La isla de San Cristóbal, en las Galápagos, será el vértice occidental de un triángulo de acción para luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal, dentro de un plan ecuatoriano que cuenta con apoyo logístico de Estados Unidos y que en el futuro espera involucrar también a Colombia y Perú.
Lo explica Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa.
El pequeño aeropuerto de San Cristóbal servirá, según el plan oficial, a modo de “plataforma de avanzada” para luchar contra las vías marítimas del narcotráfico.
Los otros dos vértices del llamado “triángulo de seguridad” se extienden desde el norte y sur de Ecuador, en los puertos de aguas profundas más cercanos a sus fronteras con Colombia y Perú.
“Le llamamos triángulo de seguridad porque el vértice del triángulo son las Islas Galápagos, la isla de San Cristóbal”, dijo apuntando a un mapa en su ordenador que expone las vastas zonas marítimas que sus fuerzas deben vigilar para impedir la salida de la droga con destino a los mercados europeos y estadounidense.
Dos corredores del narcotráfico pasan cerca de las Galápagos
En los últimos años, la acción de la seguridad ecuatoriana ha impedido la llegada de unas 90-100 toneladas de droga al año, aunque es imposible saber, según Jarrín, cuánto consigue salir.
En sus mapas, aparecen también marcadas con flechas los dos corredores del narcotráfico, que pasan a derecha e izquierda de las Galápagos para adentrarse en el océano Pacífico.
A diferencia de Colombia y Perú, de los principales productores de cocaína del mundo, Ecuador no tiene ni plantaciones ni laboratorios, pero la comodidad de sus costas (“no hay acantilados, son todo playas de fácil acceso”), la convierten en vía de salida de la producción de sus vecinos, dice.
La cooperación con Estados Unidos
Vigilar el espectro marítimo ecuatoriano, con una zona exclusiva económica de más de un millón de kilómetros cuadrados, sumado a la complejidad y ramificaciones del narcotráfico, es algo que ningún país puede abordar sin cooperación, destaca Jarrín.
Por ello, y tras un distanciamiento de casi diez años, el Gobierno de Lenín Moreno ha solicitado la asistencia de EE.UU., que ya coopera en la vigilancia marítima con un avión de reconocimiento Orión P-3 que llega “una o dos veces por mes” y permanece en Ecuador “entre 7 y 10 días”.
“Nos está apoyando en el trabajo de exploración aeromarítima que realizan las Fuerzas Armadas en todo nuestro espacio marítimo”,
Oswaldo Jarrín.
El ministro también apunta a la necesidad de seguimiento aéreo con fines de detección, fase en la que también interviene el sistema satelital AIS para la identificación automática de buques.
En todo este entramado, las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad desde 1978, se convierten en una suerte de portaaviones para, por un lado, prestar apoyo logístico a los aviones de reconocimiento, tanto ecuatorianos como estadounidenses, y, por el otro, para una intervención más rápida de los guardacostas.
En Ecuador, donde la Constitución de 2008 prohíbe bases extranjeras, la referencia figurativa a un “portaaviones” es de gran sensibilidad, y muchos han protestado el que fuerzas de EE. UU. puedan tener acceso de nuevo al territorio ecuatoriano, como ocurría con la base de Manta hasta 2009.
Jarrín precisa que este apoyo es de carácter logístico y táctico, porque “esta lucha exige un seguimiento permanente día y noche” y “no tenemos las ayudas audiovisuales y visuales que se necesitan”. Además, “Galápagos no opera en la noche”.
“Hemos hablado de esta estrategia, para que nos pueda mejorar las condiciones de pista en San Cristóbal (ahora es demasiado corta) y ayudar haciendo que pueda operar las 24 horas, además de un radar”, puntualiza sobre esta cooperación.
EE. UU. se comprometió a dar un apoyo y “también nos va a equipar con otro avión, para tener nuestro propio P-3. Será un avión liviano, todavía no está determinado”, agrega.
En análisis, un plan regional con Colombia y Perú
Con todas sus espinas, la cooperación estadounidense es imprescindible pero no suficiente.
“Un solo país no puede desarrollar esto porque, evidentemente, la amenaza se aprovecha de los límites de frontera y de los países“, destaca Jarrín al recordar una reciente invitación suya a Colombia y Perú para diseñar “una estrategia común en seguridad marítima”.
La propuesta se la presentó a sus colegas de ambos países en la última Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Cancún, pero aún no ha entrado en fase operativa.
Jarrín perfila un plan conjunto para combatir las dos amenazas comunes a los tres países: narcotráfico y pesca ilegal.
Sin llegar a integrar sus flotas, la idea es la de compartir la vigilancia marítima e incluso la de poder continuar “persecuciones en caliente” sin notificar al otro país.
Fruto de esta cooperación es también el ejercicio marítimo Galapex previsto para 2020, en el que ya se han inscrito diez países, según Jarrín, que espera más adhesiones próximamente.
El ejercicio consistirá en flotas que “estén operando alrededor de las Galápagos con un efecto disuasorio contra la pesca ilegal”, y que ayude a consolidar la tan necesaria cooperación regional para abarcar la vigilancia marítima en condiciones evolutivas, porque también los narcotraficantes adaptan sus estrategias a las contramedidas que van adoptando los países de la región.
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