Fiscalía pide condena máxima para seis militares por delito de lesa humanidad en caso Alfaro Vive Carajo

La Fiscalía pidió este jueves, 18 de diciembre de 2025, la máxima pena para los seis militares en servicio pasivo, que son procesos por el presunto delito de lesa humanidad, en el caso Vaca y otros, que guarda relación con la extinta guerrilla de los Alfaro Vive Carajo (AVC).  

"La Fiscalía General del Estado solicitó que se declare la culpabilidad de los procesados por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, calificadas como crímenes de lesa humanidad, cometidas mediante el abuso del poder estatal y el uso de la estructura institucional", señaló el organismo en un comunicado.

La petición se dio en el undécimo día de la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia, en donde el fiscal subrogante, Carlos Alarcón, presentó sus alegatos finales. Los hechos que se investigan ocurrieron durante el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).

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Los militares procesados 

En el caso de los militares (sp) Luis Eduardo P. R. y Juan Raúl V. V., Fiscalía solicitó la imposición de la pena máxima de seis años de cárcel como autores mediatos de los delitos de plagio con maltratamientos, detención ilegal y arbitraria, confinamiento, tormento a persona detenida y atentado contra el pudor.

En cuanto a Manuel Marcelo D. A., Mario Ricardo A. W. y Nelson Bolívar E. G., la Institución pidió que se los declare culpables como autores mediatos del delito de plagio (desaparición forzada), constitutivo de crimen de lesa humanidad, y se imponga la pena máxima de seis años de prisión.

Sobre Fernando Ignacio R. V., Fiscalía señaló que actuó como autor directo del delito de tortura, también calificado como crimen de lesa humanidad, y solicitó que se le imponga la pena máxima de cinco años de privación de libertad.

Estas sanciones corresponden a los tipos penales previstos en el Código Penal de 1971, vigente a la fecha de los hechos.

Medidas de reparación

A su vez, la Fiscalía General del Estado recordó la vigencia de la Ley para la Reparación de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, que establece la responsabilidad objetiva del Estado en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, como el caso “Vaca y otros”.

Al no existir una reparación previa, solicitó una compensación económica por daño emergente y lucro cesante, calculada sobre la base del salario básico unificado vigente y la expectativa de vida promedio, considerando la edad de cada víctima al momento de los hechos y garantizando el principio de igualdad.

Asimismo, pidió que se declare la responsabilidad solidaria del Estado y, como medidas de satisfacción, la publicación de la sentencia y un acto público de reconocimiento de responsabilidad, con disculpas oficiales.

Finalmente, solicitó garantías de no repetición, que incluyen capacitación permanente en las Fuerzas Armadas y un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación.

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