Errores en las actas, una de las causas del retraso del proceso en Guayas

Las actas rezagadas o con novedad, como las ha catalogado el Consejo Nacional Electoral (CNE), no son necesariamente actas impugnadas o que tengan irregularidades graves. 

Simón Jaramillo, de Corporación Participación Ciudadana, lo explica así: “Son aquellas que se dejan para el final, por ejemplo, por inconsistencia por la falta de una firma de un vocal, error de una suma, un dato en números y otro en letras”. 

En Guayas, la provincia con el mayor número de electores, después de que el sistema informático escaneó las actas, determinó que 1.800 tenían alguna de las inconsistencias descritas.

Pero 1.800 significa el 20% del total de actas que tiene la provincia.

Según el presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, Julio Candell, 297 fueron por inconsistencias de firmas y 1.503 fueron numéricas. 

“Las de firmas, en presencia de todos los delegados de los sujetos políticos, fueron abiertas, sólo un 20% se logró encontrar las firmas, por ende el otro 80% se unió al gran grupo de actas por inconsistencia numérica”, afirma Candell. 

“El que exista un 20% de actas con inconsistencias llama la atención, no por el número, sino por lo que porcentualmente significa, cuando normalmente ha sido del 12%”, dice el exconsejero electoral Fausto Camacho.

Parte del problema pudo haberse causado porque varias de las mesas electorales se instalaron el 7 de febrero con otros miembros que no fueron capacitados, porque los titulares no acudieron al llamado.

“Si no fueron los principales, ni los suplentes, ahí podría estar la explicación, porque actuaron personas que no estuvieron capacitadas, aunque es un proceso muy simple”, añade Camacho.

PRIMICIAS solicitó esa información al Consejo Nacional Electoral, y se comprometió a entregarla, pero hasta el cierre de esta edición, no se recibieron los datos. 

“El CNE debería tener la capacidad de diseñar bien las actas. Así, cuando se escanean, se debería saber quiénes asistieron y quiénes no. Las actas deberían tener un código de barras, con el número de cédula de las personas de la Junta Receptora del Voto, algo que antes sí se hacía y que daba mayor transparencia”, agrega Camacho. 

Pero ¿por qué sucede solo eso en Guayas? se pregunta el exconsejero electoral, "cuando en Pichincha había sólo alrededor de 800 actas con inconsistencias”. No hay una respuesta clara y sólo se tendrá que esperar hasta el final del proceso.

De ahí que él está de acuerdo en que se publiquen las actas del escrutinio, tal como lo establece el artículo 127 de la Ley de la Democracia. 

El problema es que en elecciones apretadas como esta, todo adquiere una relevancia mayor. 

“Cuando se tiene una elección normal, es decir, que hay una diferencia de 4 o 6 puntos entre candidatos, las actas que impugnen cambian en uno o dos puntos el resultado final, no hay mayor problema”, explica Simón Jaramillo, de Corporación Participación Ciudadana.

Resultados apretados en otras elecciones

Algo similar a lo que ocurre ahora, pasó en la segunda vuelta de las elecciones de 1998, entre Jamil Mahuad (51,2%) y Álvaro Noboa (48,8%). Sólo los separaban 2,4%, casi 82.000 votos. 

En las elecciones presidenciales de 2017, Lenin Moreno llegó a Carondelet con el mismo resultado electoral contra su contrincante Guillermo Lasso. 

“Guayas siempre ha tenido un número importante de actas rezagadas por el tema del tamaño, pero habría que analizar por qué ha habido más en estas elecciones”, dice Jaramillo.

Después de cinco días de escrutinio, la Junta Provincial Electoral del Guayas finalmente procesó todas las actas, pero sigue en el centro de la disputa. 

Su peso electoral y las actas con inconsistencia han llevado a sentar frente a frente a los dos candidatos que están en la pelea por el segundo lugar para el balotaje de abril.

En ese encuentro se decidió revisar el 100% de la votación de Guayas, incluidas las actas con novedad que ya se habían revisado.

“No es necesariamente posible una apertura indiscriminada de todo; la ley establece cómo, cuándo y en qué casos”, explica Jaramillo. 

Más allá de los ánimos de transparencia, los analistas coinciden en que todas las decisiones deberán ser solventadas en la ley, para evitar impugnaciones posteriores. 

“Si mañana la autoridad toma una decisión en contra de norma expresa, esa decisión puede ser impugnada y deslegitimar todo el proceso”, dice Jaramillo.