Lasso indulta a presos por robo, hurto, estafa y abuso de confianza

Durante la presentación de la Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social, el presidente Guillermo Lasso firmó un nuevo decreto ejecutivo encaminado a reducir el hacinamiento carcelario.

Actualmente, las cárceles tienen 34.821 presos aunque la capacidad máxima instalada de las prisiones es de 30.169 plazas.

Para seguir reduciendo esta sobrepoblación, el Primer Mandatario concedió el indulto a los detenidos que cumplan estos requisitos:

Quienes tenga sentencia ejecutoriada por robo, hurto, estafa y abuso de confianza.
Que hayan cumplido el 40% de la pena, para los sentenciados con el Código Penal anterior; y el 60% para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
No tener otras sentencias.
Que no tengan proceso penales o investigaciones previas en curso.
No haber sido sancionados por la comisión de faltas el interior de las cárceles.

Este es el tercer decreto que Lasso firma desde que empezó su administración. Antes indultó a personas detenidas que padezcan enfermedades terminales y a quienes fueron encarcelados por ciertas faltas asociadas de accidentes de tránsito.

La falta de rehabilitación es el problema

El presidente Lasso, en su intervención durante la presentación de la Política Pública para el Sistema de Rehabilitación Social, insistió en que su Gobierno encontró un sistema penitenciario con graves problemas. Entre los principales están:

Violencia interna.
Hacinamiento.
Mínima posibilidad de rehabilitarse en las 36 cárceles.

Para Lasso, este último es el problema más complicado. Por eso se explica, dijo, que hay personas con hasta 10 detenciones: al ser detenidos no se han rehabilitado, sino que sus conductas ilegales se han intensificado.

Sobre el decreto ejecutivo, explicó que está dirigido a reducir los trámites burocráticos y liberar a los presos que ya pueden aplicar a la prelibertad, pero que siguen detenidos por problemas con los trámites administrativos.

Según Lasso, el 45% de los detenidos tienen familia e hijos y el 43% tienen entre 18 y 30 años. Por eso el Gobierno plantea solucionar la crisis penitenciaria enfocándose en rehabilitación de los presos para que luego de cumplir su condena pueden reinsertarse en la sociedad.

La nueva política pública

Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), fue el encargado de presentar, de manera general, la nueva política pública de rehabilitación social.

El funcionario dijo que el objetivo de este nuevo lineamiento es que contrarreste, anticipe y prevenga situaciones de riesgo en las prisiones.

El primer eje de la política es el fortalecimiento de la institucionalidad del SNAI, con reformas legislativas. Además, dijo Ramírez, ya se han aprobado manuales, protocolos y un código de ética para los funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Otro eje está encaminado a la reducción del hacinamiento. El primer paso es el nuevo decreto. Pero también se lanzará el proyecto Renacer, que se enfoca en la concesión progresiva de beneficios penitenciarios.