Las medidas fueron solicitadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para detener el juicio político que la Asamblea Nacional lleva en su contra. El sacerdote argumentó que el proceso representa una amenaza grave, inminente e irreversible contra sus derechos.
Nota actualizada a las 16:46 con las declaraciones de José Tuárez.
Las medidas cautelares solicitadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, para frenar el juicio político en su contra en la Asamblea fueron negadas.
Así lo decidió la jueza de Ibarra, María de las Mercedes Cuastumal Guaranguay, ciudad en la que se presentó la acción.
La audiencia se instaló a las 10:30 en el Complejo Judicial de Ibarra. Tuárez no habló, lo hizo su abogado, quien señaló que el juicio político se centra en acciones del sacerdote antes de que ejerciera el cargo de presidente del Consejo de Participación.
Según explicó el abogado en la audiencia, la Comisión de Participación solicitó que compareciera para defenderse de supuestos delitos que se habían denunciado públicamente, pero nunca se le entregaron copias de tales denuncias.
Esto dejó a Tuárez en la indefensión, según dijo. Además, sostuvo que su postulación como candidato al organismo se hizo antes de su posesión, por lo que no podía ser fiscalizado.
Francis Abad, abogado que acudió en representación del presidente de la Asamblea, César Litardo, sostuvo que esta petición ante la justicia era un intento de Tuárez de blindarse ante el proceso de fiscalización que ha iniciado la Asamblea Nacional.
Puntualizó que el juicio se emprende por la arrogación de funciones del Pleno del Consejo de Participación, que con cuatro votos (incluido el de Tuárez) aprobó la creación de una comisión que revisaría el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional.
La defensa de la Asamblea Nacional también mostró el video de la comparecencia de Tuárez a la Comisión de Participación Ciudadana. Dijo que fue un “desplante” el que no haya respondido a las preguntas de los legisladores, pues éstos pueden requerir información a cualquier funcionario público.
La diligencia duró casi tres horas. Al terminar los argumentos, la jueza María de las Mercedes Cuastumal Guaranguay negó las medidas cautelares por no haberse demostrado la posible vulneración de los derechos de Tuárez.
El presidente del Consejo de Participación salió por la puerta de atrás del Complejo Judicial, sin dar declaraciones a la prensa. Posteriormente realizó un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter.
Tuárez solicitó las medidas cautelares en Ibarra el pasado 19 de julio del 2019, bajo el argumento de que el proceso de fiscalización del Legislativo constituye una amenaza “grave, inminente e irreversible” contra sus derechos.
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