La Prefectura del Guayas impuso 11 multas a las concesionarias Conorte S.A y Concegua, cuyo accionista mayoritario es el grupo Hidalgo & Hidalgo, por un monto de USD 38 millones.
En 1998, el Gobierno central le entregó a la Prefectura del Guayas 600 kilómetros de vía para que se encargara de su mantenimiento y administración.
La institución concesionó las vías para que una empresa privada se encargara de su construcción y mantenimiento.
En ese entonces, Nicolás Lapentti era Prefecto del Guayas, y concesionó las vías a dos empresas: Conorte S.A (las del eje Norte) y Concegua (las del eje Oriental).
Por estas vías circulan 140.000 vehículos cada día y de las 14 estaciones de cobro a usuarios, recaudan USD 85 millones al año.
De este monto, USD 900.000 le entregan a la Prefectura del Guayas para gestiones de supervisión y control de las vías concesionadas.
Pero hay otros ingresos adicionales a favor de las concesionarias que son parte del contrato y que le preocupan a la nueva administración de la Prefectura, dirigida por Susana González, quien asumió el cargo en junio, después de la muerte de Carlos Luis Morales.
Se trata de una “cláusula de exclusividad regulada” para que otras obras que se requieran en esas vías se contraten solo con estas dos empresas, explica el gerente de concesiones de la Prefectura, Eduardo Falquez.
En otras palabras “no hay un concurso, no podemos buscar mejores ofertas. Automáticamente deben ser realizadas por las concesionarias”, indica Falquez.
Sin embargo, esta “cláusula” está estipulada en la Ley de Modernización del Estado de 1993, que regía en ese momento. Tiene una razón técnica, explica Joffre Campaña, abogado de las concesionarias.
“Cuando se da mantenimiento a una carretera, no puede venir una tercera compañía a ampliar la vía y obligar a la concesionaria a que mantenga una vía que no construyó, porque si hubiera deficiencias técnicas ¿Quién es el responsable al final del mantenimiento? La concesionaria.”
En los 20 años que lleva la concesión, se han contratado obras como ampliaciones de vías, puentes y pasos laterales por USD 500 millones. El último contrato lo realizó el ex prefecto Jimmy Jairala por USD 109 millones.
De ese monto, la actual administración todavía debe cancelar un poco más de USD 55 millones.
Hay otro elemento que es un peso adicional a las finanzas de la Prefectura, y es el un pago por ‘subsidio’ en el peaje.
La Prefectura del Guayas ha pagado, entre las dos concesionarias, USD 18 millones de dólares por los USD 0,25 adicionales por el periodo 2013-2016.
La explicación de la Prefectura es que “esos negocios de concesiones tienen una característica, que nosotros, como concedentes, le garantizamos una tasa interna de retorno al negocio de concesión y que en el caso de Conorte es 18% y de Concegua, del 15%”.
Con la tasa de USD 1 de peaje no se llega a ese porcentaje de rentabilidad, entonces, para compensar, se lo hace con un incremento del peaje, que es a USD 1,25. La diferencia no se le cobra al usuario, sino que lo asume la Prefectura.
“No se subsidia a la concesionaria”, asegura Campaña, porque así está establecido en los contratos originales, que “contemplaron USD 1,25 por cada vehículo liviano” y que todos los prefectos, hasta ahora, han estado de acuerdo.
Las multas: 8 a 2
El 15 de septiembre de 2020, la Prefectura del Guayas comenzó a emitir multas contra las dos concesionarias por:
- Obras no ejecutadas
- Incumplimiento de disposiciones del director
- Por no entregar información completa solicitada por la autoridad.
En total son 11 multas que ascienden a USD 38 millones y que las concesionarias no han pagado. Según la defensa de las compañías, “técnicamente no existe ningún incumplimiento.”
Falquez sostiene que “la Prefectura honró estas deudas cumplidamente hasta 2019; quienes no cumplieron fueron las concesionarias, que tenían cuatro obras por entregar en diciembre de 2018 y 2019, que ni siquiera se iniciaron”.
Para la otra parte, las obras han tenido “dificultades de orden técnico”, porque por uno de los trabajos planificados pasan poliductos. “Las concesionarias solicitaron cambiarlas, pero la Prefectura tardó en responder”. Según Campaña, hasta el momento se espera también el pronunciamiento de Petroecuador para realizar el cambio.
Por eso el caso se determinará en la justicia. La defensa de las concesionarias han solicitado medidas de protección por cada multa y hasta ahora en 10 casos la justicia ha juzgado a favor de la Prefectura del Guayas en ocho ocasiones.
Todas las medidas han sido apeladas por ambas partes, por lo que el proceso pasará a la Corte Provincial del Guayas y de no resolverse en esa instancia, podrían presentar una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional.
De seguir así, este proceso podría tardar cerca de ocho meses. La Prefectura cree llevar la delantera, porque las concesionarias “han iniciado las obras que no entregaron y están haciendo el mantenimiento de las vías”, aunque eso no los exime de las multas, asegura Falquez.
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