Fiscalía General del Estado: un ente autónomo ¿sin autonomía?

El Consejo de la Judicatura se niega a devolver a la fiscal, Diana Salazar, la capacidad de conceder y dar por terminadas las comisiones de servicios de los fiscales. El Consejo argumenta que esa potestad es suya por ser la autoridad que nombra a los integrantes de la Función Judicial del país.

Las comisiones de servicios son es el motivo del más reciente “impasse” entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

Diana Salazar es cabeza de la Fiscalía General, el ente público que dirige las investigaciones e instrucciones fiscales de los procesos judiciales en materia penal, pero no tiene puede autorizar u oponerse a los pedidos de comisión de servicios de su personal, ni tampoco para nombrarlos o evaluarlos.

La comisión de servicios es una figura administrativa por la cual el funcionario de una institución pasa a prestar temporalmente servicios en otra.

Un caso que ilustra esta situación es el de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien permaneció una década en comisión de servicios fuera del Servicio de Rentas (SRI) de Guayaquil mientras se desempeñaba como asambleísta y luego como segunda mandataria. Tras renunciar por el escándalo de un supuesto cobro de “diezmos” a sus asesores intentó retornar al SRI.

Apenas llegó a la Fiscalía, Diana Salazar estableció una política de “cero comisiones de servicios”, quedaron suspendidos los traslados de personal a otros entes bajo esa figura. La idea era que los fiscales se mantuvieran en los cargos ya que hay déficit de empleados y la institución está desbordada de trabajo.

Quienes no estuvieran conformes tenían la alternativa de renunciar a sus cargos.

Pero el 22 de mayo de 2019 la Judicatura le quitó a la fiscal esa capacidad con la resolución número 68.

En su intervención, @DianaSalazarM2 señala que la autonomía de los fiscales es, además de un precepto constitucional, una condición fundamental para el correcto funcionamiento de la #FiscalíaEc y un elemento clave para investigar hechos delictivos con objetividad. pic.twitter.com/qwdR2IlFGt
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 30 de mayo de 2019

Así, el organismo de control asumió “en forma exclusiva y excluyente la potestad legal para autorizar y dar por terminadas las comisiones de servicios a favor de los servidores judiciales en todas las carreras de la Función Judicial”.

“En forma exclusiva y excluyente” es una frase de la actual Judicatura para refrendar su poder. El 2 de abril de 2019, su presidenta, María del Carmen Maldonado, la utilizó para cuestionar la designación de Wilson Toainga como fiscal subrogante, realizada por el Consejo de Participación Ciudadana entonces presidido por el fallecido Julio César Trujillo.

Para Salazar la última decisión del Consejo tuvo que ver con la molestia de algunos funcionarios de la Fiscalía que aspiran a salir de allí en comisión de servicios. Por eso, reclamó autonomía aduciendo razones legales y constitucionales. Además de cuestionar públicamente la resolución, acudió a la Judicatura para pedir a sus miembros un cambio de parecer.

Pero ¿en realidad es autónoma la Fiscalía? La Constitución de la República dice que sí, pero al mismo tiempo determina que está por debajo del Consejo de la Judicatura: el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la Función Judicial.

Por ello, la Judicatura bien puede delegar, quitar o restringir competencias a la Fiscalía y a los otros órganos autónomos que conforman la Función Judicial, como lo hizo con la resolución número 68, sostiene Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición.

A lo largo del tiempo el Consejo de la Judicatura ha entregado ciertas competencias a la Fiscalía, una de ellas fue decidir sobre las comisiones de servicios, pero ahora se la retiró.

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