La investigación de la mesa legislativa pide a la UAFE y al SRI que hagan indagaciones frente a un presunto caso de delincuencia organizada en la empresa pública.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de septiembre de 2021 su informe a la investigación alrededor de la empresa pública Flopec. Los legisladores aprobaron el documento por unanimidad, y pasará a distintas instituciones públicas para que sigan sus indagaciones.
La Comisión inició el proceso de fiscalización por pedido de la asambleísta Ana Belén Cordero (Creo-BAN). Pero, al tratarse de una empresa pública, cuyos directivos no son sujetos de juicio político, el informe será remitido a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según las conclusiones del informe, en la gestión de Flopec ha existido una clara vulneración de la Constitución y a la ley que rige el transporte de hidrocarburos en el país. También concluye que hubo “claras irregularidades dentro de los procesos de contratación pública” respecto del arrendamiento de los remolcadores y las lanchas de propiedad Flopec.
Por ello, recomienda que la UAFE analice las cuentas de la gerente de la empresa pública, Pilar Ferri, y de su círculo familiar, además de las del exfuncionario Pedro Pérez y de tres empresas relacionadas comercialmente con Flopec.
También pide al SRI que indague a las tres empresas y sus declaraciones de impuestos y pide a la Contraloría que inicie procesos de auditoría respecto del manejo de las tarifas de fletes.
El informe también recomienda a la Fiscalía que comience una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada. Este sería contra Ferri, Pérez y las tres empresas que habrían sido beneficiadas en este esquema.
Los resultados de la investigación
El primer punto de la investigación se centró en los resultados financieros de la empresa, que según sus propios datos, acumula pérdidas por USD 2,9 millones entre enero y julio de 2021.
Según el informe, esto se debe a que “se han visto beneficiados varios intermediarios petroleros y compradores de crudo ecuatoriano” con tarifas especiales. Esto perjudicaría a la empresa, a pesar de que tiene el monopolio del transporte de crudo en el país.
El segundo punto es el arrendamiento de las lanchas Verónica y Esmeralda, de propiedad de Flopec, a DLEN S.A. Estas dos lanchas fueron adquiridas a Astinave en 2015 por USD 5 millones, para el traslado de los operadores de la empresa pública.
Pero las lanchas se entregan en arrendamiento a empresas privadas, lo que causaría un perjuicio a Flopec; pues esta, a su vez, debe arrendar lanchas para el traslado de sus trabajadores. Además, la investigación revela que DLEN S.A. tiene un capital muy inferior al valor de los navíos.
El tercer punto es el arrendamiento del remolcador Provincia de Azuay, también de Flopec, a la empresa Pillotmarine S.A. Según denuncias ciudadanas recogidas en el informe, esta firma no cumplía con los requisitos para recibir el remolcador; además, tendría también un capital mucho menos al valor del navío (USD 3 millones).
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