Voceros del Ejecutivo abren un nuevo frente contra los gobiernos locales

Con la cercanía de las elecciones 2025 y su campaña electoral, el Gobierno ha entrado en una etapa de confrontación mucho más frecuente. Además de su pugna con la Asamblea, a la que acusó de querer declararlo "loco", y sus de recientes críticas a los jueces de la Corte Constitucional, el oficialismo ha abierto un nuevo frente con los gobiernos locales.

Durante las últimas semanas, las críticas a ciertos alcaldes se han hecho más duras, mientras aumentan los cuestionamientos de estas autoridades ante la inseguridad que viven algunos cantones. La seguridad es una competencia del Gobierno Nacional, por lo que los alcaldes y prefectos han expresado su preocupación ante las cifras de crímenes y asesinatos.

A esto se le suma la molestia por los atrasos en los pagos correspondientes al Modelo de Equidad Territorial. El Gobierno está al día hasta abril de 2024 con juntas parroquiales y municipios pequeños, y hasta marzo con prefecturas.

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Estas deudas se acumulan mientras el presidente Daniel Noboa decidió vetar totalmente una reforma legal que buscaba asegurar la asignación directa y oportuna de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta reforma proponía una transferencia automática del Banco Central a los gobiernos locales en los cinco primeros días de cada mes.

Esta tensión aumenta en un escenario en el que el Gobierno casi no tiene aliados. El oficialismo no tiene ni un alcalde en funciones (ADN no existía para 2023) y el único prefecto con el que cuenta es José Daniel Villao, de Santa Elena, amigo de Noboa y que ganó su cargo por una alianza entre Revolución Ciudadana y RETO.

La inseguridad

El último episodio de enfrentamientos entre el Gobierno y alcaldes tiene como centro la inseguridad. Luis Chonillo, alcalde de Durán, y Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, han cuestionado públicamente la gestión de Noboa en cuanto a los índices de sus cantones.

Durán registraba hasta abril pasado 170 muertes violentas. Chonillo, su alcalde, trabaja bajo estrictas medidas de seguridad, e incluso cuestionó la cantidad de estados de excepción que se han declarado, sin que se haya logrado controlar la situación en su cantón.

La respuesta del secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, fue directa. En una entrevista la semana pasada, subestimó las supuestas amenazas a Chonillo y cuestionó que fuera del país que no use seguridad. "Ese no es el mismo caso nuestro, que nosotros sí estamos luchando contra las bandas de verdad. Nosotros estamos presos, no podemos ir a ningún lado", sostuvo Félix.

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Yúnez también pidió respuestas para su cantón y un aumento de los uniformados presentes en Samborondón. La respuesta, en ese caso, vino del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien respondió que la mayoría de cantones necesitan mayor intervención militar y policial.

Los recursos

El segundo tema que genera tensión entre el Ejecutivo y los gobiernos locales son los recursos.

El Gobierno mantiene constantes atrasos en los desembolsos a los gobiernos autónomos, que corresponden en gran parte a una deuda que se viene acumulando de administraciones anteriores.

La propuesta de la Asamblea para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados recibió el apoyo de la Asociación de Municipalidades (AME) y el Consejo de Gobiernos Provinciales (Congope).

Pero el veto total dejó la propuesta en pausa por un año, algo que generó tensión en la relación. La AME, el Congope y el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) "lamentaron" la decisión, pero aseguraron que seguirán trabajando.

Días después, el Ministerio de Finanzas aseguró que aumentó la asignación mensual para los gobiernos locales, aunque las deudas se mantienen. Tal es así que después de los deslaves en la provincia de Tungurahua por las torrenciales lluvias, Finanzas transfirió las cuotas que estaban pendientes a los cantones de Baños y Penipe, que sumaban USD 372.000.