Hospitales, gobiernos locales y ministerios auditados por la Contraloría

La entidad de control precisó que están en ejecución 52 exámenes especiales. De ellos, 25 corresponden a hospitales de la red pública y del IESS.

Las contrataciones hechas por las entidades públicas hechas durante la emergencia sanitaria vigente en el país, desde el 11 de marzo, están bajo vigilancia de la Contraloría.

En este lapso, la entidad de control ha iniciado auditorías en gobiernos locales, empresas públicas, en la Secretaría de Riesgos -que hoy cambió de titular, tras la renuncia de Alexandra Ocles-, el Registro Civil, el Ministerio de Salud así como en los Hospitales y las dependencia del IESS y el ISSPOL:

De ellos, la mayoría de los exámenes corresponde a las contrataciones hechas por los hospitales del ministerio y del IESS, en los que se han denunciado presuntos actos de corrupción, por ejemplo, para la adquisición de insumos como mascarillas e incluso en la compra de fundas para cadáveres.

Estos hospitales están en ocho provincias:

¿Qué investiga la Contraloría?

La Contraloría, en un comunicado, detalló que las auditorías contemplan, por ejemplo:

Adquisición de kits de alimentos en la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Compra de bolsas para embalaje de cadáveres en los hospitales Los Ceibos, Guasmo Sur y en el hospital docente de la Policía.
Adquisición y mantenimiento de ventiladores mecánicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Adquisición de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para solventar la emergencia sanitaria, en varios hospitales, GAD cantonales, provinciales y empresas públicas.
Registro e inscripción de defunciones efectuadas a causa de la emergencia sanitaria.
Servicios de fortalecimiento de la imagen institucional en el IESS.
Construcción de canchas y puentes en el GAD provincial de Los Ríos.
Compra de vehículos en el cantón Pastaza y en el municipio de Quevedo.

Resultados hasta la fecha

Según la Contraloría, en el periodo junio 2017 hasta 2020, sus acciones de control han derivado en sanciones (civiles y administrativas) por USD 269 millones, en contra de los funcionarios involucrados en procesos de contratación en los cuales la entidad halló irregularidades.

Así mismo, en este periodo la Contraloría he enviado a la Fiscalía General de Estado, 25 informes con indicios de responsabilidad penal para que se investigue, además, el cometimiento de un posible delito:

Ministerio de Salud Pública: 6
IESS: 19

El último informe con posible indicio de responsabilidad penal fue el emitido, el 6 de abril, por la adquisición irregular de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección en el Seguro Social.

Ese documentos dice, entre otras cosas, que:

El ex Director General declaró en emergencia a las dependencias de salud del IESS, aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo.
Suscribió una orden de compra por USD 9,4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto
El IESS adjudicó el proceso a la empresa Almantop S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas. Esta empresa fue constituida en el año 2000 con USD 800, manteniéndose inactiva hasta el 19 de septiembre de 2019.
Se observó que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas: Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400 %; en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100 %; en guantes de látex mediano del 253 % y en guantes de látex talla grande el 81%. Las pantallas faciales (protectores oculares) tienen un precio en el mercado de USD 0.23 pero fueron cotizados por USD 21,53, un aumento de 9.259 %.
Se constató que los valores que constan en las certificaciones presupuestarias se ajustaron al costo de la proforma de Almantop S. A.

En estos hechos estarían vinculados el ex Director General del IESS, la ex Directora Nacional de Servicios Corporativos y la ex Subdirectora Nacional de Contratación Pública, entre otros funcionarios que han sido señalados en el informe de la Contraloría.