertad que van de entre 16 a 20 años, hasta de 22 a 26 años, cuando generen graves afectaciones ambientales.

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Las penas para el resto de los delitos se incrementan hasta en el triple de su extensión vigente. Los incrementos más radicales son las penas máximas para el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada, con 16 y 17 años de incremento, respectivamente.

Las otras reformas

El documentos aprobado por la Asamblea también incluye reformas relativas a:

• Las personas sentenciadas por delitos asociados al crimen organizado, narcotráfico, extorsión, tráfico de influencias o testaferrismo, entre otros, deberán cumplir su sentencia completa en prisión, sin posibilidad de acceder al régimen semiabierto o abierto.
• Se sancionará con prisión la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La persona que las posea será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
• Las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser utilizadas por las fuerzas del orden, Policía y Fuerzas Armadas.
• Se simplifica el procedimiento para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o no justificado.

¿Qué viene ahora?

La normativa deberá ser enviada al Ejecutivo para que el presidente se pronuncie aceptando lo aprobado por la Asamblea, o vetando total o parcialmente la normativa, previo a su publicación en el Registro Oficial.