Hospital de Pedernales: Mendoza con pena reducida y el caso se 'desinfla'

En menos de 48 horas, el caso Hospital de Pedernales pasó de tener 19 a siete procesados. Entre ellos están los exasambleístas Mendoza y Eliseo Azuero quienes, según la Fiscalía, comandaron una red de corrupción que desvió fondos que estaban destinados para la construcción del Hospital de Pedernales.

Primero, el sábado 7 de noviembre de 2020, el juez Marco Rodríguez dictó el sobreseimiento a favor cuatro procesados. La Fiscalía no encontró pruebas para acusarlos.

Y, el lunes 9 de noviembre, el mismo magistrado aceptó el pedido de la Fiscalía y sentenció a ocho personas con penas reducidas después de que se acogieron al procedimiento abreviado.

Es decir, en la audiencia preparatoria de juicio, que se instalará este martes 10 de noviembre, la justicia solo definirá quienes de los siete restantes irán a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada.

Beneficios

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las penas por delincuencia organizada pueden llegar hasta siete y 10 años, dependiendo del grado de participación. Pero, quienes se acogieron al procedimiento abreviado, tuvieron rebajas considerables.

• Daniel Mendoza tuvo una rebaja del 58% con relación a la máxima pena.
• Cobeña, Andrade y Santos recibieron una reducción del 52%.
• A Tamayo, Benavides, Calderón y Véliz se les dio una rebaja del 60%.

Pero, el menor tiempo de cárcel abre el espacio para que a futuro los sentenciados se acojan a la denominada prelibertad, que se puede solicitar con el 60% del cumplimiento de la pena.

Mendoza, por ejemplo, está preso desde el 5 de junio de 2020. Hasta ahora ya ha cumplido el 10% de su sentencia. Es decir, podrá solicitar su prelibertad a mediados de diciembre de 2022.

Benavides, quien fue detenido con anterioridad y recibió una sentencia menor, ya ha cumplido el 17% de su pena y podrá pedir su prelibertad en enero de 2022.

Caso desinflado

Luego del procedimiento abreviado y el sobreseimiento de 12 procesados, solo siete personas continúan en el caso para un eventual juicio.

• Eliseo Azuero, exasambleísta.
• Jorge Jalil, exsubdirector del Secob
• José Párraga, efectivizador de cheques de la organización.
• Miguel Ganchozo, efectivizador de cheques de la organización.
• Pablo Cruz, exservidor del Secob.
• Danny Calderón, exfuncionario del Secob. Danilo Véliz, accionista del Consorcio Pedernales – Manabí.

De ellos, solo Azuero y Jalil tuvieron roles determinantes en la organización delictiva, según la teoría del caso de la Fiscalía General.

Sin embargo, justamente los dos son prófugos de la justicia y, en caso de que el juez acoja la acusación y los llame a juicio, tendrán que ser juzgados en ausencia y no habrá garantía de que cumplan una eventual pena.

Las pruebas

Aunque, con la aceptación del procedimiento abreviado, los ocho procesados aceptaron tácitamente el cometimiento del delito de delincuencia organizada, la Fiscalía igual tuvo que presentar las pruebas que tenía en su contra.

Según las investigaciones, entre 2019 y 2020 -en Pichincha y Manabí- funcionó una estructura organizada, conformada por los procesados. Ellos tenían influencia directa en los procesos de contratación del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Esta estructura, dijo la fiscal Salazar, se encontraba jerarquizada y organizada a través de la distribución de roles. Por ejemplo, quien gestionaban cargos, era Daniel Mendoza, quien aprovechaba su cargo de asambleísta. Y a quienes nombraban, a su vez, realizaban actividades complementarias para la red.

Integrantes de esta estructura de delincuencia adjudicaron al Consorcio Pedernales - Manabí, la construcción del Hospital de Pedernales. Incluso, mencionó la Fiscal, existen observaciones de la Contraloría en ese proceso de contratación.

La Fiscalía presentó cerca de 20 elementos probatorios en contra de los ocho procesados, quienes se acogieron al procedimiento abreviado.

Entre estos resaltaron, los partes policiales de los allanamientos y detenciones del caso, las versiones de los implicados, el peritaje a las llamadas telefónicas interceptadas, los chats de los teléfonos, entre otras.

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