El último fallo del caso que investiga a la presunta red de corrupción por la compra de medicamentos en los hospitales del IESS en Guayas es del 27 de agosto del 2020.
En este caso se investiga el delito de asociación ilícita que involucra a 15 personas, entre ellos los hermanos Salcedo y a tres de los hermanos Bucaram Pulley y a Gabriela Pazmiño.
En el documento la jueza Gianella Noritz establece que “en atención al oficio presentado por la fiscal Claudia Romero dispongo que se considere como presunta víctima a Ricardo Ron, director en Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”.
¿Qué significa esta nueva medida judicial?
José Luis Torres, procurador síndico de la universidad Ecotec, explica que la decisión abre la posibilidad para futuras indemnizaciones a favor del Estado, a través del IESS.
Pero esos cobros solo pueden hacerse efectivos cuando la sentencia está ejecutoriada y no implica que Ron sea parte del proceso. "Será el juez quien determine los grados de responsabilidad de los acusados y cuánto debe pagar cada uno como reparación al Estado", señala el jurista.
Actualmente el caso está en instrucción fiscal, es decir que la Fiscalía tiene que emitir su dictamen abstentivo y acusatorio contra cada uno de los 15 señalados.
La jueza Noritz invoca el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal para tomar su decisión. Ese numeral estipula quiénes se pueden considerar víctimas de un delito.
En su texto la jueza Noritz invoca tres causales, de las ocho posibles:
- Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.
- El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una infracción.
- Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.
El caso de asociación ilícita se genera en una presunta red de corrupción que vendió insumos médicos con sobreprecio a los hospitales del IESS de Guayaquil.
En total hay 15 involucrados, entre ellos el exasambleísta 'Dalo' Bucaram, su esposa Gabriela Pazmiño y sus hermanos Michel y Jacobo Bucaram. También constan los hermanos Daniel y Noé Salcedo.
Ellos tienen distintos estatus frente a la justicia como prisión preventiva, la obligación de presentarse ante la corte o están prófugos.
Caso de asociación ilícita
Caso de asociación ilícita
Declaratoria servirá para fijar fianzas
Ron desconoce de su declaratoria como presunta víctima. En este proceso la actuación del IESS en Guayas se limita, por el momento, a la colaboración en las indagaciones.
“La Fiscalía inició la investigación de oficio y nosotros al ver la noticia sobre un supuesto perjuicio se tomó la decisión de comparecer en el proceso”, dijo el funcionario.
“Lo que me ha informado el procurador judicial, es que en ese caso particular no está involucrado el IESS Guayas”, añadió Ron.
La fiscal a cargo de caso, Claudia Romero, asegura que el IESS sí presentó un escrito para ser considerado víctima.
Romero coincide en que la declaratoria de víctima abre la posibilidad de futuras compensaciones al Estado. Pero hay algo más cercano: establecer un perjuicio económico sirve para fijar fianzas.
"El abogado de Jacobo Bucaram planteó como fianza USD 1.500", cuestiona Romero. Para el 14 de septiembre de 2020 está prevista una audiencia en la que los hermanos Bucaram quieren dejar sin efecto la prisión preventiva a cambio de una fianza.
Romero dice que aún es muy pronto para establecer un monto de indemnización pero considera que será alto porque no solo tomará en cuenta el sobreprecio de los insumos médicos, sino también la vidas que se perdieron en la pandemia.
El director provincial del IESS en Guayas, Ricardo Ron (centro), el pasado 7 de agosto de 2020. Cortesía IESS Guayas
Defensa de los Bucaram rechaza de declaratoria
Ricardo Onofa, abogado de 'Dalo' y Michel Bucaram; y Gabriela Pazmiño, califica la acción de la fiscalía como una “argucia legal para inducir al error a la administración de justicia”.
El jurista indicó que “la Fiscalía, en su desesperación (...) está buscando a como dé lugar un perjudicado que no existe porque para eso tendría que haber una contratación dentro de la asociación ilícita”.
Onofa expresó que quien defiende los intereses y representa al Estado es la Procuraduría, pero no se incluye a esta entidad en el proceso.
Antecedente de Odebrecht
El exvicepresidente Jorge Glas durante el juicio por el caso de asociación ilícita en 2017. API
Un caso por asociación ilícita donde la Procuraduría del Estado sí actuó como víctima fue el de Odebrecht.
Allí se evidenció una trama de sobornos de la constructora brasileña para conseguir contratos con el Estado en el gobierno de Rafael Correa. La sentencia, que ya está ejecutoriada, contempla una reparación al Estado ecuatoriano por USD 33 millones.
Por este caso el exvicepresidente Jorge Glas recibió una condena de seis años de prisión que cumple en la cárcel de Latacunga.
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