Ecuador podría estrenar la novena Corte Nacional de Justicia desde 1979, año del retorno a la democracia, una vez que concluya el proceso de evaluación a los jueces que integran el organismo y el Consejo de la Judicatura designe a los nuevos para reemplazar a quienes no alcancen el puntaje mínimo. El Comité calificador de los actuales funcionarios debe terminar su tarea a finales de septiembre de 2019.

En teoría, la administración de Justicia debe ser independiente de los otros poderes del Estado, pero en Ecuador ha estado sujeta a los vaivenes políticos.

Desde la Corte nombrada por los “patriarcas de la componenda”, como llamó -en 1979- el presidente Jaime Roldós al pacto de mayoría que controlaba la entonces Cámara Nacional de Representantes hasta la “metida de mano” de Rafael Correa, la Justicia ha estado supeditada al poder político.

Esta ha sido la tónica de los últimos 40 años, aunque hay una diferencia: cuando el Congreso nombraba los jueces supremos el reparto respondía a la lógica de las mayorías legislativas. En los tiempos de la llamada “revolución ciudadana”, un solo grupo político, Alianza PAIS, dominó la justicia.

A puertas de que el Consejo de la Judicatura evalúe a los jueces y conjueces nacionales y reemplace a quienes no alcancen la calificación mínima para continuar en sus cargos, vale realizar un viaje en el tiempo para recordar cómo se nombraron las anteriores Cortes.

Los “patriarcas de la componenda”

La Constitución aprobada en 1978 facultaba a la Cámara Nacional de Representantes (hoy Asamblea Nacional) designar la Corte Suprema de Justicia.

El líder del CFP, Assad Bucaram, negoció el reparto de la Corte con los partidos Conservador, Liberal, PSC, ID, Socialismo: los “patriarcas de la componenda” como los llamó el entonces presidente Jaime Roldós. El conservadurismo se quedó con la mayoría de jueces (31,25) seguido del CFP (18,75).

Los jueces tenían un periodo de cinco años y podían ser llamados a juicio político. Los presidentes duraban dos años y se elegían de entre los miembros de la Corte. A su turno lo fueron: Armando Pareja (1979-1981), Gonzalo Zambrano (1981-1983) y Carlos Pozo (1983-1984).

Tanques de guerra rodean a la Corte

En 1984, León Febres-Cordero (PSC) asumió la presidencia de la República, pero en el Congreso dominaba el frente de centroizquierda liderado por Raúl Baca (ID), partido que obtuvo mayor representación en la Corte (33,8%), seguido del PSC (12,67). Las otras fuerzas políticas tuvieron cuotas menores.

Los jueces designaron presidente a Gustavo Medina (ID), lo que enfureció al Ejecutivo que envió tanques de guerra a rodear la Corte para evitar que los magistrados asuman los cargos.

La crisis se resolvió por la vía de una negociación política que reemplazó a Medina por su coideario Gonzalo Córdova, quien ejerció dos años hasta que fue relevado por Germán Carrión.

Una reforma constitucional bajó a cuatro años el periodo de los jueces.

La Corte enjuicia a Febres-Cordero

Rodrigo Borja (ID) ganó la elección presidencial de 1988 y su partido logró la mayoría de curules en el Congreso. Un acuerdo legislativo con la Democracia Popular (DP) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI) renovó totalmente la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo dominó el reparto con un 42,25% de los jueces, la DP alcanzó el 25%, el PSC con el 11,26%, lo mismo el PRE, al FADI le correspondió un 6,25% y el resto de partidos del 5% hacia abajo.

La Corte se posesionó sin problemas y los magistrados ejercieron cuatro años. En secuencia la presidieron Ramiro Larrea (1988-1990) y Walter Guerrero (1990-1993).

Hubo un momento de alta tensión política cuando Larrea enjuició al expresidente Febres-Cordero por un supuesto pago irregular de USD 150.000 a Ran Gazit, un asesor israelí contratado para colaborar en la lucha contra la guerrilla de Alfaro Vive Carajo (AVC). El caso fue sobreseído en 1990 por la Corte Suprema de Justicia.

El pacto de la ‘regalada gana’

Una reforma a la Constitución amplió el periodo de los jueces a seis años y estableció la renovación secuencial de tres magistrados cada dos años. Se crearon cinco salas especializadas por materia y los jueces aumentaron de 16 a 31.

Las dos salas de lo Penal se convirtieron en objetivo del PSC. El 20 de enero de 1993 se renovó íntegramente la Corte.

Para entonces Sixto Durán Ballén, Partido Unidad Republicana (PUR), era presidente de la República. El PSC era la primera fuerza política en el Congreso. A medio periodo, el PUR y los conservadores se unieron al PRE en el “pacto de la regalada gana”, como lo calificó su líder Abdalá Bucaram.

En la distribución de la Corte, al PSC le tocó el 45,16% de los jueces, al PRE un 22,28%, la ID tuvo que conformarse con el 10,39% y el resto de partidos con porcentajes menores. Presidieron la Corte: Francisco Acosta (1993-1995), Miguel Macías Hurtado (1995) y Carlos Solórzano Constantine (1995-1997).

“Por última vez”, el Congreso nombró jueces

Abdalá Bucaram inició su gobierno en agosto de 1996 y fue depuesto en febrero de 1997. El presidente del Congreso, Fabián Alarcón, maniobró para sucederlo en lugar de la vicepresidenta, Rosalía Arteaga.

