Los vacíos que rondan el juicio político contra el presidente Lasso

La Comisión de Fiscalización sesionará este sábado 6 de mayo para debatir e intentar aprobar el informe sobre el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El borrador del documento concluye que no hay las causales para que el proceso avance y llegue al Pleno de la Asamblea.

Lo que pase en esa sesión es por ahora previsible: que no haya los votos para aprobar dicho informe borrador. La Comisión de Fiscalización se ha mostrado dividida en dos "bandos" a lo largo del proceso:

• El oficialista: integrado por los tres legisladores de la BAN y el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio.
• El de la oposición, integrado por los tres asambleístas correístas, uno del Partido Social Cristiano (PSC) y el independiente Bruno Segovia.

Si no hay los votos, como de momento ya se prevé, el escenario es complejo, pues la Ley de la Función Legislativa no establece qué hacer en ese caso. El vacío ha generado, por lo tanto, interpretaciones desde ambos bandos, e incluso un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

Pero al final, más allá de lo que los asambleístas digan, gran parte de la decisión está en manos de Villavicencio, por ser el presidente de la Comisión de Fiscalización. Es él quien tiene el poder de notificar al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

El criterio de la Procuraduría

La tarde de este 5 de mayo de 2023, la Procuraduría General del Estado remitió un pronunciamiento ante una consulta de la Presidencia sobre el proceso de juicio político. Éste aclara un poco el panorama lleno de vacíos.

El pronunciamiento, en primer lugar, ratifica que son los asesores de la Comisión quienes deben escribir el borrador de informe. Esta consulta se da después de que los asambleístas de la oposición cuestionaran que los asesores estaban haciendo este trabajo.

En segundo lugar, la Procuraduría asegura que, del proceso de fiscalización al Presidente, sólo puede salir un informe, que recomiende o no el juicio político en el Pleno; este debe detallar la resolución y la votación. Lo que sí puede haber es un anexo con el "detalle de las posiciones de los asambleístas".

La Procuraduría además descarta la posibilidad de un informe de minoría, pues no está contemplado en la Ley de la Función Legislativa.

Sin embargo, el pronunciamiento aún deja un vacío: ¿qué pasa si no hay los votos para aprobar el informe borrador elaborado por los asesores?

Los pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes, por lo que la Comisión de Fiscalización deberá respetar lo dicho en el documento.

Oficialismo: no es necesario aprobar el informe

La posición de los asambleístas del oficialismo es que el informe de la Comisión de Fiscalización puede pasar a manos del Pleno, tenga o no tenga los votos. El asambleísta Pedro Velasco (BAN) aseguró que la Ley no habla de que el informe necesite haber sido aprobado para pasar al Pleno.

Es más, la Ley de la Función Legislativa ni siquiera habla de qué pasa en el caso de que el informe no recomiende el enjuiciamiento político al Presidente. Sólo dice que el informe debe recomendar o no el juicio político, y sigue con el trámite en el Pleno.

Esta es la posición que también toma Villavicencio. Según dijo, él enviará a Saquicela su informe con o sin la aprobación, porque el análisis de la Comisión es que no hay pruebas para sostener el peculado.

"Aquí no se va a hacer nada que no esté escrito. La Ley de la Función Legislativa dice que vencido el plazo de prueba, la Comisión remitirá al presidente de la Asamblea, en 10 días, un informe motivado. Y no dice nada más"

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización

En este caso, lo que pase más adelante en el Pleno todavía queda en la duda, pues la Ley no contempla esta posibilidad. Según Villavicencio, podrían debatir e incluso cambiar el informe, pero esta decisión será de Saquicela y el Pleno de la Asamblea.

La oposición pide consulta jurídica

Del lado de la oposición, en cambio, todavía se analizan posibilidades. Por esta razón, según adelantó en días pasados el coordinador del PSC, Esteban Torres, han pedido un criterio jurídico al Procurador de la Asamblea.

Su consulta es si será posible que haya un informe de minoría o un informe de posiciones, dos opciones previstas en la Ley de la Función Legislativa. Ninguna de estas opciones está mencionada en los artículos relacionados con el juicio político.

Sin embargo, el pronunciamiento de la Procuraduría ya zanja gran parte de este problema. Lo que queda en duda, ahora, es qué hará el Pleno con el informe sin aprobar que Villavicencio notifique.

Los plazos del juicio político

Suceda lo que suceda en Fiscalización este sábado, la Comisión sólo tiene hasta ese día para notificar al presidente de la Asamblea con el informe.

Entonces, Saquicela tendrá máximo tres días para difundir el informe entre los 137 asambleístas; esto sería, hasta el martes 9 de mayo.

Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe (hasta el jueves 11), el presidente de la Asamblea Nacional tiene cinco días para convocar al Pleno e incorporar el proceso de juicio político en el orden del día. Es decir, que convocar al Pleno hasta martes 16 de mayo.

Las convocatorias se hacen con 48 horas de anticipación, por lo tanto, el juicio político contra el presidente Lasso sería alrededor del 18 de mayo.

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