El Gobierno prevé que el descontento social suba y se prepara

El argumento es la pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, el precedente principal es el paro de octubre de 2019 y el Gobierno nacional no quiere que posibles nuevas manifestaciones lo tomen por sorpresa.

Y el descontento social se muestra cada vez más pese a la presencia del covid-19. Varios sectores han decidido protestar por las medidas económicas o para exigir sus derechos, aún a riesgo de contagiarse.

Además, el gobierno del presidente Lenín Moreno no tiene capital político de respaldo. A siete meses de dejar el poder, el Ejecutivo tiene pocos aliados políticos y sociales, pero le sobran reclamos, especialmente, por el pago de salarios y deudas pendientes.

Y, a todo eso se suma el hecho de que la principal funcionaria del gabinete, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, que podría sacarla del cargo. Y es precisamente ella la principal operadora del Ejecutivo.

Es así que el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional se preparan y buscan adquirir material para las operaciones de control y restablecimiento del orden público.

Los argumentos para preparar la disuasión

La Policía argumenta esa intención de compra de tanquetas antimotines, furgones, buses, como preparación frente a las medidas económicas que ha implementado el Gobierno, para intentar paliar la crisis.

Ya que, al requerir la compra de esos vehículos, el informe explica que tras la desaceleración económica mundial puede haber un "incremento de índices delincuenciales y problemáticas de orden público".

El documento indica que, con el ejemplo de octubre pasado, se observó que "la reacción social es extremadamente violenta". Por lo que el plan para la focalización de subsidios de los combustibles y recortes del gasto público podrían generar nuevas manifestaciones.

Incluso plantean un escenario con "posibles amotinamientos desde los centros de rehabilitación social", que coincide además con el año preelectoral.

Por todo este 'cóctel' de factores, "los escenarios de seguridad no son muy favorables y el Estado debe contar con una de sus principales Fuerzas de Seguridad, como es la Policía Nacional, con la dotación logística adecuada, que le permita mitigar este tipo de amenazas".

El riesgo político sube

Más allá de la pandemia de covid-19, el país ha vivido una crisis institucional en este periodo: cuatro vicepresidentes de la República, tres presidentes del Consejo de participación ciudadana, la ola de corrupción, la fragmentación y bloqueo legislativo.

Sebastián Hurtado, especialista en riesgo político, concuerda en que la suma de factores presentan un escenario complejo para el Ejecutivo. Pero afirma que, tras el paro nacional, la conflictividad social desescaló solamente por las medidas que impuso la pandemia y ahora por la cercanía de un cambio gubernamental.

Aunque también sostiene que las manifestaciones sociales, por la crisis que atraviesa el país, podrían aumentar por la reducción de las restricciones de bioseguridad. Pero, aclara que no serán protestas desestabilizadoras, ya que el cambio de Presidente de la República es inminente.

Pese a que el mismo hecho de ser un año preelectoral genera tensiones políticas y hay candidatos que llaman a la movilización, Hurtado considera que lo único que podría generar una manifestación con intenciones de sacar al Gobierno sería una medida política o económica radical, como postergar las elecciones.

Sin embargo, el cambio de periodo no implica que el descontento social desaparezca. Aunque, según el especialista, los actores políticos y sociales le darán un tiempo de prueba al sucesor de Moreno para que de sus primeros pasos. El problema es que el margen de maniobra de cualquier nuevo gobierno se verá también limitado por el contexto económico.