Fausto Murillo: No hay dinero ni para evaluar a los jueces

El problema de la Función Judicial no es solo político y social. Es, sobre todo, económico. Al punto de que no hay recursos para hacer la evaluación de los jueces.

Lo admite el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, quien pronto dejará el cargo, cuando la justicia no solo ha sido salpicada por la delincuencia común, sino también por el narcotráfico.

Este ha sido el año de los habeas corpus. ¿Cómo administrar justicia con jueces que otorgan medidas de protección y que solo después de un largo proceso pueden ser denunciados y destituidos?

Lo hemos reconocido, hay jueces que están alineados con la corrupción y el narcotráfico y sobre ellos hay consecuencias administrativas penales.

Desafortunadamente, no podemos actuar de oficio para sancionar.

Hay una reforma del 8 de diciembre de 2020 que establece que el Consejo de la Judicatura, en las figuras de negligencia manifiesta, dolo o error inexcusable, no puede actuar de oficio, le está prohibido.

El Consejo de la Judicatura tiene que esperar una denuncia y, además, una declaración jurisdiccional previa del juez superior.

Desde la reforma de 2020 hemos recibido 560 solicitudes de declaratoria jurisdiccional; es decir, denuncias contra servidores judiciales.

Hasta la fecha han sido respondidas 58 afirmativamente, se han negado 326 y las demás están pendientes.

Lo hemos reconocido, hay jueces que están alineados con la corrupción y el narcotráfico.

¿Por qué las audiencias para los cabecillas de las bandas criminales sentenciados son sorteadas en días, mientras que otros procesados deben esperar semanas o meses?

Los sorteos se hacían de forma manual, especialmente fuera del horario, en fines de semana y feriados, que se prestaban para que algún servidor encargado de hacer el sorteo, coludido con estos intereses extraños, pudiera direccionar las causas a un juez específico.

Ahora ya no existe la posibilidad de hacer un sorteo manual. El sistema realiza el sorteo a cualquier hora, en cualquier día.

Tenemos dos jueces destituidos por haber alterado la asignación de causas, especialmente en garantías jurisdiccionales.

En Quito han sido destituidos en el caso relacionado con el exalcalde (de Quito) Jorge Yunda, y hoy están siendo procesados penalmente. No hemos tenido más incidentes que nos hayan denunciado o en los que se haya verificado que hubo manipulación. 

Hace cinco semanas destituimos al vicepresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Ecuador por una infracción relacionada con el direccionamiento de causas, de tal manera que estamos actuando.

Tenemos dos jueces destituidos por haber alterado la asignación de causas.

¿Cómo actuarán ante las nuevas amenazas contra los operadores de justicia?

Existe un protocolo en el que los jueces, fiscales y defensores que sientan amenazados, pueden llenar un formulario que está en la página web y pedir protección del Estado a través del Ministerio del Interior.

Los jueces que han pedido seguridad son alrededor de 40. Pero hay servidores que se resisten a recibir esa protección. Esa también es una realidad.

¿Hay presupuesto para la seguridad?

De 2011 a 2017 se gastaron USD 70 millones en seguridad privada para los complejos judiciales.

A partir de 2017 se terminó el dinero y la escolta judicial que existía, que fue desplazada cuando se puso al frente a las empresas de seguridad privadas, desapareció.

Hoy, por ejemplo, en Guayas tenemos en este palacio (de Justicia de Guayaquil), entre dos y cuatro policías.

Hay que dimensionar que las circunstancias han cambiado, antes no había esta explosión de bandas y de crimen organizado, frente a la reducción abismal del presupuesto.

Se asignaron USD 70 millones en esos años y nosotros ahora no tenemos ni USD 150.000 para la seguridad de 210 complejos judiciales. Por eso, si queremos cambiar la justicia, hay que invertir.

Las circunstancias han cambiado, antes no había esta explosión de bandas y de crimen organizado.

¿Y de cuánto es el presupuesto de la Función Judicial?

Entre 2011 y 2012, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, sin contar a la Fiscalía y a Defensoría Pública, era más de USD 650 millones.

En 2022 hemos terminado con un presupuesto de USD 370 millones, una gran diferencia cuando ha aumentado el trabajo.

Entran al sistema 800.000 causas, tenemos 2.000 jueces. Se despachan más de 750.000 procesos.

La Función Judicial le entrega al fisco más de USD 80 millones de autogestión, por tasas y tarifas notariales. Le he dicho al Ministro de Finanzas que al menos nos dejen invertir de ese dinero unos USD 40 millones.

Por ejemplo, Guayas necesita USD 9 millones para mejorar su infraestructura, podríamos nombrar más jueces, podríamos evaluar a los jueces.

Con una evaluación a jueces de primer nivel de tribunales penales, distritales y de cortes provinciales, se podría depurar la Función Judicial.

¿No hay dinero para evaluar a los juecess?

No, no tenemos el dinero para evaluar a los jueces.

El 91% del presupuesto se va en sueldos, el 9% nos queda para pagar arriendos, luz, servicios e infraestructura básica.

Desde 2011 hasta la fecha, el país ha cambiado, no se puede tener a la Función Judicial con un presupuesto que se va en sueldos y en servicios.

Necesitamos 500 fiscales, hemos nombrado solo 76 fiscales y para eso se necesitan USD 53 millones.

Se necesita presupuesto para evaluar y hacer concursos. Esa es la realidad de la Función Judicial.

Estamos limitados en presupuesto a pagar solo la luz y sueldos, pero nos exigen una justicia eficiente.

¿Cuándo comienzan a trabajar los jueces anticorrupción?

Los jueces ya están en las oficinas que inauguramos la semana pasada. Esa unidad empieza con carga desde cero.

La Fiscalía y la Policía estarán en los temas que son de competencia de esos jueces y pronto empezarán a llegar los casos sobre los que tienen que pronunciarse.

Hasta el momento sabemos que no ha ingresado el primer caso.

Hasta el momento sabemos que no ha ingresado el primer caso.