El Ejecutivo convocó una consulta popular de la que surgió la Asamblea Constituyente que aprobó la Carta Política de 1998. Esta disponía que los magistrados no tendrían periodos fijos y que a futuro las vacantes serían designadas por un sistema de cooptación.

No obstante, el Congreso designó la Corte “por última vez”, como dijo su presidente, Heinz Moeller (PSC). La selección de los nuevos jueces fue encargada a una comisión externa que entregó una lista con 31 nombres, pero al momento de elegir el Congreso excluyó varios nominados. Un 61,29% de los jueces se identificó con el PSC, el 25,8% con la DP, Pachakutik (10%), ID (4%). El PRE no tuvo representación.

A su turno, fueron presidentes: Héctor Romero (1997-2000), Galo Pico (2000-2002), Armando Bermeo (2002-2004), Hugo Quintana (un tramo de 2004).

Motivo de escándalo fue la reunión que mantuvieron los jueces con el expresidente León Febres-Cordero, el 10 de septiembre de 2003, en Quito.

La “Pichicorte”

Auspiciado por su partido, Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez llegó a Carondelet en alianza con Pachakutik, en enero de 2003. A los seis meses echó a sus aliados y, hacia mediados de 2004, era evidente su debilidad política. Amenazado por el PSC con un juicio político, viajó a Panamá donde hizo un pacto con Abdalá Bucaram, líder del PRE.

Este partido armó una mayoría con el PRIAN de Álvaro Noboa, Sociedad Patriótica y algunos diputados independientes. En diciembre cesaron a la Corte Suprema de Justicia y nombraron una nueva. El PRE tuvo el 20% de representación y PRIAN el 16,66%.

Ramón Rodríguez presidió la Corte pocos días por revelar que Gutiérrez le propuso el cargo. En enero de 2005 fue elegido Guillermo Castro Dáger, apodado “Pichi”. La prensa bautizó a la Corte Suprema de Justicia como “Pichicorte”.

Castro declaró la nulidad de los juicios contra Bucaram. El 20 de abril una revuelta popular llevó al Congreso a destituir a Lucio Gutiérrez. Hasta ahí llegó la “Pichicorte”.

La supervisión de la OEA y la CAN

Tras asumir el cargo, el presidente Alfredo Palacio (exvicepresidente de Gutiérrez) puso en marcha el proceso para reorganizar la Corte Suprema de Justicia y creó una comisión calificadora para elegir a los nuevos jueces.

Esta llamó a un concurso de méritos y oposición. El proceso fue vigilado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Corte se posesionó el 30 de noviembre de 2005. La prensa de entonces registró que varios jueces simpatizaban con el PSC y que otro grupo se mostraba independiente. Esto hablaba de cierto equilibrio.

Presidieron la Corte: Jaime Velasco (2005-2008) y Roberto Gómez Mera (pocos meses en 2008).

Jueces designados por sorteo

En 2008, el presidente Rafael Correa convocó una Asamblea Constituyente que aprobó una nueva Constitución. Allí se cambió de nombre a la Corte Suprema por Corte Nacional de Justicia e introdujo otros cambios:

• El número de integrantes se redujo a 21,
• El tiempo de duración en el cargo aumentó a nueve años,
• Se conformaron ocho salas especializadas de tres jueces cada una,
• La designación pasó a manos del Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana.

Hasta nombrar el Consejo se fijó un mecanismo de transición entre la Corte en funciones y la que debía ser designada, mediante sorteo. De ahí saldrían los 21 jueces que estarían por un tiempo en la Corte. La mayoría rechazó el sistema y de los sorteados solo se posesionaron dos, el número se completó con tres jueces que no salieron “favorecidos” y los conjueces.

José Vicente Troya presidió la Corte Nacional de Justicia, entre diciembre de 2008 y enero 2011.

La “metida de manos en la Justicia”

En mayo de 2011, Correa llamó a consulta popular para enmendar la Constitución y “meter las manos en la justicia”, como él dijo públicamente.

Esto pasaba por cesar el Consejo de la Judicatura y nombrar uno de transición por 18 meses que se encargaría de reestructurar la Corte. Estuvo conformado por: Paulo Rodríguez, un ingeniero en electrónica que había sido director del Registro Civil; Tania Arias pasó de presidenta del Tribunal Contencioso Electoral a vocal de la Judicatura y Fernando Yavar, abogado guayaquileño.

Ellos designaron los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, mediante un concurso que, hoy por hoy, es cuestionado por Contraloría.

La enmienda también planteaba que la Judicatura definitivo se constituya por cinco integrantes postulados por el presidente, la Asamblea, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público y la Fiscalía.

En 2013 asumió el Consejo de la Judicatura definitivo con Gustavo Jalkh, ex secretario de Correa y exministro del Interior, a la cabeza. Ellos realizaron las renovaciones de jueces en 2014 y en 2017; la Contraloría también halló anomalías en estos concursos.

Los presidentes de la Corte en la última década

José Vicente Troya, del 17 de diciembre del 2008 hasta el 12 de enero de 2011.

Carlos Ramírez: 13 de enero de 2011 al 27 de enero de 2012; 27 de enero de 2012 al 27 de enero de 2015; y, 27 de enero de 2015 al 26 de enero de 2018.

Paulina Aguirre, del 27 de enero de 2018 hasta la actualidad.